Cuatro protestas evistas terminan con detenidos y sin lograr sus objetivos

Desde mayo de 2024 hasta este enero, el sector afín al expresidente del MAS, Evo Morales, protagonizó cuatro movilizaciones, sin lograr sus objetivos políticos; en cambio, las movilizaciones han dejado como saldo decenas de personas heridas, procesadas, arrestadas y encarceladas, por incurrir en presuntos actos terroristas, como se afirma desde el Gobierno.

La primera movilización en la que militantes evistas resultaron agredidos y arrestados fue en mayo de 2024, durante la organización del congreso del MAS “arcista”, en la ciudad de El Alto. Fue durante ese evento que se aprehendió a un grupo que trató de impedir que dicha concentración se realizara.

Además de petardos, en los celulares de dos mujeres se hallaron conversaciones en un grupo de WhatsApp, en el que participaba, supuestamente, Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia. En los chats, según la Policía, se mostraba una especie de plan, con el fin de evitar que se concretara ese congreso, en el que posteriormente se declaró que Evo Morales era removido de la presidencia.

La segunda acción “evista” fue la que el 23 de septiembre arribó a La Paz, luego de una semana de caminata, y terminó con varios procesados por desmanes y enfrentamientos con “arcistas” y policías. Esta movilización fue calificada por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, como la “Marcha de la muerte”.

“La dictadura de Arce Catacora convirtió las sedes sindicales en cuarteles policiales y dividió a las organizaciones”, dijo Evo Morales, expresidente del MAS.

Su demanda era protestar por la crisis económica, pero en el fondo también pretendía que se reconociera a Morales como único candidato a la Presidencia, por el MAS, para las elecciones generales 2025. Si bien siempre hubo ataques de los “evistas” contra la prensa, esa marcha terminó con 23 periodistas agredidos en diferentes circunstancias.

La tercera protesta, que fue masiva, se dio en octubre, con un bloqueo en el Trópico de Cochabamba, que paralizó el paso por la principal vía que une el oriente con el occidente del país. La movilización se inició cuando se conoció que la Fiscalía de Tarija había emitido una orden de aprehensión en contra de Morales, por el delito de trata y tráfico de personas, y estupro.

Fue solo unos días después de ese hecho que, en un operativo fallido de la Policía, se disparó contra el vehículo del expresidente Evo Morales, en el municipio de Villa Tunari, cuando se lo intentó aprehender, según la denuncia de los “evistas”.

Luego hubo nuevos enfrentamientos entre “evistas” y efectivos policiales, con saldos de heridos graves, por detonaciones de dinamita y hasta linchamientos.

Producto de estos hechos violentos, incluido el allanamiento a cuarteles y el secuestro de personal militar, se iniciaron procesos penales por terrorismo contra los dirigentes; dos de ellos fueron capturados y ahora están detenidos en la cárcel de San Pedro. Se trata de Ramiro Cucho, líder del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq); y Humberto Claros, de la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).

Por el mismo caso están prófugos Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia, y el dirigente Ponciano Santos. No se conoce si Morales también es procesado por estos hechos.

La cuarta movilización se dio la pasada semana, que terminó con el arribo de una segunda versión de la Marcha por Bolivia, que esta vez llegó a La Paz sin Evo Morales, el 13 de enero, un día antes de que se diera una audiencia cautelar contra el dirigente, por el proceso de trata de personas. Ya en la sede de Gobierno y durante los enfrentamientos con la Policía en La Paz y Cochabamba, se aprehendió a 41 personas.

“Denuncio ante el mundo que en Bolivia rige una tiranía fascista que usa a la Policía para reprimir al pueblo. Hermanos campesinos —elegidos legítima y democráticamente—, que intentaron recuperar su sede sindical en Cochabamba, fueron brutalmente gasificados y heridos. La dictadura de Arce Catacora convirtió las sedes sindicales en cuarteles policiales y dividió a las organizaciones interviniendo congresos, gasificando e imponiendo dirigentes serviles”, publicó Evo Morales, el 14 de enero, en sus redes sociales.

En contraparte, para las autoridades de seguridad del Ejecutivo, se trata de grupos violentos que pretenden dejar en la impunidad a Morales, quien debe afrontar una investigación por trata y tráfico de personas, y estupro cometido en 2015, cuando él aún era presidente. Su víctima sería Cindy Saraí, una joven que entonces tenía 15 años y quien nueve meses después concibió una hija que fue registrada con el apellido del exmandatario.

Visión 360 buscó la versión jurídica de la supuesta persecución judicial en contra del sector “evista”; sin embargo, los abogados del denominado “Equipo Jurídico del MAS”, Carlos Salguero, Cecilia Urquieta y Vladimir Ochoa, se negaron a dar información de cualquier tipo. Argumentaron que estaban en reuniones y que no conocían a detalle los casos.

Para la jefa de la bancada del MAS del ala “evista”, Gladis Quispe, ese sector es víctima de un Gobierno que no reconoce a los militantes que en 2019 salieron a convulsionar el país en rechazo a la renuncia de Morales y que en 2020 hicieron campaña para dar la victoria electoral al entonces postulante Luis Arce, hoy presidente del Estado.

“Vivimos un estado de terrorismo, en el que el Gobierno implanta miedo, zozobra, terror, al realizar este tipo de persecución, aprehensiones ilegales, indebidas contra estos hermanos. (Los evistas) no son delincuentes, no son terroristas”, afirmó Quispe, el miércoles en puertas del penal de San Pedro.

En esa jornada salieron de la cárcel tres personas, dos madres de familia y un varón, quienes habían sido encarcelados y procesados por presunto terrorismo, durante anteriores movilizaciones “evistas”. El abogado Ochoa afirmó que en el país hubo hasta 200 “evistas” detenidos, pero no dio detalles sobre el tiempo en el que estarían encarcelados, los delitos que les atribuyen o cuántos procesos hay en su contra, por lo que el dato no pudo ser corroborado ante la Policía y el Ministerio Público.

Quispe también hizo referencia a los 41 aprehendidos del 13 y 15 de enero, en La Paz y Cochabamba, cuando sus movilizaciones fueron contenidas por las fuerzas policiales. En la disputa, los “evistas” detonaros cachorros de dinamita, lanzaron piedras y palos, además golpearon con látigos a los uniformados.

“Hemos presenciado actos de violencia protagonizados por grupos afines a Evo Morales, quienes intentan defender la impunidad en casos de delitos sexuales contra menores. Estos sectores, lamentablemente, han recurrido a la violencia desde la madrugada, atacando a civiles y efectivos policiales. En Cochabamba, los incidentes dejaron 21 personas arrestadas, un trabajador de la prensa herido y daños en una patrulla policial. En La Paz, intentaron ingresar por la fuerza a la plaza Murillo, siendo detenidos por la Policía Boliviana. También resultó herido un periodista y se reportaron dos personas arrestadas”, aseveró el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

32 periodistas fueron víctimas de agresión, desde mayo de 2024, por parte de grupos violentos identificados con el sector del MAS que defiende a Evo Morales. 

Advirtió que el Gobierno enfrentará con firmeza “estos actos que buscan generar impunidad, caos y desestabilización”.

El diputado “evista” Renán Cabezas contradijo las declaraciones de Ríos. Aseguró que durante los enfrentamientos de los últimos días hubo enfrentamientos entre grupos armados, pero que estos serían afines al “arcismo”, y que la Policía solo aprehendió a “evistas” inocentes.

“Tenemos un Gobierno que se lava las manos en los sectores movilizados. El martes he sido testigo que grupos de choque del gobierno de Luis Arce, armados con petardos de alto calibre, fueron a disparar a la Policía y no eran parte de nuestro movimiento”, manifestó Cabezas.