Gremio de periodistas exige justicia para Carolina Ulloa, víctima de violencia

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) expresó este martes su solidaridad con la comunicadora Carolina Ulloa, que denunció que fue víctima durante años de violencia física y psicológica por parte de su expareja, Gonzalo A.V.M.

“La violencia sufrida por nuestra colega no sólo constituye una grave violación a los derechos humanos, sino que también representa un atentado contra la integridad y dignidad de una profesional dedicada a informar y servir a la sociedad. La violencia contra las mujeres, en cualquier forma, es inaceptable y debe ser sancionada con la mayor drasticidad”, dice el pronunciamiento.

Entre 2015 y 2019, la periodista de televisión mantuvo una relación con Gonzalo A.V.M., un abogado con el que tuvo una hija. Durante ese tiempo, Ulloa fue víctima de violencia, incluso cuando la relación terminó. "El problema es que con una hija en medio la naturaleza de las agresiones cambia", aseguró la víctima esta semana.

La ANPB y la Asociación de Periodistas de La Paz denuncian que, al amparo de la impunidad de la justicia, “ahora Gonzalo A.V.M. pretende obtener la tenencia de la hija de cuatro años que procrearon durante su matrimonio, nuevamente con ayuda de operadores de justicia inescrupulosos que, pese a los graves hechos de violencia familiar, le otorgaron el derecho de visitas no supervisadas a la menor”.

En su cuenta de Facebook, la periodista reveló: “Dios y mis hijas saben la pesadilla que viví desde 2015 hasta hoy. La violencia no para, sólo se transforma. A veces fue física, psicológica, emocional y ahora también judicial. Las medidas de protección sólo lo mantienen físicamente lejos de mí y mis bebés. Su violencia sigue. Su psicopatía también". 

“Mostré videos, mostré pruebas, ¿qué esperan?”, dijo, reclamando justicia y luego agrega: “Elijo creer que la justicia verá el peligro al que estamos expuestas, no quiero ser noticia mañana por ser mis hijas y yo un caso más de feminicidio o infanticidio”.

Tras las constantes agresiones, las autoridades le otorgaron medidas de protección para ella y su familia. La fiscal de materia Yolanda Tania Alfaro instruyó: “Se prohíbe al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia”.

Sin embargo, la jueza Karen Romero Ibáñez, del Juzgado Público de Familia Primero de la zona Sur de La Paz, dictaminó que “las medidas de protección han sido dispuestas a favor de la demandada, medidas que no involucran a la menor”.

Además, Gonzalo A.V.M. interpuso un recurso en busca de anular la imputación formal por violencia. Este miércoles 29 de mayo, un juez decidirá si procede anularla.

“Exigimos la inmediata intervención de las autoridades jurisdiccionales, así como de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, a fin de reconducir el proceso judicial y tomar las medidas contra el agresor, según establece la Ley 348 y demás normas que protegen a las mujeres contra las acciones de violencia, e instruyen las sanciones penales por estos hechos inadmisibles”, se lee en el comunicado.