Breve estado de situación de los derechos humanos en el sistema boliviano

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), del 10 de diciembre de 1948, enuncia una concepción común a todos los pueblos sobre los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana y la declara obligatoria para la comunidad internacional. Asimismo, la DUDH reconoce 30 derechos, en los que contempla dos amplias categorías de derechos humanos: los civiles y los políticos, entre ellos la vida, la libertad, la integridad física, entre otros; así como los económicos, los sociales y los culturales (salud, educación, entre otros).

La primera parte de la Declaración está conformada por los derechos y libertades, es así que en su artículo 1 leemos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Esto supone el primer reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, y que todos y cada uno de nosotros hemos nacido libres y con igualdad de dignidad y de derechos. Independientemente de nuestra nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, color de piel, religión o idioma, aspectos plasmados en el artículo.

Al conmemorase su aniversario, nos preguntamos cómo andamos en Bolivia en relación a los derechos enunciados en este instrumento internacional. En cuanto a los derechos civiles, tomaremos algunos datos del Informe Mundial de Derechos Humanos, elaborado por el Comité de Derechos Humanos - Naciones Unidas en año 2019, en el que una de sus recomendaciones señala “Reforzar la independencia del poder judicial”, lo cual confirma lo que observamos a diario: la constante injerencia de órgano ejecutivo en el Tribunal Constitucional y la Justicia Ordinaria, es decir la judicialización de la política, claro ejemplo han sido el proceso de las elecciones judiciales y la instrumentalización de la acción de amparo constitucional, interpuestos para que no efectúen dichas elecciones. Muchas de estas acciones respondían a intereses políticos del órgano ejecutivo.

En la misma dirección se encuentra la judicialización de la política, callar al enemigo, violentando un principio básico de la democracia, la licitud del disenso, que es respetar lo que dice el adversario político. Producto de perseguir al enemigo, en este momento se encuentran detenidas más de 300 personas por razones políticas. Podemos concluir que en Bolivia la justicia se ha manejado históricamente de manera instrumental, dependiendo de los intereses del poder político de turno, no respetando un pilar básico de la democracia como lo es la libertad del pensamiento y de expresión, aspectos que socavan la base misma del Estado Constitucional de Derecho y la democracia en Bolivia.

Siguiendo en el ámbito de la justicia y las garantías del debido proceso, podemos indicar que perduran los largos procesos penales, reiteradas extensiones de detenciones preventivas y personas con sentencias cumplidas sin orden de libertad. Igualmente, se observa un retardo procesal, particularmente en los casos de violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes. En este panorama, no resulta claro si estas debilidades del sistema de justicia obedecen a fallas estructurales o a una manipulación del derecho penal.

Otro tema importante en cuanto a los derechos civiles y políticos, es que, en los últimos años, hemos sido testigos de los actos de violencia que se comenten contra los periodistas cuando estos desarrollan sus funciones, las cuales garantizan la libertad de prensa. Estos hechos son perpetrados por personas civiles y autoridades públicas, quienes vulneran los derechos humanos y por ende el sistema democrático. Lo más grave de la situación es que existe una tendencia a que estos actos queden en la impunidad, debido a la inactividad o a la falta de impulso procesal de los órganos llamados por ley a actuar, léase Órgano Judicial, Fiscalía y Policía. El caso emblemático de Las Londras se investiga por el ataque armado, secuestro y tortura del que fueron víctimas periodistas, policías y civiles, el 28 de octubre de 2021, en la estancia Las Londras del municipio de Guarayos, en Santa Cruz. Otro hecho relevante es lo ocurrido durante el paro ciudadano del 22 octubre de 2022, en el que un grupo de personas agredió de forma brutal al periodista de la Red Unitel, Mario Rocabado, en La Guardia, y así sucesivamente se están dando casos de violencia contra comunicadores en todo el país.

Pasemos a categorías de los derechos económicos, sociales y culturales: el derecho al trabajo, al salario, al descanso y a la seguridad social. Es así que los artículos 23 y subsiguientes de la Declaración Universal de Derechos Humanos estipula: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho a la educación y a la salud, entre otros”.

Me avocaré a analizar solamente el derecho a la educación en el informe de Derechos Humanos. El Comité señala, en las observaciones que realiza al Estado Plurinacional, que las implementaciones de subsidio de permanencia de los bonos escolares creados en 2006, son un avance positivo (Juancito Pinto). Pero, no obstante, ve como preocupación el limitado acceso a la educación que tienen los grupos vulnerables y marginados, en particular los indígenas y el alto índice de analfabetismo entre la población mayor. El Comité observa con preocupación que esta situación afecta sobre todo a las niñas y a las mujeres.

Hace unas semanas, el diario El Deber publicó unos datos relacionados a la educación boliviana, y que deben preocupar: en Bolivia se han encendido las alarmas tras la noticia de que solo ocho de 100 estudiantes de sexto grado comprenden lo que leen. El revelador y preocupante dato fue divulgado por maestros urbanos durante el Congreso Plurinacional de Educación realizado en Tarija. “Esto es realmente grave”, exclamaron dirigentes del sector, tras conocer el preocupante diagnóstico y propusieron implementar un plan quinquenal que se enfoque en alcanzar y reforzar metas básicas en la etapa de aprendizaje del estudiante, como la comprensión lectora, el razonamiento verbal y matemático, además de la escritura correcta. https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/cara-a-cara_393663

Lo que ya era una verdad a voces, acerca el estado de la educación boliviana, la misma se encuentra atravesando los peores momentos, los estudiantes llegan a la universidad con un bajo nivel de comprensión de lectura, de análisis, falta de conocimientos previos, etc. Conscientes que la educación desempeña un rol importante en el desarrollo de las personas y también es indispensable para el desarrollo de la sociedad, ya que ha mayor conocimiento mayor posibilidad de desarrollo del país, por lo tanto, se debe mejorar la calidad de la educación, entre otros aspectos.

De esta pincelada de derechos analizados no encontramos en una situación crítica de constante vulneración de derechos humanos, que son esencial en la vida del ciudadano/a boliviano, como también son indicadores desarrollo del Estado constitucional de derecho.

*La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360