El 66% de los incendios forestales de 2024 fueron provocados de forma malintencionada, hoy recomiendan incidir en la prevención

El 66% de los incendios de 2024 fueron provocados de forma malintencionada, según una investigación realizada por la Fundación Tierra, desde donde se afirma que, pese a algunos esfuerzos locales por prevenir y mitigar la ocurrencia de este tipo de eventos, la magnitud de los incendios de 2024, alimentados por la falta de recursos, la falta de acciones preventivos e intereses personales de algunas autoridades, rebasó todo lo logrado.

"La mayoría de las zonas o puntos de origen del fuego están situados en tierras y bosques sin uso ni manejo planificado del fuego. Pr lo general, es la frontera agrícola donde se mezclan las áreas recientemente desmontadas y zonas boscosas. Las líneas divisorias son difusas y casi imperceptibles en terreno, siendo más bien espacios grises donde coexisten distintos tipos de intervención humana, como parcelas desmontadas, áreas ganaderas, áreas de asentamientos de comunidades, bosques de uso restringido, entre otros", señala el informe de investigación: "Incendios Forestales 2024 - Tras las huellas del fuego" elaborado por la Fundación Tierra.

El investigador Gonzalo Colque señaló que el 95% de los incendios de 2024 fue provocado por la mano del hombre, de este total, el 34% tiene que ver con quemas agropecuarias y el 66% fueron "quemas malintencionadas".

"Lamentablemente, las autoridades locales no tienen recursos y no hacen trabajo preventivo y también existen conflictos de interés. Esto finalmente es un cálculo de costo – beneficio, quienes queman tiene beneficios económicos y, en algunas regiones las autoridades están implicadas", señaló Colque.

Tras el análisis, la institución concluye que la pausa ecológica determinada en 2024, en plena época de incendios, “no ha tenido resultados concretos, es más, el Ministro de Medio Ambiente ha anunciado que la van a levantar”, reflexionó el director de la Fundación, Juan Pablo Chumacero, quien agrega que, a la fecha, no hubo un consenso para derogar el paquete de leyes incendiarias, no se elaboró una norma  nacional que encare los incendios y tampoco las peticiones de sectores afectados son escuchadas por las autoridades.

Ante la necesidad de un cambio radical que permita prevenir y evitar el retorno de los incendios forestales, Chumacero afirma que se requiere un cambio político y normativo, a largo plazo, y a corto plazo, que se implementen acciones y un marco normativo contundente para prevenir este tipo de emergencias.

“Además, es necesario precisar las áreas neurálgicas de origen del fuego e iniciar acciones preventivas estratégicas, principalmente en la frontera agrícola, en áreas atravesadas por carreteras, y en estas zonas hay que establecer las acciones preventivas, antes de los incendios y deben tener involucrar a los actores locales”, señaló Chumacero.

A ello, agregó que es esencial hacer una auditoría técnica a las autorizaciones de desmonte para uso de suelo y para cambio de uso de suelo, que terminan convirtiéndose en áreas agrícolas o desvirtúan el uso de suelo en los bosques.

También, dijo que hay que exigir una auditoría al Instituto Nacional de Reforma agraria (Inra) sobre una serie de asentamientos otorgados en tierras fiscales

“Tienen que demostrar el uso sostenible de esas tierras, cómo se obtienen esos derechos, si son gente que reamente necesita tierras o son traficantes de tierras y determinar esas malas prácticas. En la investigación se determina que las TCO son víctimas del desastre ambiental, pero también hay que ver que se dan derechos a terceros, a comunidades interculturales, a menonitas, a privados, en diferentes formas, y esta gente que no tiene derecho propietario no cuida el bosque, más bien lo desmonta”, señaló.

Finalmente, como parte de las recomendaciones de la Fundación, Chumacero señaló que es esencial identificar que estas herramientas de usos de suelo son vulnerables, “es preciso desarrollar elementos zonificación ecológica, ver dónde ampliar la frontera agrícola, dónde aplicar la agricultura mecanizada, dónde habilitar tierra pastoril, sistemas agroforestales y esta reclasificación debe estar acorde a la realidad del país”.

Hay acciones, pero…

Por un lado, según Colque, la falta de recursos en comunidades o municipios locales, hacen que los recursos con que disponen estas administraciones sean limitados para afrontar los incendios forestales, cuando se inicia la emergencia.

A ello se suma la falta de prevención y las  pocas acciones que realizan los diferentes niveles de Gobierno para evitar los incendios.

Por otro lado, sin embargo, Chumacero destaca casos de iniciativas locales específicas, con grupos de voluntarios y de gente preocupada por afrontar el tema, con apoyo de la cooperación y organizaciones no gubernamentales (ongs), que han tomado acciones, “pero es evidente también que en desastres como los del año pasado no hay acción local que pueda enfrentar la enorme dimensión de los incendios”, dijo Chumacero.