Sindicato de Epsas exige al interventor programar en el POA el pago de la millonaria deuda

Por medio de una carta, el Sindicato Único de Trabajadores de Agua y Saneamiento (Sutas) exige al interventor de Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) S. A., Alfredo Ayala, que programe el pago de una millonaria deuda en su favor en el Plan Operativo Anual (POA) de la empresa, intervenida por el Gobierno hace 11 años.

De acuerdo al investigador y consultor en temas de agua y saneamiento urbano, José María Herbas, se estima que la deuda alcanza a 142 millones de bolivianos. Epsas S. A. está obligada a pagar este monto, que representa la reposición del bono de antigüedad suspendido de forma arbitraria desde 2016, por lo que la empresa fue denunciada y perdió un juicio laboral que ya cuenta con una sentencia ejecutoriada.

“Habiendo agotado todas las instancias de dialogo, el Directorio Sindical, Sutas La Paz, lo conmina a hacer la respectiva inscripción en el POA Presupuesto Gestion 2025 el pago del bono antigüedad, caso contrario nos reservamos el derecho de actuar de acuerdo a la Ley”, señala la carta enviada por los trabajadores al interventor de Epsas.

Como pasó desde que asumió el cargo, hace siete meses, Ayala no respondió las consultas hechas por Visión 360, que le escribió por WhatsApp los temas de consulta y finalmente lo buscó en su oficina el martes. La secretaria del funcionario afirmó que no había “audiencias” directas con el interventor y que se debía recurrir a Ana Rosa Guzmán, la responsable de comunicación, quien no se encontraba en su oficina y tampoco atendió a los mensajes de este medio.

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El bono de antigüedad fue retirado en la gestión de Humberto Claure, actual presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), contra quien el Ministerio de Medio Ambiente recomendó que se inicie medidas legales. Claure asumió dicha medida, debido a que ese bono constituía un gran gasto para Epsas S. A. y se discutía su legitimidad, sin embargo, la determinación vulneró las normas laborales.

Sobre el tema tampoco atendió las consultas el dirigente de Sutas, Wilfredo Paredes Quispe, quien tampoco estaba en su fuente laboral. Sus colaboradores señalaron que nadie más conocía el tema y que no podían dar declaraciones.

Carta

“Transcurridos los días de espera a que usted cumpla con su palabra empeñada al directorio sindical (sobre el) del pago del bono antigüedad, donde (luego de que) en una reunión con usted y sus ejecutivos, usted indicó que el presupuesto que actualmente estaba manejando era el aprobado en la gestión del exinterventor Jaime Gutiérrez, y que no podía ser modificado hasta el mes de septiembre y octubre, ya que en estos meses indicó que habría un (espacio administrativo para que el POA sea) reformulado, dándonos una esperanza de solución, lastimosamente, a la fecha no cumplió”, indica el documento entregado a Ayala el 30 de octubre, al que Visión 360 tuvo acceso.

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Se debe recordar que el actual interventor es parte del grupo de 401 trabajadores que presentó la demanda laboral contra Epsas S. A. y ganó. En ese contexto, Sutas afirma en su carta que “confió” en que, al ser posesionado uno de sus “compañeros”, surgió la esperanza de que éste actuaría de buena fe y restituiría ese “derecho adquirido” a cobrar la deuda y además, que piden que de ahora en adelante se añada el pago de ese bono a los sueldos actuales. En esa línea, Sutas afirma que las intenciones de Ayala “claramente no son buenas”.

Riesgo de quiebra

“Lo advertimos en su momento, Epsas no cuenta con esos recursos para disponer el pago de 142 millones de bolivianos, por la deuda del bono de antigüedad a más de 401 trabajadores. Por otro lado, según el fallo judicial debe restituirse el bono de antigüedad con el cálculo de seis salarios mínimos, lo que significa un pago adicional de más 2,5 millones de bolivianos mensuales, 30 millones anuales, haciendo un total entre la deuda y la restitución del bono de aproximadamente 170 millones de bolivianos en el próximo periodo 2025”, explicó Herbas en contacto con Visión 360.

Detalló que, además, al sumar este pago a una planilla anual de salarios de 900 trabajadores que Epsas tiene, representa 175 millones de bolivianos, estaríamos hablando de otros 345 millones que deben considerarse solo para cubrir salarios y bonos, con lo que la empresa intervenida por el Gobierno no tendría recursos para gastos corrientes y menos para inversión.

En criterio de Herbas, esto significa que los proyectos de agua potable y alcantarillado, planificados para la siguiente gestión se verían postergados.

“En otras palabras, Epsas tendría que recaudar recursos económicos, sólo para cubrir salarios y bonos. Por ello hablamos de una posible quiebra técnica. Luego de más de 10 meses de denuncias y alertas sobre este tema, las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la AAPS (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento) no hacen nada para frenar el despilfarro y manejo discrecional de recursos en la operadora del agua, es más, el actual interventor Alfredo Ayala, beneficiario del bono de antigüedad, se dedicó a cubrir salarios exagerados, contrato irregular de personal y pagar bonos de desempeño y aniversario”, denunció Herbas.