Medidas de ajuste estructural

Prontos a votar en la segunda vuelta para la elección presidencial, nuestro país se encuentra sumido entre dos propuestas antagónicas en materia económica; una que pretende implementar un ajuste estructural de la economía nacional, similar al establecido entre los años 80 y 90, bajo lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), y la otra que es contraria a la implementación de medidas establecidas por el citado organismo financiador, que promueve el “capitalismo para todos”.   

En general, la implementación de medidas de ajuste estructural, avaladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), procuran la instauración de políticas que tienen como objetivo la estabilidad financiera y monetaria, esenciales para alcanzar el bienestar económico, mediante la implementación de los Programas de Ajuste Estructural y las Medidas de Estabilización Económica, en el marco del “Consenso de Washington”.

El Programa de Ajuste Estructural promueve, entre otros, comprende la liberalización de las barreras arancelarias, fomenta y protege la inversión privada, principalmente la inversión extranjera directa, pretende liberalizar el tipo de cambio, lo cual implicaría una devaluación de la moneda, y la privatización de las empresas públicas, vale decir la reducción del estado y la desregulación de la economía.

Entre las Medidas de Estabilización Económica se encuentran la reducción del gasto mediante la eliminación de las subvenciones, la reducción de los salarios y el despido de servidores públicos. Asimismo, implican una reforma tributaria, vale decir el incremento de impuestos, así como la restricción al acceso a créditos, evitando que las personas y empresas se endeuden.

En este contexto, el financiamiento externo para solucionar la coyuntura que atraviesa nuestro país podría viabilizar la llegada de divisas a la economía nacional. Esta propuesta tiene como base la negociación de un crédito de 12.000 millones de dólares que serían financiados por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) u otro organismo financiador. A su vez, se plantea un plan de austeridad que incluye la reducción de gastos estatales para lograr un ahorro de unos 3.500 millones de dólares.

Uno de los primeros efectos de la implementación de este tipo de medidas sería el incremento de la deuda externa, la cual, a junio de la presente gestión, llegó a 13.806 millones de dólares, representando aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto (PIB). Si la negociación con el FMI llegará a concretarse, se sumarian los 12.000 millones de dólares de deuda externa alcanzando un total de 25.806 mil millones de dólares aproximadamente, lo cual representaría algo menos del 50% del PIB, con el consecuente incremento de la carga financiera y el pago del servicio de la deuda, que incluye los intereses más el capital, recursos que habría que restituir al organismo financiador en el periodo y la forma de repago pactada.

La reducción del gasto, que está contemplado dentro de las medidas de estabilización económica, implicaría la eliminación de las subvenciones a la gasolina y el diésel, el cual tendría un impacto social desmedido debido al efecto multiplicador de los precios que esto podría representar, sin mencionar el impacto de la eliminación de otro tipo de subvenciones que se aplican en la actualidad, así como los bonos. La reducción de los salarios y el despido de servidores públicos, supone una reducción del gasto y del estado, no obstante, hay que considerar el impacto social que esto representaría ya que incrementaría el desempleo y la consecuente reducción del consumo, factor importante en el crecimiento de una economía.

En el caso de la devaluación del tipo de cambio, también afectaría en demasía a la población debido a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional que, sumado al incremento de precios, de dos dígitos porcentuales registrado durante la presente gestión, representarían un verdadero atentado a la seguridad alimentaria de la mayoría de los bolivianos.   

Este tipo de medidas de ajuste estructural ya se implementaron en nuestro país; así, el año 1985 se despidieron a más de 23.000 mineros, fabriles y otros obreros bajo la controvertida “relocalización”, que en definitiva no funcionó, con la consecuente migración interna a las ciudades en busca de trabajos a los cuales no estaban acostumbrados o la migración externa a otros países de la región, incrementándose la pobreza extrema. A su vez, los efectos nocivos de la privatización, disfrazada de “capitalización”, de las empresas estatales, incluidas las estratégicas, produjo el incremento de la inversión extranjera directa a finales de los 90, pero a un costo muy alto, ya que se sacrificó el patrimonio del estado, es decir, la propiedad de toda la población.       

Si bien, sólo se presentaron algunos efectos que se podrían generar con el establecimiento de programas de ajuste estructural y medidas de estabilidad económica, es necesario que se evalúe el impacto social que esto podría representar. La historia de nuestro país, sumado al contexto que viven países vecinos, nos muestran que este tipo de medidas recaen principalmente en las espaldas de los sectores más vulnerables, los pobres, por lo que es necesario dimensionar el impacto de las mismas.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360