viernes 29 de mayo de 2026

Senadora de Comunidad Ciudadana

Cecilia Requena: “La quema de tierras es deliberada, es una forma criminal de habilitar tierras”

La senadora opositora, integrante del Comité de Medio Ambiente del Senado, lamenta la falta de respuesta inmediata del Gobierno ante los incendios forestales.
La senadora opositora, durante una rueda de prensa. Foto: Prensa Cecilia Requena
La senadora opositora, durante una rueda de prensa. Foto: Prensa Cecilia Requena

La senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana (CC), considera que el daño provocado con los incendios no es casualidad y que, en gran medida, es deliberado  con el fin de habilitar tierras, pero de una forma “barata y criminal”. 

“Es una forma barata de habilitar tierras, ya sea para cultivo o para especulación. Y ese es un negocio”, asegura la legisladora en entrevista con Visión 360.

El tema cobra relevancia ante los incendios que se registran y afectan a por lo menos dos departamentos. La quema indiscriminada, desde 2019, se ha convertido en un problema recurrente a mediados de cada  año.

Desde 2019 es rutinario que haya incendios en Bolivia. ¿Por qué considera que no se pone una solución de fondo a las quemas?

Porque no se lo quiere resolver realmente. Es una forma barata de habilitar tierras, ya sea para cultivo o para especulación. Y ese es un negocio, y el Gobierno con su base social es parte de ese negocio. Y de ese modo se están conectando con otra gente del agronegocio, que estaba bien consolidada. 

Y es una forma más barata, no necesita uno maquinaria, ni pagar a gente para que quite la cobertura boscosa que puede no ser boscosa, pero siempre hay una cobertura vegetal en la tierra, sobre todo en tierras bajas. 

La terrible conclusión a la que llego es que el Gobierno, pese a que esto era totalmente predecible y que debió estar preparado, no se prepara; no declara emergencia, no piden ayuda internacional suficiente ni a tiempo, no logran efectivamente luchar contra los incendios, apagan uno y encienden 100. 

Se libera a las pocas personas que se detiene infraganti, el país se está incendiando como nunca. Esto no solo es incompetencia ni incumplimiento. Me temo que en gran medida es deliberada. Es una forma barata y criminal de habilitar tierras.

¿Se tiene una propuesta desde el Legislativo para endurecer las penas a quienes provocan quemas?

Nosotros presentamos en noviembre del año pasado el proyecto de ley 003, que justo ahora está en proceso final de consulta. Hemos tenido una penúltima reunión en Trinidad hace un par de días. Tendremos una en Santa Cruz, todas muy difíciles porque nos reunimos con sectores productivos que se sienten afectados. 

Aunque sinceramente creo que cualquier sector productivo que tenga una noción de futuro mediano tiene que estar del lado de quienes estamos tratando de evitar más incendios, porque al final van a quedarse sin agua.

Y sin agua, el sector agropecuario no existe, para no mencionar los alimentos, las ciudades, la vida y la industria. Entonces, nosotros tenemos este proyecto de ley, que ha hecho el esfuerzo de ser integral; no solo tenemos un régimen de multas más alto, aunque no confiscatorio. Que sea más alto y que desincentive la ilegalidad.

Es un proceso, mientras tanto puede haber una quema legal autorizada por la ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra), pero para todas las ilegales. Eso es algo que preocupa mucho a los productores y lo puedo entender porque temen ser extorsionados o que sean injustamente acusados. 

Nuestro proyecto ley trata de generar las garantías necesarias, pero no podemos ofrecer un Estado muy distinto al que ahora hay; tendríamos que transitar hacia una mayor institucionalidad de la ABT, del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) y del sistema judicial.

¿Qué medidas cree que debe tomar a corto y mediano plazo el Gobierno?

Necesitamos una respuesta rápida y eso implica reforzar, y va a tener que ser con recursos nacionales e internacionales a los que primero responden que, lamentablemente, normalmente, son personas como bomberos voluntarios, pero también gente de la región.

Esa gente tiene que tener equipamiento, eso no es tan difícil, es caro, pero no es imposible hacerlo, no se necesita haber planificado un año antes. Entonces, puede rápidamente dotar de vituallas, equipamiento, combustibles, todo lo que necesitan de manera prioritaria a todos los que están ahí, porque una vez que el incendio se ha vuelto enorme es cuando se vuelve incontrolable. 

Hay que controlar esos primeros brotes y para eso tenemos que tener una información satelital actualizada, y un sistema de alerta temprana que esté funcionando permanentemente, las 24 horas en este país, y que rápidamente alerte a los municipios para una respuesta inmediata, que no se espere que el incendio haya crecido. Ese es un elemento fundamental.

Para eso se tiene que declarar emergencia nacional, para que el Estado pueda pedir ayuda internacional que traiga apoyo aéreo, como un Supertanker o helicópteros con Bambi Bucket, dependiendo del tipo de incendio. Eso es lo que hay que hacer: pedir ayuda desesperadamente es otro elemento importante.

Tenemos un Gobierno que instaló una suerte de cuartel general. ¿Cómo se ve su accionar actualmente?

Yo no sé si están haciendo el esfuerzo, pero si lo están haciendo, más allá del show, no está funcionando, y eso es escandaloso. No solo es una falta de deberes básicos, no solo es el incendio, ahora es el aire que Bolivia está respirando, lo que ocasiona enfermedades de largo plazo, no solo las de corto plazo, sino que muchas de esas partículas, en muchos casos, causan enfermedades crónicas como cardíacas. 

"Me temo en gran medida que la quema es deliberada, una forma barata y criminal de liberar tierras".

O sea, que no solo es un problema de los fuegos, sino de la salud y también al mediano y largo plazo está el problema del agua, porque están destruyendo las fuentes de agua. Entonces, ¿se imagina la dimensión del incumplimiento de deberes de protección de los derechos más importantes de la población boliviana? Es inconmensurable y multidisciplinario.

Es multifacético: de salud, de medioambiente, social y económica porque sin agua, y con la gente perdiendo cultivos y casas, nunca se hace esa contabilidad, pero es enorme.

¿Qué intereses considera que se juegan con los incendios forestales?

Yo no creo que esto sea un accidente, no lo creo porque ocurren incendios en lugares inaccesibles, donde no hay gente. Entonces, ahí hay voluntad de destruir los bosques, tumbarlos para habilitar tierras para cultivo o engorde, negocio. 

En ese negocio hay gente, me indican, que capitales brasileños interesados en ampliar sus áreas de cultivo. Muchos de ellos grandes empresarios conectados con grandes empresas, pero llega hasta muy abajo, hasta los interculturales del MAS.

Por otro lado, efectivamente, el cambio climático ha aumentado la temperatura en general, y la regional, y por supuesto que a mayor temperatura menos humedad. Y eso genera condiciones propicias para incendios.

Pero están en todas partes, no es como que ocurrió un accidente en un lugar, y de repente un incendio en el Parque Otuquis. No, es aquí, es más arriba, en Beni, en todas partes al mismo tiempo, y eso lo que está haciendo es empeorar las condiciones en las que vamos a enfrentar el cambio climático que es inevitable.

¿Qué iniciativa emana desde la Comitiva de Medioambiente del Senado?

Se ha presentado el proyecto de ley 003 y otros, pero más acotados en su espectro, abrogatorios nada más.

Hubo un par de otras iniciativas legislativas, que tienen que ver con el asunto, pero de forma menos impactante, como declarar el Día contra la Deforestación o el Día del Árbol, cosas así que otros colegas tuvieron la iniciativa. Y una carta con la que se le pide al presidente Luis Arce que declare emergencia nacional.

"Eso es lo que hay que hacer: pedir ayuda desesperadamente, es otro elemento muy importante".

Mi comité mandó cantidad de peticiones de informe escritas y orales, y minutas, para contrarrestar esto. Entonces, desde el Legislativo se está intentando responder, pero tenemos la dificultad que para proyectos de ley necesitamos votos.  

Ese es un trabajo político muy arduo; sin embargo, ahora terminas estando como impulsado por la propia desgracia, y esperamos que esto sea suficiente.

Se habla de la abrogación del paquete de “leyes incendiarias”, el DS 3973 y la Ley 741...

Por técnica legislativa, en la ALP no podemos abrogar decretos, pero sí leyes, y muchos de estos decretos supremos están basados en leyes, o sea que es una forma indirecta de abrogarlos. 

Segundo punto, nosotros estamos abrogando todo el paquete incendiario, la propuesta de ley de abrogar todo el paquete incendiario. La 741 de 2015, donde dice que una familia puede deforestar hasta 20 ha sin permiso especial ni derecho propietario aprobado, y eso fue terrible para los incendios de 2019.

Como senadora, denunció explotación minera. ¿Cuántos contratos fueron paralizados y cuáles fueron las observaciones?

Hasta ahora, hemos paralizado 24 diferentes contratos mineros, del 100% de todos los que han entrado a la Asamblea, desde que estamos en la ALP. No se aprobó uno solo. Pero de los 23 que rechazamos el 2023, volvieron a intentar aprobar 13 de ellos.

Entonces, van tres votaciones clave, incluso el último contrato de Ecebol, una empresa calera pública en Potosí, que hemos rechazado. No porque queramos rechazarlos per se; a todos nos interesa que la minería, sobre todo que la cooperativista se legalice, y seríamos los primeros interesados en tener empresas formales.

"Estamos perdiendo fuentes de agua, bosques, ecoturismo. Se están arruinando otras opciones".

Pero lo que pasa es que lo que nos mandan, todos los contratos, absolutamente todos, tienen vicios de nulidad e incumplimiento abierto de normas tan importantes, como las ambientales, las laborales y de consulta previa. 

Estamos en esa lucha para que no agenden y se impida así mismo lo obvio, meter en agenda, pasarlo a comisiones, un contrato que incumple el plazo. Hasta esa es la pelea: el poder de los mineros es tan grande que creen que pueden pasarse por encima de la ley, incluida la 535 hecha a medida para ellos por el propio Evo Morales; ni siquiera esa ley tan favorable la quieren cumplir. Se sienten por encima de todo.

¿Cuál es la forma de fiscalizar a los mineros?

Hay muchas cosas que se pueden hacer, el problema es que es agotador, porque nosotros luchamos con el hecho de que ni la AJAM, ni el Ministerio de Minería, ni el de Medio Ambiente, ni la Comibol, nos quieren dar información. Y como no nos pueden negar totalmente, nos mandan información tarde, mal, incompleta, pero aun así hemos logrado armar un caso contra la minería.

Se han aprobado más de 100 contratos en el anterior Congreso. Hemos logrado que los contratos mineros que ahora van a pasar no hayan pasado, y cómo hemos hecho eso, mandando peticiones de informe, haciendo inspecciones in situ, denuncias, acciones legales como la acción popular contra la minería ilegal en áreas protegidas. Tanto por lo legislativo, como por lo judicial y lo comunicacional.

Todo eso se puede hacer, pero todo eso es cuesta arriba, y hasta ahora hemos ganado todos. Hemos logrado que el tema sea de agenda pública, y que todo el mundo tenga en claro que la minería es un caos.

Hace algún tiempo una comitiva de Diputados fue al Cerro Rico de Potosí para una inspección, porque este puede perder su condición de Patrimonio de la Humanidad y llama la atención que la fiscalización se ve afectada por los ataques del sector. ¿Cómo ve esto?

Completamente, el Cerro Rico, estamos perdiendo fuentes de agua, bosques, suelos, oportunidades de ecoturismo, porque tendrá que pasar por lugares con minería ilegal devastadora. Se están arruinando otras opciones, encima el Cerro Rico puede perder su categoría, hundirse.

¿Cómo deben mejorar la AJAM y la ABT su trabajo?

Creo que hay varios modos de generar un Estado que funcione bien. El primero: la meritocracia. Que la gente que entre no solo sea proba sino también íntegra. Eso parece una especie de delirio, pero así funcionan los países serios.

Que el director de la AJAM o la ABT sean elegidos y que todo el mundo pueda ver los CV, las entrevistas. Segundo, la transparencia de los procesos. Así se evita que un contrato avance porque la gente puede ver que se piden derechos mineros sin haber hecho consulta previa.

"El discurso queda en la perversión. Nunca se ha contaminado tan impunemente la tierra, nunca".

Todo el mundo debería poder ver eso por internet. La transparencia, el acceso a la información, y que haya una rendición de cuentas periódica, muy bien establecida para que nosotros podamos todos observar lo que están haciendo. Mecanismos para evitar la corrupción y el mal manejo serían importantes para estas dos instituciones.

Lamentablemente, no se puede pedir eso de instituciones que son de un gobierno que no tiene interés en eso. Tiene que haber una voluntad política para luchar contra la corrupción; esa decisión no la tiene el Gobierno.

¿Dónde queda el discurso de la Pachamama del Gobierno con todo lo que pasa?

Queda en la perversión, porque ese discurso está encubriendo, no solo es hipocresía, está encubriendo lo contrario al discurso. Queda realmente en el escándalo de la perversión, porque nunca se han violado tan sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas, la Madre Tierra; nunca se ha contaminado tan impunemente la tierra, nunca.

EL PERFIL

  • Activismo Es activista de larga data en luchas por la naturaleza y la democracia. 
  • Medioambiente Asumió responsabilidades de coordinación y fue miembro de directorios de organizaciones de defensa del medioambiente como Lidema y Prodena. 
  • Formación Grado, posgrado y maestría en la Universidad Católica Boliviana. Realizó un curso de Educación Ejecutiva en Harvard Kennedy School.
  • Libro Es autora, junto con Dirk Hoffmann, de “Bolivia en un mundo 4 grados más caliente”. 
  • Docencia Cuenta con más de 10 años de experiencia en docencia en ética, ecología, política, análisis crítico de discursos.
  • Experiencia Tiene más de 10 años en gerencia, dirección y gestión de proyectos con varias entidades, sobre lucha contra la corrupción, descentralización y fortalecimiento institucional. Fue también servidora pública.