Según Herbas, la sentencia contra Epsas generaría una "virtual quiebra técnica" de la empresa

El pago por el juicio laboral ganado por 401 trabajadores de Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A (Epsas), podría generar la quiebra técnica de la institución, debido a que, se estima que el monto a cancelar alcanza a los 114 millones de bolivianos, de acuerdo al cálculo hecho por el investigador y consultor en temas de agua y saneamiento, José María Herbas.

“Si aplicamos un cálculo sustentado en la actual normativa (Ley General del Trabajo), se debe restituir a los trabajadores un bono de antigüedad que sale en base a un cálculo de seis salarios básicos, señalado en la sentencia ejecutoriada, entonces hablamos de un porcentaje del 26% (sobre la cantidad de años de trabajo) y si lo multiplicamos por 401 trabajadores que ganaron este proceso, hablamos de un monto que sobrepasa los 114 millones de bolivianos, aproximadamente”, afirmó Herbas, quien también es extrabajador de Epsas.

El ahora consultor detalló que, la estimación se hizo tomando como parámetro un promedio del salario global y una antigüedad de 14 años, entre los 401 servidores que serán beneficiados. Sin embargo, se conoce que varios de los que ganaron el juicio laboral tienen hasta 30 años de antigüedad.

Visión 360 publicó una nota en relación a la sentencia ejecutoriada sobre un proceso laboral ganado por 401 afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Agua y Saneamiento de La Paz (Sutas), que iniciaron el litigio en 2016. Esa gestión, el interventor de Epsas, nombrado desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) a través de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), era Humberto Claure, actual presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

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De acuerdo a los antecedentes, los trabajadores de Epsas lograron homologar un acuerdo laboral que establecía que, además del salario que cobraban los mismos tenían al derecho del pago de un bono de antigüedad, cada mes, cifra calculada sobre nueve salarios mínimos. Claure desconoció el derecho reconocido en esos acuerdos basados en la Ley General del Trabajo y dsiminuyó la cifra para que el cáculo se haga solo sobre tres salarios mínimos.

Ante esto, los 401 trabajadores del Sutas presentaron la demanda laboral y luego de ocho años ganaron el litigio. El 29 de enero de este año, la jueza de Partido de Trabajo y Seguro Social 5to de La Paz, Claudia Contreras, notificó a Epsas y al sindicato con la sentencia ejecutoria y solicitó las planillas para hacer el recuento oficial y disponer el monto real de la deuda.

En ese sentido, Herbas explicó que el riesgo de la quiebra técnica se debe a que los ingresos anuales de Epsas son de 344 millones de bolivianos, aproximadamente, lo que representa que un tercio de sus recursos se irán al pago de esta deuda, lo que afectaría el normal funcionamiento de la empresa intervenida, que brinda servicio de agua y mantenimiento del alcantarillado a ocho municipios del departamento de La Paz, con más de 500 mil conexiones.

También se debe mencionar que, al margen del pago de la deuda, la sentencia contra Epsas establece que de ahora en adelante se debe regularizar el pago de los nueve bonos de antigüedad a los actuales trabajadores. Esto significaría otra carga económica, aún no calculada y que no figura en el presupuesto anual, elemento que se suma el riesgo de quiebra técnica.

Denuncia en la Fiscalía

“Las autoridades del MMAyA y la AAPS deben tomar medidas legales, porque estamos al borde de una virtual quiebra técnica”, advirtió el consultor y anunció que, si las autoridades de Gobierno no cumplen su labor de fiscalización, hasta dar con los responsables del daño económico, sería él quien presentará una denuncia ante la Fiscalía.

Para el consultor, uno de los factores jurídicos que llevaron a esta crisis en Epsas es la intervención de más de 13 años por parte del Estado. Al ser una sociedad anónima, los contratos están regidos por la LGT y paga impuestos como gran contribuyente.

La figura legal de Epsas, que no pasa a ser una empresa pública, pero que está regida por un interventor (funcionario) designado desde el Gobierno, ya ha generado una serie de litigios legales desde el inicio de sus operaciones. Además, de los varios casos de corrupción que han involucrado a sus máximas autoridades en todas las gestiones, se conoce que los funcionarios son militantes del MAS y afines al Gobierno.

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Precisamente, en 2019, Claure y los trabajadores de Epsas salieron en campaña proselitista en favor de la reelección de Evo Morales, como figuran en las publicaciones de redes sociales. Ese mismo año, en noviembre, el actual presidente de ABC fue encarcelado, imputado por instigación pública a delinquir, sindicado por autorizar el uso de vehículos de Epsas, para transportar grupos de choque, en rechazo a las movilizaciones que surgieron por las denuncias de fraude electoral.

Visión 360 buscó al actual responsable de la AAPS y exministro de MMAyA, Rubén Méndez, pero desde la Unidad de Comunicación se explicó que el funcionario estaba en diferentes reuniones y se transmitiría las consultas. De la misma forma, desde la ABC no hubo repuestas al pedido de una entrevista y a las preguntas que se envió a sus colaboradores.