Ven que el TCP vive un momento “oscuro”; en su lista tiene siete fallos polémicos

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), considerado una especie de “guardián” de la Constitución Política del Estado (CPE), atraviesa actualmente un momento “oscuro”, ya que, según especialistas, se ha convertido en un instrumento del poder político desde el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). En su historial de fallos figuran siete decisiones que generaron polémica, algunas de las cuales incluso beneficiaron directamente al propio tribunal.

“Estamos viviendo un momento oscuro en cuanto a la seguridad jurídica que debemos tener en nuestro país. Y al vivir un momento oscuro, le estoy diciendo que está en absoluto peligro nuestro Estado democrático, social y de derecho en el que vivimos”, aseguró Abel Loma, abogado constitucionalista.

Según una revisión que hizo Visión 360, existen siete fallos polémicos de esta institución. El primero es la suspensión de las elecciones judiciales a los cargos del TCP en cinco departamentos: Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando y Tarija y de igual modo para los cargos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando. El segundo es  la validación del congreso del MAS que realizó el ala “arcista” en El Alto, con lo que Evo Morales dejó de ser presidente del instrumento político.

El tercero se refiere a la declaración de improcedencia que hizo de la solicitud de constitucionalidad de las tres preguntas planteadas por el presidente Luis Arce para el referendo sobre la subvención de los carburantes y la reelección presidencial. El cuarto se refiere a la declaración de nulidad de la convocatoria y sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) del 6 de junio de 2024, presidida por Andrónico Rodríguez, en la que se aprobó el cese de los magistrados autoprorrogados, la ley de amnistía e indulto y un contrato de préstamo de 176 millones de dólares; no obstante, la nulidad solo alcanzó a la Ley 075 de cese de magistrados.

El quinto fallo es el que prohíbe la repostulación por más de dos veces de forma continua o discontinua a la Presidencia, Vicepresidente y a cargos en el Legislativo y Judicial, con lo que se ratificó la inhabilitación de Morales a una nueva candidatura presidencial en 2025.

Como sexto fallo, la Sala Plena del TCP, en diciembre de 2023, resolvió que las actuales autoridades judiciales permanezcan en sus cargos hasta que se realicen las elecciones judiciales. Respecto al séptimo,  una Sala Constitucional, dependiente del TCP, falló a favor de que los ministros de Estado no puedan ser interpelados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con lo que cercenó la función fiscalizadora del primer  órgano del Estado.

Además, en la última semana, el TCP informó que admitió tres  recursos relacionados con las elecciones, pero explicó que no emitió ninguna medida cautelar, por lo que el calendario electoral continúa sin alteraciones.

Yván Espada, decano del TCP,  aseguró “que no se dispuso concesión de medida cautelar que frene o altere el proceso electoral, es decir el proceso electoral continuará sin modificación”.

Según el decano, los tres recursos, que son de inconstitucionalidad, fueron planteados por el diputado Israel Huaytari sobre paridad de género en el binomio presidencial; los legisladores Patricia Arce y Jairo Guiteras sobre que los extranjeros nacionalizados bolivianos pueden ser elegibles en comicios; el diputado Miguel Roca en relación con la postulación directa de los pueblos indígenas en las elecciones  generales.

Espada recordó que el 24 de abril en reunión con el presidente  del Tribunal Supremio Electoral (TSE) y los vocales  se reafirmó el compromiso asumido el pasado 16 de enero para llevar a un buen término las elecciones de agosto.

Loma recordó que el TCP tiene tres funciones esenciales: la primera es conocer las acciones tutelares de defensa; la segunda, ejercer un control normativo, es decir, que las leyes estén acordes con la Constitución; y la tercera, dirimir aspectos competenciales en relación con las jurisdicciones, tales como la agroambiental, indígena u ordinaria.

Estas funciones, dijo el experto, nada tienen que ver con el ámbito político. Sin embargo, se han tenido fallos “tan polémicos” que dan cuenta que el TCP se ha convertido en una herramienta del poder político para gobernar,  y ahí perdió su naturaleza.

Según el abogado constitucionalista, al menos son cuatro los factores que intervinieron para que esto sucediera. La errónea política de elección de magistrados es uno de ellos, que se presta al “pago de favores” y a establecer vínculos políticos. Como es el Gobierno que los ayuda a ser seleccionados, estos una vez en el cargo fallan favoreciéndolo.

Un segundo factor es que existe una absoluta manipulación del Gobierno para tratar de tener gobernabilidad, como es la sentencia dictada por el juez Israel Campero, que anuló la censura a los ministros. “Hoy las sentencias son amañadas, serviles y direccionadas, para justamente favorecer al poder político”, señaló.

La existencia de cinco magistrados autoprorrogados es un tercer factor, según Loma. Estos no quieren dejar el cargo, pese a que saben que a futuro tendrán problemas por su accionar.

El cuarto factor, indicó el experto, se refiere a la “antojadiza” y “tendenciosa” aplicación de la justicia constitucional. “Esto nos genera inseguridad jurídica y esto es otra causal o consecuencia de que tengamos una justicia constitucional en absoluta decadencia”, dijo.

La senadora Silvia Salame, de Comunidad Ciudadana (CC) y exmagistrada del TCP, dijo que a partir del gobierno de Evo Morales, “que nombra por decreto a los magistrados” prácticamente la justicia constitucional viene a ser un apéndice del Órgano Ejecutivo, hasta que el país llega a las elecciones judiciales, las dos primeras (2011,2017) “un fracaso total”, porque estuvo ausente la meritocracia. “Fue prácticamente una componenda política”, indicó.

Agregó que termina politizándose la justicia y judicializándose la política con “terribles” efectos para el país.

Para Loma, la solución a esta situación pasa por una independencia judicial, el sometimiento constante a exámenes de competencia y la institucionalización que significa que haya una carrera judicial, aspectos que no tienen que ver con una elección judicial como la que ahora está vigente en el país. 
“Las elecciones son una decisión absolutamente equivocada. Nos hemos aplazado, otros países lo han intentado y ha sido un fracaso. Entonces, lo que debemos hacer es recurrir a que haya una escuela de jueces, por ejemplo”, argumentó el jurista.

Salame compartió el criterio de Loma y reafirmó que se necesita volver al sistema de la meritocracia para la elección de magistrados y así dejar de lado el sistema de elección popular, en el que realmente el ciudadano no elegie al magistrado, solo vota sobre una selección de nombres que antes trabajó la Asamblea, que más bien liquida prácticamente la independencia.

La senadora dijo que ahora se tiene un TCP “híbrido”, formado por un lado por cinco magistrados “chutos” y cuatro electos, fruto de las elecciones parciales de diciembre de 2024. Agregó que lastimosamente, en este tema también tiene responsabilidad la Asamblea, ya que no brindó elementos y herramientas para que los magistrados electos pudieran trabajar de manera directa.

En ese marco y con el propósito de evitar problemas a la siguiente Asamblea, indicó que trabaja en un proyecto cuyo objetivo es abrir la Constitución para efectuar la modificación de la forma de elegir a los magistrados.

Sobre la propuesta efectuada por el precandidato a los comicios generales del 17 de agosto, Samuel Doria Medina, de realizar un referendo para eliminar el TCP, como institución, tanto Loma como Salame consideraron, por separado, que no es una idea acertada.

En criterio de Loma, la tendencia desde los años 40 y 50 del siglo pasado, a partir del pensador Hans Kelsen, es contar con un “contralor” de la Constitución, lo que es el TCP; esta idea fue acogida por los Estados modernos por lo que sería “un retroceso” borrar al Tribunal Constitucional Plurinacional de la instancia contralora de la Carta Magna, tarea que también la ejerce la Asamblea Legislativa.

Salame dijo que la solución a la crítica situación del TCP no es hacer desaparecer la institución, porque si no, muchas otras deberían eliminarse y no es ese el camino; además, porque no es la institución como tal la que está mal, sino las personas que la manejan.

Loma puntualizó que los fallos del TCP son inapelables en la vía nacional, por lo que las partes que se sienten agraviadas con alguna sentencia o resolución pueden acudir a la justicia internacional y presentar su queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), pero ya no contra una sala constitucional o el TCP, sino en contra del Estado boliviano.

Ante las críticas, en 2024, el TCP, liderado por Gonzalo Hurtado, señaló que se trata de una campaña de desprestigio impulsada por actores políticos.

Tribunal Constitucional, tras crearse, fue hostigado y atacado “con saña”

E l Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en sus inicios se denominaba Tribunal Constitucional (TC). Fue creado mediante la reforma constitucional de 1994 y comenzó sus actividades en 1999. En la Carta Magna aprobada en 2009 se establece que es un órgano independiente del Estado y autónomo; entonces toma el denominativo de plurinacional.

No obstante, cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) llegó al Gobierno, en 2006, no tuvo reparos en descalificar a la institución y a sus primeros magistrados. Hubo un ataque que no solo consistió en hostigamiento político y agresiones de “grupos de choque”, sino también en el inicio de juicio de responsabilidades, según los especialistas.

Silvia Salame, exmagistrada y actual senadora por Comunidad Ciudadana (CC), manifestó que “actuaron con saña”. “Yo estaba de magistrada, fue muy terrible, los mineros fueron a dinamitar el edificio, procedían con insultos, y posteriormente hubo muchísimos juicios de responsabilidades”, indicó.

Mencionó que rebajaron los sueldos a los integrantes del tribunal en un 49%, lo que ocasionó que muchos magistrados dejaran sus funciones, porque se les dificultó mantenerse económicamente.
Una vez que renunciaron los magistrados titulares, asumieron los suplentes, los que al final también decidieron retirarse.  “Fue una conjura contra todo lo que fue el sistema judicial”, consideró la legisladora.

En una primera etapa, el TC centró sus mejores esfuerzos en asentar los principios y valores constitucionales, haciendo una interpretación correcta de derechos y libertades fundamentales.

Salame dijo que “el Tribunal Constitucional en Bolivia le lavó la cara a la justicia”, porque el primer Tribunal Constitucional de Bolivia “fue histórico”,  fue un tribunal que estaba compuesto de juristas de alto nivel y esos crearon una doctrina constitucional.

De acuerdo con el abogado constitucionalista Abel Loma, en sus inicios esta institución estaba integrada por notables personalidades, que “nos han regalado sentencias riquísimas, completas e independientes del poder político”.

El TCP es una institución que nace en todo el mundo con el objeto de garantizar el ejercicio real de los derechos humanos de las personas.

Senadora presenta demanda penal contra magistrados autoprorrogados

Luego de algunos intentos por aprobar un juicio de responsabilidades en contra de los magistrados autoprorrogados, los cuales fracasaron por el freno que le pusieron en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la senadora Silvia Salame, de Comunidad Ciudadana (CC), presentó una demanda por la vía ordinaria contra las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que se aferran a sus cargos.

“Yo he presentado hace aproximadamente 20 días una denuncia penal en la vía ordinaria, como para cualquier delincuente”, confirmó la legisladora.

Salame explicó que está a la espera de que su demanda sea admitida por el Ministerio Público y se inicie la investigación pertinente.

Señaló que los principales delitos por los que acusó a los magistrados autoprorrogados es usurpación de funciones y falsedad material, aunque sin duda hay otros más de orden común.

La denuncia de la senadora hace referencia a la sentencia que declara nula en parte la sesión de la Asamblea que dirigió en junio del año pasado, Andrónico Rodríguez. El TCP, en esa resolución, anuló una ley que les cesaba del cargo, pero sí dio por válido un crédito de 174 millones de dólares, aprobado en la misma sesión.

Salame explicó que los magistrados, además de ejercer funciones que ya no les competen porque su mandato feneció en diciembre de 2023, alteraron los registros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Esa sentencia lleva la fecha de 27 de diciembre del 2024. Si era real la fecha, tenía que tener la firma de los nueve magistrados truchos, no de cinco. Este aspecto evidencia que no existía”, dijo la senadora.
En criterio de Salame, la sesión de junio fue legítima porque Rodríguez tenía competencia, debido a que la Constitución dice que cuando el presidente del Estado tiene una ausencia temporal, asume la Presidencia el vicepresidente. Entonces, en nuestro modelo, el vicepresidente es presidente de la Asamblea Legislativa.

“Imagínese, inclusive están vulnerando la norma. El juez tiene que ser independiente. El juez no puede fallar para sí mismo”, dijo, debido a que el fallo que dictaron los autoprorrogados, que ahora es cuestionado, los beneficiaba directamente a ellos.

“Las elecciones son una decisión absolutamente equivocada. Nos hemos aplazado; lo que debemos hacer es que haya una escuela de jueces”.
ABOGADO ABEL LOMA, CONSTITUCIONALISTA

“Actualmente se tiene un TCP híbrido  formado por un lado por cinco magistrados  chutos  y cuatro electos de las elecciones parciales de 2024”. 
SENADORA SILVIA SALAME, SENADORA DE CC