TSE autoriza “supervisión condicionada” del congreso del MAS convocado por dirigentes sindicales "arcistas"

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), presionado por un fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, determinó este jueves autorizar la supervisión “condicionada” y “excepcional” del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS), convocado por dirigentes sindicales "arcistas" y pautado para el 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad de El Alto.

“Autorizando provisionalmente la supervisión al evento a desarrollarse del 3 al 5 de mayo solicitado mediante memorial del 22 de abril, se instruye al Sifde conformar la comisión técnica de supervisión y realizar acciones conducentes entre tanto se cumpla con la condición impuesta con la sala constitucional de cumplir con exigencias de ley”, dijo este jueves el presidente en ejercicio del TSE, Francisco Vargas, en conferencia de prensa.

Esta jornada se conoció que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz concedió una medida cautelar a un dirigente del Pacto de Unidad afín al Gobierno, por medio de la cual ordenó al TSE acompañar el congreso convocado por el ala “arcista” del MAS.

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Ante esa determinación de la justicia, la Sala Plena del TSE se reunió de emergencia en la ciudad de Trinidad, Beni, donde acordó acatar la disposición.

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Vargas manifestó que la decisión asumida por la Sala Constitucional Primera integrada por los magistrados Israel Campero y Alexis Ángel causa “extrañeza” porque se entiende como un acto de injerencia a las competencias y atribuciones propias del TSE.

Sin embargo, se decidió realizar la supervisión “condicionada” y “provisional” del evento político sujeto a verificación del cumplimiento de los requisitos.

Otra decisión del TSE fue enviar una solicitud al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que emita una medida cautelar y prohíba a la Sala Constitucional Primera de La Paz seguir sacando resoluciones que violan las leyes, a fin de no consumar un hecho que “vulnera flagrantemente la independencia de los órganos del poder público”.