A título de seguridad jurídica, empresarios rechazan confiscación de productos a vendedores que aumenten precios

A título de seguridad jurídica, la Cámara Nacional de Industria (CNI) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) rechazaron este lunes el planteamiento del Gobierno de confiscar los productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen, retengan o encarezcan su costo.

La medida se encuentra en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que se encuentra en la Asamblea Legislativa, para su tratamiento.

“Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes activar acciones de control, fiscalización y confiscación y/o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”, establece la disposición.

La CNI, mediante un comunicado, demandó al presidente Luis Arce eliminar la citada disposición, para evitar un clima de “total inseguridad jurídica” para la iniciativa privada.

Según la perspectiva de los industriales, la medida generará incertidumbre entre las empresas y microempresas que preferirán dejar de producir para evitar la arbitrariedad de funcionarios públicos, lo que generará un efecto de desabastecimiento alimentario, caída de la inversión, desempleo y descenso de las recaudaciones tributarias.

Además, la CNI consideró que la citada disposición constituirá un incentivo al contrabando y las actividades informales, debido a que el control y la regulación sólo se aplica a las empresas formales.

“El sector industrial plantea al Gobierno Nacional adoptar medidas de política económica, que promuevan el desarrollo industrial nacional antes que medidas de orden represivo y confiscatorio”, agrega el documento.

Entre tanto, la CAO, también a través de un comunicado, estableció que la producción y la oferta de productos no está en función de amenazas, restricciones e intervenciones. Por el contrario, la realidad muestra que dichas intimidaciones generan “mayor inseguridad y desánimo en el productor”, además los resultados en producción de cualquier actividad son desastrosos.

“Pedimos a los legisladores, no permitir que se incluya en la ley del presupuesto general del estado, la intervención indiscriminada de las distintas cadenas productivas, porque puede marcar un punto de inflexión destruyendo la misma, en desmedro de la población”, indica el documento de la CAO.

El sector señaló que no es partidario de la especulación, pero se la combate incrementando la oferta, y si no hay condiciones para producir, las amenazas no harán aparecer más producto de un momento a otro.

De acuerdo con el viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, la disposición en el PGE abre la posibilidad para que autoridades del Estado fiscalicen a aquellos que aumentan los precios de los alimentos, lo que derivará en precios justos para la población.