Presumen que el enriquecimiento ilícito denunciado contra el exministro Lisperguer y su asesor inició en 2021

De acuerdo a la denuncia presentada por el Viceministerio de Transparencia, el 3 de enero, el exministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer y su asesor jurídico, Gabriel Delgado, iniciaron un presunto enriquecimiento ilícito en 2021, cuando ya eran funcionarios en cargos menores, pero hasta 2024 lograron adquirir vehículos, departamentos y terrenos, cuyo valor está por fuera de su perfil económico.

Al margen de las propiedades, informes bancarios revelan que ambos recibieron depósitos de montos elevados, por parte de otros funcionarios. Se investiga como sospechoso, el hecho de que no se conoce el origen del dinero y el motivo de la transacción.

“La investigación comenzó en octubre más o menos del año pasado, tiene un proceso de confirmación, tiene un proceso de recolección de información y con la seriedad que amerita este tipo de informes, una vez que pasa por esos controles y revisiones correspondientes, y amerita la presentación al Ministerio Público, se hace la denuncia respectiva”, explicó el ministro de Justicia, César Siles, en una entrevista con radio Erbol.

Datos

Según la denuncia, entre 2021 y 2024, Lisperguer, quien ocupó la Dirección de Ríos y Cuencas, además del Ministerio de Medio Ambiente, adquirió nueve propiedades, entre departamentos y casas, en el departamento de Cochabamba.

Recordemos que su salario en el primer cargo, como director, era de 19.535 bolivianos, mientras que, desde el 5 de marzo de 2024, cuando asumió como ministro, su salario se incrementó a 21.556 bolivianos.

Recibió 14 depósitos bancarios, sospechosos, de funcionarios públicos y acumuló 1.300.000 bolivianos en sus cuentas bancarias.

Los delitos por los que es investigado son enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes.

De manera extraoficial, se conoce que varios de los departamentos que aparecieron a nombre de Lisperguer, que no fueron reportados en su declaración jurada, se deben al fraccionamiento de una propiedad. Es decir, la construcción de un edificio, dividido en varios departamentos.

Ayer, de manera sorpresiva, luego de que se cocieron los primeros detalles del caso, el presidente Luis Arce definió destituir a Lispeguer, para que este asuma defensa de manera independiente.

Los depósitos

“Del análisis realizado a las dos cuentas bancarias vinculadas con el denunciado se llegaron a identificar depósitos y/o transferencias realizadas a su favor por terceras personas, durante el periodo sujeto a investigación, dichas operaciones financieras se encuentran fuera del perfil económico del denunciado, por la suma total de Bs. 1.110,270,48 (un millón ciento diez mil doscientos setenta 48/100 bolivianos), debido a que de la información remitida por el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) y el Servicio de Impuestos Nacionales se evidencia que el denunciado no cuenta con una segunda actividad lícita la cual le genere estos ingresos extras”, señala el documento de denuncia ante la Fiscalía.

El documento señala que en una cuenta del Banco Unión se realizaron 35 depósitos que suman 778.277 bolivianos, por parte de 14 personas particulares y 21 funcionarios de al menos seis carteras de Estado: Servicio General de Identificación Personal (Segip), Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Del cuadro que antecede, se identifica que el denunciado a través de depósitos y/o transferencias realizadas por terceras personas percibió a su favor la suma total de Bs 778.277,48 (…) Cabe señalar que esta suma se encuentra fuera del perfil económico del denunciado (…) no se llegó a comprobar que el denunciado realice una segunda actividad lícita la cual le pudiese generar estos recursos extras”, concluye otra parte del documento.