martes 17 de noviembre de 2026

Pueblos indígenas y originarios

Anteproyecto del Código Minero busca limitar el control territorial de pueblos indígenas y establece intervención policial ante bloqueos o denuncias

El Amparo Administrativo Minero es una garantía de seguridad jurídica que se hace efectiva mediante la protección inmediata del ejercicio de los derechos mineros legalmente constituidos frente a actos o hechos como invasiones, bloqueos, obstrucción de caminos o accesos a los parajes y perturbaciones de hecho, entre otros.
Operaciones mineras en inmediaciones del río Solacama, a la altura del puente del mismo nombre, en la comunidad de Irupana, municipio de Chulumani. Foto: AJAM
Operaciones mineras en inmediaciones del río Solacama, a la altura del puente del mismo nombre, en la comunidad de Irupana, municipio de Chulumani. Foto: AJAM

El anteproyecto del nuevo Código Minero busca neutralizar el control territorial de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, al prohibirles exigir compensaciones económicas directas o invocar su libre determinación para frenar arbitrariamente el ejercicio de derechos mineros, cuyas operaciones no se detendrán por denuncias y serán protegidas con la intervención policial inmediata ante bloqueos o denuncias.

El documento, que se encontraba en proceso de socialización, establece en sus artículos 8, 9, 32 y 33 diferencias entre la propiedad del suelo y del subsuelo; limita la participación de los pueblos indígenas y campesinos en la regalía minera proveniente de la explotación de recursos minerales; y brinda seguridad y protección jurídica a los derechos mineros, así como protección administrativa inmediata a favor de sus titulares.

De acuerdo con el Capítulo II, Coexistencia de Derechos y Relacionamiento Minero, el artículo 8, referido a la Diferencia y Coexistencia de Derechos, en su parágrafo I establece que el derecho minero otorgado o reconocido por el Estado es de naturaleza distinta e independiente del derecho propietario, posesorio o de uso sobre el suelo. Su otorgación no confiere propiedad ni posesión sobre la superficie.

En el parágrafo II define que el derecho propietario, posesorio o de uso sobre el suelo no otorga titularidad, participación ni facultad de disposición sobre los recursos minerales, ni atribuye derecho a intervenir en la administración, operación o beneficios de la actividad minera, salvo lo expresamente previsto por la Constitución Política del Estado y el presente Código.

“El ejercicio de derechos sobre el suelo no podrá ser invocado para desconocer, condicionar, suspender o impedir arbitrariamente el ejercicio de derechos mineros legalmente constituidos. Tampoco podrá dar lugar a cobros, participaciones o exigencias económicas no establecidos por ley o por acuerdo voluntariamente celebrado”, señala el acápite III.

El titular del derecho minero deberá obtener el derecho de acceso, uso o aprovechamiento de la superficie conforme al presente Código, mediante acuerdo con su titular o, en su defecto, a través de los procedimientos legales correspondientes, con respeto de los derechos legítimamente constituidos y el pago de las compensaciones que correspondan, sostiene el acápite IV.

El artículo 9 se refiere a la Participación de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos. En su acápite I establece que las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho a la participación en la regalía minera proveniente de la explotación de recursos minerales en sus territorios, conforme a la Constitución Política del Estado y al régimen de distribución previsto en el presente Código.

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El parágrafo II precisa que la participación “no genera obligaciones económicas directas para el actor productivo minero distintas de las establecidas expresamente por este Código o por contrato, ni implica intervención en el ejercicio de la titularidad del derecho minero por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, ni en las decisiones operativas del proyecto minero”.

Respecto al ejercicio de la libre determinación de las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, se realizará en el marco de la Constitución Política del Estado y la normativa vigente, y no otorga autorización para ejercer condicionamientos sobre derechos mineros y actividades mineras legalmente constituidas ni sobre su continuidad, sostiene el acápite III.

En cuanto a las demandas o acuerdos económicos ajenos al régimen previsto en el presente Código, “no serán exigibles al actor productivo minero ni podrán condicionar, suspender o impedir el ejercicio de derechos mineros”, precisa el acápite IV.

En el Capítulo III, de Seguridad y Protección de los Derechos Mineros, el artículo 32 habla de la Seguridad y Protección Jurídica y, en el acápite I, sostiene que los derechos mineros, según la modalidad bajo la cual hubieran sido otorgados o reconocidos, “no podrán ser suspendidos, revocados, resueltos, anulados ni extinguidos sino por las causales expresamente previstas por ley, mediante resolución expresa y motivada, previo procedimiento y con pleno respeto del debido proceso y el derecho a la defensa”.

Establece que ninguna autoridad podrá disponer arbitrariamente la paralización, restricción o desconocimiento de un derecho minero. Toda medida administrativa que afecte su ejercicio deberá provenir de autoridad competente, encontrarse expresamente habilitada por ley y señalar los fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan, señala el parágrafo II.

En cuanto a la presentación de denuncias, oposiciones, reclamaciones o controversias de terceros, el parágrafo III dispone que no suspenderá por sí misma el ejercicio del derecho minero, salvo que la autoridad competente disponga expresamente una medida de suspensión, según el caso y conforme a los procedimientos establecidos por el presente Código.

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El acápite IV dice que las resoluciones que protejan el ejercicio de un derecho minero serán de cumplimiento obligatorio e inmediato. La autoridad competente adoptará las medidas necesarias y oportunas para su ejecución y podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, conforme al procedimiento establecido en el presente Código, sin perjuicio de las responsabilidades por incumplimiento.

El artículo 33, de Amparo Administrativo, establece en el acápite I que el amparo administrativo minero es una garantía de seguridad jurídica que se hace efectiva mediante la protección administrativa inmediata del ejercicio de los derechos mineros legalmente constituidos y vigentes, a favor de sus titulares o de los operadores legales de la actividad minera, frente a actos o hechos, invasión, bloqueo, obstrucción de caminos o accesos a los parajes, perturbación de hecho u otros actos similares que, de cualquier modo, afecten, alteren o perjudiquen el normal y pacífico desarrollo de sus labores y actividades, sea que se trate de personas individuales o colectivas.

Tiene por objeto hacer cesar dichos actos y restituir a los afectados en el ejercicio pacífico de sus derechos, protegiendo sus áreas mineras, parajes, lugares de trabajo, instalaciones, campamentos, maquinaria y producción.

El parágrafo II dispone que el director departamental o regional competente de la Agencia Nacional de Seguridad y Protección Minera (Agepromin) amparará administrativamente, con el auxilio de la fuerza pública requerida al Comando Departamental de Policía y de otras medidas efectivas de protección que fueran necesarias, conforme al procedimiento establecido en el presente Código. Podrá convocar a las instituciones y autoridades competentes para hacer efectiva la restitución.

El artículo 178, referido a la Agepromin, en su parágrafo I define que esa entidad pública estará bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia; tendrá alcance nacional y tendrá por finalidad conocer y resolver, en sede administrativa, las controversias y solicitudes de tutela relacionadas con el ejercicio, protección, delimitación, coexistencia y afectación de derechos mineros y de los derechos accesorios vinculados a su ejercicio, así como la coordinación y articulación de las acciones y medidas contra la minería ilegal, con las autoridades competentes.

El artículo 184, Policía Minera, dispone que la Policía Boliviana contará con una unidad especializada de Policía Minera, adscrita en apoyo permanente a la Agepromin para la protección del ejercicio de los derechos mineros, la ejecución de sus resoluciones y la intervención contra la minería ilegal, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

La unidad especializada de Policía Minera deberá planificar y ejecutar, en coordinación con la Agepromin, operaciones policiales de prevención e intervención contra la minería ilegal, conforme a sus competencias; y prestar el auxilio de la fuerza pública para la ejecución de las resoluciones de la Agepromin sobre protección minera, restitución del ejercicio de derechos mineros y suspensión de actividades ilegales, dentro del alcance de lo legalmente dispuesto.

Además, deberá realizar actuaciones de investigación de delitos mineros bajo dirección funcional del Ministerio Público y ejecutar los requerimientos fiscales y las órdenes judiciales correspondientes, conforme a la legislación procesal penal vigente. También deberá resguardar la integridad del personal técnico, jurídico y fiscal durante las inspecciones, intervenciones y ejecución de medidas de protección minera.