Baja institucionalidad de la justicia y formación universitaria del profesional abogado en Bolivia

La baja institucionalidad se refiere a instituciones o instancias débiles y frágiles debido a múltiples factores, uno de ellos es por el sistema judicial en América Latina en general y en Bolivia en particular, que se manifiesta en problemas como la falta de acceso a la justicia, la corrupción, la independencia —problema de larga data— y transparencia comprometidas, lentitud en los procesos y la falta de rendición de cuentas. Esto deteriora la legitimidad del sistema, su capacidad para garantizar el Estado de Derecho y resolver conflictos de manera equitativa, lo que genera desconfianza en la ciudadanía. 

A la crisis del Órgano Judicial, y de la justicia a nivel latinoamericano de manera general, también podemos agregar otros factores como la falta de meritocracia en el sistema de selección de los jueces —presión política en nombramientos judiciales—, falta de presupuesto, y en el caso de Bolivia la forma de elección de las altas cortes, así como la judicialización de la política con persecuciones selectivas. A todo esto, se agrega el déficit de las universidades para responder al nuevo perfil del profesional abogado.

En general, las tendencias en la percepción del Poder Judicial en América Latina muestran un escepticismo prevalente y una notable desconfianza hacia la falta de independencia e integridad judicial: En muchos países, la ciudadanía percibe una influencia de factores políticos y económicos en las decisiones judiciales, lo cual erosiona la confianza pública. “Otro factor clave es la ineficiencia judicial, que genera frustración e impunidad. En Argentina, Bolivia, Brasil y Perú, la percepción de independencia judicial es baja debido a la lentitud en los procesos y a la falta de transparencia en la administración de justicia, lo que hace que muchos ciudadanos no confíen en el sistema judicial para resolver los casos de manera justa y oportuna”. (Posenato, N. y otros, 2024, p. 16).

Debido a los factores anteriormente señalados y fundamentalmente por la debilidad y captura política de la justicia, se ha generado desconfianza en la imparcialidad y efectividad del Órgano Judicial. Esta situación degrada la institucionalidad democrática y aumenta la percepción de injusticia y corrupción sobre el rol que desempeña este órgano, a esto se denomina judicialización de la política, perseguir al adversario político que piense diferente, lo cual a la postre es la injerencia del Órgano Ejecutivo sobre el Órgano Judicial.

Algunos autores sostienen que el problema de la justicia se agudizó por la modalidad de la elección de altas autoridades judiciales por medio del voto popular (de entre una lista seleccionada por el Legislativo, controlado en su momento por un solo partido), lo cual ha resultado en una notoria falta de independencia del Órgano Judicial, que ha sido instrumentalizado políticamente excediendo sus funciones institucionales. Esta falta de independencia, combinada con un financiamiento insuficiente del Poder Judicial, ha resultado en una situación crítica en la administración de justicia en el país, llegando a límites de inoperatividad y colapso institucional. Uno de los casos más extremos es la inhabilitación o habilitación de candidatos en las elecciones judiciales de manera incorrecta, al margen de las leyes. “La confianza en las instituciones que deberían administrar justicia ha llegado a niveles críticamente bajos, contribuyendo a la propagación de una sensación de inseguridad”. (Moreno, D., 2024, p. 19).

Otro factor bastante importante, transcendental y poco analizado es la calidad de la formación universitaria en el área de Derecho, ya que solamente una formación sólida, integral, ética y crítica de estos profesionales determinará su desempeño en el ámbito laboral, ya sea como jueces, abogados litigantes, fiscales o funcionarios públicos. Es por eso que la universidad debe estar a la vanguardia, formando estudiantes con enfoque de amplios conocimientos (tanto normativos como procedimentales), así también interdisciplinarios y éticos. La enseñanza del Derecho necesita ir más allá del conocimiento normativo, debe incorporar un enfoque interdisciplinario que permita a los futuros abogados comprender y responder a los problemas sociales con una visión ética y justa, que se ajuste a las necesidades del siglo XXI.

En Latinoamérica la malla curricular del grado en Derecho contempla asignaturas troncales como Derecho Civil, Penal, Constitucional y Administrativo, así como materias obligatorias y optativas que se desarrollan de forma progresiva. Sus características principales son la formación jurídica integral, el desarrollo de habilidades de argumentación y análisis crítico En la mayoría de las universidades latinoamericanas su duración de cuatro años más la obligatoriedad de un posgrado adicional. De los sostenido es necesario en Bolivia rediseñar la malla curricular, con un enfoque mayor sobre problemas éticos y filosóficos jurídicos. Es necesario incrementar el área constitucional, como también la investigación desde el aula con metodologías modernas e integrales, que respondan a los requerimientos concretos en la sociedad como también adquieran los estudiantes las   destrezas para que se puedan desempeñar en el sistema político con ética y pensamiento amplio y de justicia social para mejorar el sistema judicial boliviano.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360