Cuestionan a la Defensoría por sus acciones ante las agresiones de mineros a comunarios de Acre Antequera

En abril de este año, comunarios del Ayllu Acre Antequera fueron agredidos por cooperativistas mineros, quienes arrastraron por el suelo a mujeres y golpearon a hombres, quienes piden que la actividad minera se termine en su territorio, porque estas contaminan sus fuentes de agua y han provocado la sequía en toda el área.

De acuerdo a la versión de la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, contrario a buscar garantías para las víctimas, los responsables de la Defensoría del Pueblo de Oruro buscaron que los agresores y las víctimas se sienten en mesas técnicas para conciliar. Los comunarios iniciaron un proceso penal contra los mineros, pero la Fiscalía no ha reportado ningún avance.

“Específicamente hemos tenido dos reuniones con la Defensoría del Pueblo. Durante la reunión del 21 de mayo de 2024, desarrollada en ambientes del Comité de Autonomías Indígena Originario Campesinos de la Cámara de Diputados con presencia del señor Ernesto Víctor Guarachi Callisaya, Jefe de Gabinete del Defensor del Pueblo, expresamos nuestro desacuerdo con las mesas técnicas de conciliación que la Defensoría estaría llevando a cabo sin antes garantizar la seguridad de las mujeres físicamente agredidas en abril del 2024”, informó a Visión 360 la senadora Requena.

Este medio de comunicación solicitó información a los responsables nacionales de la Defensoría del Pueblo, uno de sus representantes aseguró que coordinaría con el delegado de Oruro para dar la información relacionada a las agresiones contra los pobladores del Ayllu Acre Antequera, pero hasta la fecha no hubo repuesta.

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La legisladora considera que la metodología de estas “mesas técnicas” eran inadecuadas, ya que enfrentan a las víctimas con los presuntos agresores. Sostuvo que la resolución de conflictos que afectan a poblaciones vulnerables exige un enfoque integral y sensible que aborde las necesidades inmediatas de protección y seguridad. “Sin garantías para las personas vulnerables, estas mesas y reuniones pueden facilitar actos de intimidación y violencia. Manifestamos a la Defensoría vía correspondencia estos puntos”, detalló la legisladora.

AJAM

Asimismo, cuestionó que los responsables de la Defensoría del Pueblo de Oruro, coordinen dichas mesas técnicas con funcionarios de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Servicio Nacional, Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), instituciones dirigidas por personas ligadas a los mineros y tienden a favorecer sus actos.

Requena señaló a estos funcionarios por priorizar y dar viabilidad a la actividad minera y no así velar por el “bienestar de las familias indígenas y campesinas afectadas por el conflicto social” que la minería provoca. Considera que, si bien existen derechos mineros y se deben cumplir normativas, en este caso urge salvaguardar la seguridad, particularmente de las mujeres y menores de edad.

Más agresiones

“Lamentablemente, así como lo advertimos, la reunión del 22 de mayo del 2024, convocada por la Defensoría del Pueblo en Oruro, fue escenario de nuevos enfrentamientos. Videos y testimonios de supuestas agresiones ocurridas posteriormente a la reunión circulan en redes sociales”, denunció Requena.

Otro elemento cuestionado por la senadora, es que la Defensoría del Pueblo no coordinó acciones con la Defensoría de la Niñez, la Defensoría de la Mujer o con ninguna institución vinculada a los derechos humanos para que estén presentes en estas mesas de conciliación. El informe presentado ante la legisladora, tampoco menciona acciones concretas para detener los actos de intimidación y violencia con maquinaria y uso de explosivos.

Tampoco se tiene reporte de la Fiscalía sobre la aprehensión o inicio de proceso contra alguno de los agresores identificados, pese a que las víctimas y denunciantes entregaron “evidencia” en videos, sobre los hechos violentos de abril.

De manera general, ante los varios casos de avasallamiento y daño ambiental provocados por la minería ilegal, Requena considera que el país se debe trabajar metodologías específicas para tratar la conflictividad social en situaciones de emergencia y que la Defensoría del Pueblo debe constituirse en parte, en los procesos penales, pero para defender a las víctimas de violencia y prevenir irregularidades y evitar la parcialización que, considera, promueven en favor de los mineros los fiscales y operadores de justicia.

“Sería útil que en estas mesas de conciliación sean convocadas las instituciones de derechos humanos, así como también a instituciones de la sociedad civil como ser miembros de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) y el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), para fortalecer la metodología de trabajo y garantizar que las voces y preocupaciones de las familias vulnerables sean escuchadas y se comprendan plenamente”, concluyó la senadora.

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Requena concluyó señalando que en el corto plazo se pide a la Defensoría del Pueblo coordinar tareas para:

Protección y seguridad

Poner en marcha medidas inmediatas para garantizar la seguridad de las poblaciones vulnerables.

Establecer refugios temporales y servicios de apoyo para las víctimas de violencia.

Asistencia humanitaria

Proveer asistencia humanitaria urgente, como alimentos, agua, medicinas y servicios médicos.

Asegurar que las necesidades básicas de las poblaciones desplazadas o afectadas se cubran de manera efectiva. Particularmente el derecho a la educación sin violencia hacia los niños y niñas afectadas.

Apoyo psicosocial

Ofrecer apoyo psicológico y emocional a las víctimas de violencia para ayudarles a recuperarse del trauma.

Facilitar el acceso a consejería y servicios de salud mental.

Restauración del estado de derecho

Trabajar con las autoridades locales para restaurar el orden y garantizar que se respeten los derechos de todos los ciudadanos.

Asegurar que los perpetradores de violencia sean llevados ante la justicia y que se implementen mecanismos de rendición de cuentas.

Por último, exige que la Defensoría del Pueblo se enfoque “con claridad, respecto a los derechos mineros otorgados por instituciones y en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente desde una perspectiva de derechos humanos. Estos puntos son muy importantes y requieren la evaluación de entidades técnicas y legales respectivas”.