“Así no más es aquí”
Corría el año de 1848 cuando México y Estados Unidos decidieron gravar el comercio que tenía lugar a través del Río Grande. Los comerciantes de ambos países consideraron esta medida arbitraría, lo que ocasionó que el contrabando –de todo tipo de productos–termine desbordado. La demanda que tenían los pobladores de ambos países sobre las mercancías generaron que éste ilícito termine por naturalizarse. Habrían de pasar décadas para que finalmente con el estallido de la Revolución mexicana se endurezcan los controles y se ponga freno a una actividad que socialmente se había normalizado, gozando del beneplácito de ciertas autoridades que encontraron en la práctica una herramienta para disfrutar privilegios que antes resultaban desconocidos.
Con el correr de los tiempos el contrabando terminó por institucionalizarse, dejando de ser una excepción para convertirse en la regla, pasó a tener redes, códigos, complicidades y una dinámica de funcionamiento organizada, incluyendo a miembros de las élites políticas y funcionarios públicos encargados de hacer cumplir las normas. Un fenómeno derivado de las restricciones comerciales que hicieron difícil obtener mercancías, vender productos y mantener el abastecimiento. Frente a la escasez y aislamiento, la ilegalidad comenzó a buscar caminos de acceso que se extendieron ampliamente hacia la sociedad civil.
Dentro del ejemplo particular, la ilegalidad no resultaba ser invisible porque estuviera oculta, por el contrario, esta práctica habitual estaba integrada en la cotidianidad de la sociedad. Las personas sabían que era ilegal, pero decidían tolerarla al grado de considerarla necesaria o incluso legítima frente a la escasez, desabastecimiento, impuestos injustos y restricciones aparentemente ilegítimas, definiendo de forma abstracta lo que era bueno y apelando subyacentemente a la costumbre como criterio de conducta aceptable por encima de la ley.
Existen diferentes episodios históricos en los que el desacato no resulta necesariamente inmoral así, como la categoría de ley no significa “per se” que es buena del todo, como por ejemplo las leyes racistas, autoritarias, impositivas, entre muchas otras. En este caso lo que habrá de valorarse es el contenido de la ley, a partir de aquello podrá medirse las consecuencias que responden de acuerdo a un mecanismo socialmente aceptado marcado por la repetición, la aceptación social y la ausencia de sanción ante la infracción.
En muchos países estás prácticas de ilegalidad masiva no responden necesariamente a una conducta caótica, disturbios o rebelión, a menudo se presentan como un orden alternativo aceptado en los que la gente sigue reglas, establece acuerdos y organiza intercambios fuera del marco de la ley. En la práctica se tratan de actividades discretas y cotidianas, que forman parte del sistema social que mueve la economía, plasmándose en actividades habitualmente toleradas y naturalizadas que dejan de ser vistas como ilegales.
La debilidad del Estado se ve reflejado en sus instituciones, derivado de aquello, se redactan leyes que no responden a las necesidades reales de las personas de las que se ignora completamente la realidad económica, social, cultural, etc., abriendo brechas entre lo legal y lo socialmente aceptable. Desde hace unas cuantas semanas vengo observando una actividad casi imperceptible y que después de analizarla arroja datos bien reveladores.
La comercialización de autos de segunda mano que se realiza en Bolivia, muestra un incremento significativo en la proliferación de autos “chutos”, sin papeles, clonados, sin placas, sin registro y se ofrecen de forma indiscriminada a través de redes sociales. Lo increíble en todo esto, es que la transacción comercial se hace a través de un “documento privado” entre las partes, bajo el argumento superfluo de: “así no más es aquí”, saltándose los controles de las “autoridades” que no hacen nada por frenar el ilícito que puede terminar abriéndole paso a la violencia, la afectación a terceros, el engaño, la estafa, la extorsión, incluso la penetración de organizaciones criminales dentro de una actividad que la sociedad civil ha naturalizado.
Naturalizar lo ilegal termina creando mercados paralelos que en su origen parecen inofensivos, tomando un rostro de pequeñas redes de subsistencia o comercio informal que, tras el paso del tiempo termina por abrir rutas amplificadas por contactos, códigos, mecanismos de evasión y corrupción institucionalizada que son absorbidos por grupos del crimen organizado, tejiendo redes y expandiendo sus actividades hacia otros ámbitos con el consiguiente incremento de la inseguridad.
Es posible que la aceptación social a los actos injustos que emanan del Estado se vean reflejados en una ilegalidad tolerada, debiendo tomarse en cuenta que esta práctica terminará convirtiéndose en un peligro siempre que deje de presentarse como una respuesta específica y se convierta en una estructura permanente y el “modus vivendi” de quienes la llevan adelante. En ese momento la comunidad deja de controlar y comienza a depender de redes que son las que se benefician económicamente, haciendo que impere la corrupción y el miedo.
Una sociedad no puede albergar esperanza en la justicia si tolera y normaliza el daño y la afectación de sus pares. Una sociedad, puede reconocer que una ley es imperfecta, exigir su reforma por las vías legítimas que deben ser escuchadas por el Estado, sin admitir bajo ningún concepto que las necesidades personales se consigan imponiendo riesgos, pérdidas, daños o afectación a terceros. La verdadera solución para vivir en paz y armonía, no pasa por la elaboración de más leyes, más controles o prohibiciones, pasa fundamentalmente por la capacidad y la voluntad que demuestren todos sus miembros para escuchar, reflexionar, tolerar y respetarse mutuamente.
“Estamos acostumbrados a ver al poderoso como si se tratara de un gigante, sólo, porque nos empeñamos en mirarlo de rodillas y ya va siendo hora, de ponerse de pie”.