Dictan detención preventiva para ocho de los 10 procesados por ciberestafa en Santa Cruz

La autoridad jurisdiccional de la ciudad de Santa Cruz determinó detención preventiva por 180 días, en la cárcel de Palmasola, para ocho de los 10 procesados por el delito de ciberestafa. Entre tanto, dos acusados recibieron medidas sustitutivas.

“El Ministerio Público demostró de modo preciso, específico y detallado los suficientes elementos de convicción de la probable autoría en delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito”, dijo Cándido Blanco, fiscal asignado al caso.

Indicó que entre las personas que recibieron detención preventiva se encuentran ciudadanos extranjeros, como un colombiano, peruano y un asiático.

La audiencia de medidas cautelares se realizó este sábado luego de una suspensión ayer, viernes, debido a que no se contaba con un traductor para el ciudadano chino, quien es sindicado de ser el líder de la organización.

El miércoles, en un operativo en un edificio ubicado en la avenida San Martín y segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la Policía arrestó a más de 100 personas, de las cuales luego de entrevistas e indagaciones, nueve quedaron aprehendidas, entre ellas el presunto cabecilla, un ciudadano asiático.

En un segundo operativo, la Fiscalía confirmó que una joven de 19 años fue aprehendida por su vinculación con el caso de ciberestafa. La mujer es dueña del 50% de las acciones de la empresa intervenida, que estafó desde Santa Cruz a cientos de personas, incluso, fuera del país.

La banda reclutaba a sus trabajadores por redes sociales y le ofrecían puestos de trabajo en atención al cliente, con horarios laborales cómodos y con buenos ingresos. Incluso incluía capacitación en computación y sistemas.

Blanco manifestó que se trataba de una empresa fachada con un capital en papeles de 70 mil bolivianos, pero en realidad movía al mes más de 400 mil bolivianos.

Sin embargo, Sebastián Paz, abogado del ciudadano asiático, el principal acusado, dijo. “Es un retroceso de 20 años en la administración de justicia de este país”. Anunció a la vez que presentará una apelación.

Según el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, cuando se hizo la intervención de la empresa, se encontró a varias personas en flagrancia: estaban realizando rastrillajes en redes sociales para ubicar víctimas o realizaban llamadas extorsivas.