Intermediarios doblan ganancias a costa de productores y consumidores

Entre la una y seis de la mañana, la calle 5 de Villa Dolores de El Alto, las vías adyacentes al mercado Rodríguez en La Paz, o El Tejar en el Cementerio General, se llenan de camiones cargados de hortalizas, tubérculos y otras verduras. Cientos de productores llegan a las urbes con productos recién sacados de las chacras.

En medio de la madrugada, acorde a la escasez o demasía de determinados productos, se libra una guerra de ofertas y contraofertas. Ahí, cada día, se definen los precios con los que intermediarios -mayoristas y minoristas- se llevarán los productos, que horas más tarde, distribuirán en diferentes mercados, a un costo que casi duplica su inversión.

“Hay especulación. La cebolla estamos dando la cuarta a cinco bolivianos. Al mayorista a  mucho más barato, salido a 3,50. Pero en el mercado y tiendas ya venden a ocho y hasta 10 bolivianos. Están sacando casi el doble… eso no va al productor y además afecta a la población”, dice Sonia Quispe, productora que llega a El Alto desde Oruro.

El coordinador del proyecto Semilla Ecosocial, Fabrizio Uscamayta, afirma que si bien el incremento de costos de producción es real, lo que se está viendo en los mercados es un proceso de especulación, debido a  la falta de un canal directo entre productor y consumidor. Identifica como uno de los mayores problemas el monopolio que los intermediarios tienen sobre los principales centros de abasto.

“Tienen organizaciones muy fuertes de estructuras de poder muy verticales. Son redes corporativas que no permiten que el productor participe en el mercado de manera directa, en ningún espacio. No hay un mercado campesino real ni en La Paz ni en Bolivia”, manifiesta.

Para el Gobierno, estos eslabones de la cadena, además de la especulación están incursionando en el contrabando a la inversa. Es decir que sacan productos a las fronteras desabasteciendo el mercado interno. Como medidas se han empezado los controles de precios, el control en fronteras y la aplicación de un observatorio de seguridad alimentaria. 

Duplican ganancias con el alza de precios 

En la semana, en un operativo, el intendente municipal de Potosí, Jhimy Bedoya, encontró varios vendedores que elevaron el precio de los productos sin justificación. El caso más notorio fue el del pollo.

“Estaban vendiendo en 17 bolivianos y hasta en 18, cuando el pollo llegó a 14,50 bolivianos el kilo. Debería venderse en 15,50 y máximo en 16 bolivianos el kilo. Estaban duplicando sus ganancias”, afirma Bedoya.

En La Paz, una medida similar desencadenó que varias vendedoras, de un mercado céntrico de la urbe, empezaran una discusión con el personal de la Intendencia Municipal. El motivo era que se negaban a tener la lista de precios exhibida para el control de la población.

“Todo ha subido, pero en los abarrotes, productos de limpieza o productos importados es más fácil controlar”, explica una vendedora del mercado de Ciudad Satélite de El Alto. Apresurada llegó a la feria “Del Campo a la Olla”, medida del Gobierno nacional para frenar el alza.

“Nosotros tenemos factura y con eso se puede justificar cuánto subió el producto y su transporte y cuánto más puede incrementarse el precio al cliente. Es fácil saber si hay abuso. Pero las verduras no vienen con factura, no hay orden de compra para saber a cuánto les dio el productor o por cuántos intermediarios pasó. Dentro del mercado está más caro que en esta feria, casi al doble”, asevera.

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Uscamayta señala que también debe tomarse en cuenta que entre los intermediarios  están los transportistas. “Ellos incrementaron sus costos, no porque el diésel haya subido, sino  por la escasez que les generó varios gastos, como el hacer colas por varios días o semanas. En su mayoría, los choferes no son dueños, deben pagar la renta al día. Esto incrementa los costos del transporte de la producción al mercado”, explica.

El incremento para el  productor

“Sí, nos han subido los costos. Sin combustible no podemos trabajar con nuestra maquinaria. Los insumos se compran al cambio del dólar. Hay menos producción por la sequía, además que estamos en invierno. Todo eso hace que haya menos productos y por tanto es más caro, pero eso lo asumimos nosotros” , afirma desde Cochabamba, Andrés Aguilar, vicepresidente del Mercado Integración Sur.

Si bien hay especulación, no es el único factor en el alza de los precios de los alimentos. La crisis de combustible, la escasez de dólares, la falta de transporte, los eventos climáticos y los conflictos sociales causaron un incremento y serias pérdidas en las siembras. Sin embargo, ese aumento es asumido por el productor, pues lo pagado por el consumidor final no llega a este.

“Lo que debe quedar claro es que el pequeño productor siempre ha subvencionado la alimentación de la población”, sostiene Uscamayta.

Explica que esta es una situación muy compleja y llena de aristas. Divide a los pequeños agricultores en tres grupos. Uno es el de la pequeña agricultura familiar vinculada al agronegocio, como los productores de oleaginosas.

El otro está conformado por  los productores tradicionales de los valles interandinos de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y el Altiplano. El tercero, el más pequeño, está compuesto por los de la agricultura familiar con enfoque agroecológico.

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“Los tres grupos reciben impactos de forma diferente. El primero tiene una dependencia  estructural a los agrotóxicos, que en un 100% son importados, de forma legal e ilegal, por eso suben sus insumos. Lo mismo ocurre con los productores de los valles que utilizan agroquímicos para sostener su producción y combustible para su maquinaria. Es una realidad  que sus insumos están subiendo y por tanto el precio de sus productos”, indica.

En el caso de la agricultura agroecológica, debido a que ellos producen sus propios insumos para control de malezas, plagas, etc., no incrementan sus costos de producción. Pero ellos representan solo el 1% del mercado, por lo que se siente el incremento del restante 99%.

“Si bien el incremento de los costos de producción es real, lo que ahora vemos en los mercados es un proceso de especulación por la falta de un canal directo entre productores y consumidores. Es real incremento, pero no al nivel del que vemos, del 200%, 300% o hasta 400%, aumentos que no llegan a la familia productora”.

Del productor al consumidor

La mañana del miércoles, decenas de productores llegaron hasta la plaza del Tinku en Ciudad Satélite, como parte de la feria “Del Campo a la Olla”. La iniciativa busca poner en contacto directo al productor con el consumidor.

Hasta el viernes, el Viceministerio de Desarrollo Agropecuario realizó 18 de estas actividades, en los nueve departamentos del país. Se comercializaron 320,9 toneladas de alimentos, entre frutas, tubérculos, verduras, carnes y otros.

“Estas ferias para nosotros son muy importantes; entendemos que los intermediarios y las vendedoras de los mercados tienen que ganar su ingreso, pero hay aumentos injustificados. Nosotros no podemos entrar a los mercados, incluso ahora vinieron a molestarnos por nuestros precios”, afirma Dora, productora de Achocalla que fue parte de la feria estatal.

Al igual que Dora, Uscamayta y Aguilar señalan que esta es la solución: mercados del productor al consumidor. Pero afirman que estos no deben ser eventuales, sino permanentes.  

La petición no es nueva. En 2019, en varias regiones de Bolivia se vivió una sobreproducción de papa. Lo que parecía ser un año de buenas ganancias para los pequeños productores se convirtió en una temporada de pérdidas.

Víctimas de los grandes intermediarios tuvieron que bajar el precio de su cosecha de papas a 15 bolivianos la arroba. “Tanto hay”, “voy a comprar de otro”, les decían para lograr la rebaja.

Pero en los mercados urbanos el precio era de 30 y 40 bolivianos, un incremento injustificado. El pedido de los productores fue el de tener mercados propios.  

“Es posible”, dice Aguilar. El productor cochabambino es vicepresidente del Mercado Integración Sur de Cochabamba, un espacio privado y gestionado por los productores para saltar el monopolio de los intermediarios. 

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En la madrugada de cada martes y jueves, cientos de camiones llegan a este mercado que ya tiene una cuenta en Tik Tok, alimentada por las nuevas generaciones. Fueron sus padres que cansados de deambular, víctimas del precio de los mayoristas, decidieron adquirir un terreno en el que puedan instalar su propio mercado.

“Para tener el mercado andamos año tras año en las calles. Como verdaderos productores campesinos vimos la necesidad de tener un predio propio y no depender de nadie. Queríamos vender nuestros productos a un precio justo y tener una vida digna. Acá en la Tamborada tenemos el mercado, nosotros administramos y gestionamos nuestro espacio y mejoramos nuestros ingresos”, explica.

Sí es posible generar un comercio mas justo

El Mercado Integración Sur no es el único ejemplo de un canal corto. Con la similar objetivo, pero además un enfoque agroecológico, nació el Ecotambo.

“Ecotambo tiene una feria en una cadena corta. Los productores pueden ofrecer sus productos de forma permanente, además con enfoque agroecológico”, explica Uscamayta.

Ecotambo es una asociación autogestionada de productoras y productores urbanos, periurbanos y rurales, emprendimientos con fines sociales del departamento de La Paz y consumidores agroecológicos. Trabajan cada día con el objetivo de promover un sistema alimentario sano, justo y libre de agrotóxicos, fomentando el comercio local, cercano y el consumo responsable.

Empezaron en abril de 2020, durante la pandemia, como una forma de buscar alternativas de venta en tiempos de escasez de alimentos. Por las restricciones de movimiento empezaron con un servicio de entrega a domicilio, hoy ya se pueden hacer pedidos vía internet.

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Esta experiencia permitió la democratización y diversificación de la forma de comercializar los alimentos.

“Nuestro trabajo se basa en la cadena corta de comercialización, donde los precios que manejamos persiguen un comercio local y estable para las familias productoras y consumidores, lo que nos convierte en un mecanismo real de comercio justo”, indica Uscamayta.

En su perspectiva, un modelo alternativo de producción y consumo agroecológico es posible.

¿A quién le corresponde controlar los precios? 

“El costo de la canasta familiar subió y el tema de combustibles es un caos. Las medidas del Gobierno son a corto, mediano o largo plazo, pero necesitamos acciones inmediatas (...). Exigimos al municipio, la Guardia Municipal y Defensa del Consumidor, controlar el agio y especulación. Están escondiendo víveres”, denunció el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto, Marcelo Mayta.

En el municipio de La Paz, la facción de la Federación de Juntas Vecinales, encabezada por Justino Apaza, señaló que de no haber controles, serán los vecinos los que salgan  a las calles  a realizar “batidas”.

“Nos estamos organizando para identificar, mercado por mercado, a quienes están ocultando los productos de la canasta familiar o están subiendo los precios”, indicó.

Pero ¿quiénes son los responsables de hacer estos controles? Por norma los mercados o centros de abastos están bajo control de los municipios. Sin embargo, la cadena de producción es tan amplia que son varias las instituciones de diferentes niveles del Estado que deben intervenir, más aún ante la crisis que vive el país.

Bajo este entendido, se creó el Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria. Está conformado por los viceministerios de Desarrollo Rural y Agropecuario, de Comercio Interno, de Defensa del Consumidor, de Lucha Contra el Contrabando, de Políticas de Industrialización y de Planificación, además del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una de sus acciones son los controles coordinados con los municipios, gobernaciones, la Policía y otras instituciones.

“Los controles que se están haciendo en los mercados de La Paz son mutuos; es una responsabilidad compartida en un plan integral para combatir el agio y la especulación. Tenemos que coordinar acciones, necesitamos mayor capacidad operativa”, afirmó el alcalde de La Paz, Iván Arias.

En los operativos también participan el Instituto Boliviano de Metrología y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. El personal edil se encarga de verificar que los precios estén claramente exhibidos, para que no haya manipulación de los valores y proteger así los derechos de los consumidores. 

Productos fugan a 3 países; norma instruirá comiso y venta en Emapa

“Hay mucha especulación, principalmente, por los intermediarios. Estos se dedican a acopiar para desviar los productos del mercado interno y sacarlos fuera del país para incrementar sus ganancias. Unos cuantos lucran a costa de la seguridad alimentaria y el bolsillo de los consumidores”, dijo el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo.

Al ser una actividad ilícita, no se tienen cifras exactas de cuántas toneladas salen ilegalmente del país. Pero, de acuerdo con las proyecciones de producción y consumo, en el caso del arroz, se estima que ya fueron desviadas alrededor de 100 mil toneladas.

“No son los ingenios ni los productores los que sacan el producto, son los intermediarios”, sostuvo la autoridad.

Azúcar, huevo, cebolla, papa y hasta carne  son otros de los productos que fueron identificados en las fronteras con Argentina, Brasil y Perú. El motivo principal es que estos productos tienen un costo bastante elevado en estos países, lo que implica una oportunidad para los contrabandistas.  

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Mollinedo dijo que desde el Gobierno se trabaja en un decreto supremo que reglamente la Ley 100 de Desarrollo y Seguridad Fronteriza. Y es que uno de los vacíos en el control de contrabando es que la ley es para el que ingresa y no así para el que sale.

Con la norma se busca que también se controlen los alimentos locales que sean sacados de forma ilegal fuera de las fronteras. Con esta herramienta, las instituciones competentes podrán realizar decomisos y posterior retorno de los productos al mercado interno.

Para ello, todo lo incautado será entregado a Emapa. De acuerdo con lo explicado, será la estatal la que se encargue de vender estos productos a la población, a un “precio y peso  justo”, según indicó Mollinedo.

Acortar la cadena, una solución con varias tareas 

Cuando se habla de dar solución a la especulación y a la crisis que pueden darse a futuro, Usamayta es claro: “Se  debe acortar la cadena”. Para ello no basta con mercados, sino con una serie de tareas y cambios urgentes y estructurales.

“Lo primero es tener estos mercados para el productor, pero para ello se requieren espacios y ese es un problema estructural”, afirmó.

Otro de los aspectos importantes es el acceso y conexión. En este punto es primordial el tema de las carreteras y vías que faciliten el tema de transporte, pero también la forma de mover grandes cantidades de alimentos, puesto que la mayoría de los productores están en zonas dispersas y no cuentan con vehículos o acceso a  espacios de acopio.

“Otro problema son las capacidades humanas, envejecimiento de la agricultura familiar y la migración. Gran parte de los productores son mujeres que están por encima de los 50 a 60 años y, por tanto, las capacidades humanas son bajas. Es un problema estructural”, dijo.

Pero también, desde su experiencia, ve necesaria la eliminación de subvenciones al agronegocio, para incrementarlas a la pequeña agricultura familiar y al alimento agroecológico.

“Solo así tendremos una solución estructural para el problema que se nos avecina. No solo es la crisis que estamos viviendo o el problema de los insumos. Hay riesgo del incremento de eventos climáticos; hasta ahora no hay un seguro agrícola que respalde a los pequeños productores”, sostuvo.