martes 24 de febrero de 2026

Proceso

Justicia determina libertad irrestricta para Luis Fernando Camacho por el paro por el Censo

Camacho enfatizó que esta resolución le permitirá desplazarse y realizar gestiones a nivel nacional en buscar de apoyo para atender los problemas suscitados en Santa Cruz debido a las intensas lluvias.
Luis Fernando Camacho confirma el paro cívico en Santa Cruz tras la suspensión del Censo (2024). Foto: APG
Luis Fernando Camacho confirma el paro cívico en Santa Cruz tras la suspensión del Censo (2024). Foto: APG
miércoles 19 de noviembre de 2025

La justicia determinó este miércoles libertad irrestricta para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el proceso por el paro de 36 días por el Censo. Se levantan su detención domiciliaria y su arraigo.

“Una vez más vemos que la justicia sigue tomando su independencia, y sé que eso hay que destacarlo, pese a muchas ilegalidades que han ocurrido con otras autoridades”, expresó el gobernador cruceño desde Samaipata a El Deber, al término de la audiencia virtual que sostuvo.

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El gobernador enfatizó que esta resolución le permitirá desplazarse y realizar gestiones a nivel nacional en busca de apoyo para atender los problemas suscitados en Santa Cruz debido a las intensas lluvias.

“Con el caso de los 21 días (crisis de 2019) también hemos presentado la misma solicitud”, señaló, y añadió que hará lo propio en el caso del "Carro bombero" para poder desplazarse no solo dentro, sino también fuera del territorio nacional.

Este dictamen se emitió después de que Luis Fernando Camacho permaneciera privado de libertad desde el 28 de diciembre de 2022, cuando fue capturado en Santa Cruz por la crisis de 2019 y trasladado a La Paz para ser recluido de forma preventiva en el penal de Chonchocoro.

La justicia levantó su detención preventiva y dispuso una fianza de Bs 50.000, manteniendo su arraigo, además de la obligación de cumplir detención domiciliaria con salida laboral en el proceso por la crisis de 2019.

El caso del paro de los 36 días surgió a raíz de una denuncia presentada por la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, tras las movilizaciones ciudadanas que se desarrollaron en 2022 en demanda de la realización del Censo. Camacho fue acusado por presuntos delitos de terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, entre otros.