Sistema electoral- alcances en Bolivia

Las nociones de derecho electoral y sistema electoral han sido utilizadas de forma indistinta y como sinónimos en el mundo académico y político. No obstante, cabe señalar que la primera hace referencia a la dimensión normativa y la segunda a la parte institucional del hecho electoral. En este sentido, el derecho electoral es el marco normativo y el sistema electoral es el que confiere las reglas a las cuales debe ajustarse el proceso de designación de representantes políticos.

Por razones académicas se adopta la noción específica del sistema electoral, que describe el procedimiento técnico de la elección y al procedimiento mismo, a través del cual los electores expresan su voluntad política en votos que a su vez se convierten en escaños que configuran la representación y el poder público. (Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2017). Diccionario Electoral CAPEL)

Desde esta perspectiva, el sistema electoral es el conjunto de normas o reglas que posibilita la transformación de la voluntad de los electores en órganos de representación política. El sistema determina las reglas por medio de las cuales los electores pueden expresar sus preferencias políticas; así como los procedimientos diversos que hacen posible convertir los votos en escaños parlamentarios (asamblea nacional, departamental y concejos municipales) y cargos políticos unipersonales (presidente, vicepresidente, gobernador, alcalde, etc.) que configuran la representación política de los Estados multinivel en la región.

Los elementos que conforman el sistema electoral son las listas electorales, el número de escaños, la circunscripción electoral, las reglas para la distribución de escaños electorales (o la conversión de votos en escaños) y la barrera legal. Los elementos citados ejercen efectos muy importantes en el conjunto de resultados de una elección, no siendo determinantes ya  que intervienen otros factores sociales y culturales.

Ahora bien, del análisis comparado de la Constitución Política del Estado (CPE) boliviana y su legislación electoral con otras de la región, destacan dos líneas de reformas que  dan cuenta del itinerario de transformaciones inclusivas experimentadas en los sistemas electorales y normativa en algunos países de la región. Por un lado, cabe resaltar la incorporación del principio de equivalencia de la representación de hombres y mujeres, traducido en  el carácter mandatorio de la implantación de la paridad y alternancia para cargos electivos o en cuotas de participación mínima como primera fase de inclusión. La otra línea se refiere  a las medidas de acción afirmativas a favor de los pueblos y naciones indígenas históricamente excluidos de la representación política en el caso boliviano y otros países de la región.  

En el marco de estas medidas, se han producido reformas en los sistemas electorales. Es el caso de  las listas electorales, aspecto central y condición necesaria para que se produzca una elección, estas deben asegurar conformación de listas equitativas de hombres y mujeres. En Bolivia, la constitucionalización de principio de equivalencia hombres y mujeres, expresado en los artículos 26 y 11 de la CPE boliviana y el artículo 11 de la ley de régimen electoral  ha sido un hito y es una tendencia manifiesta en los textos constitucionales o en la legislación electoral en varios países de la región. Es el caso de  la Constitución Política de la República Argentina (art. 37) y en la Constitución Política del Ecuador (art. 65) al igual que en México y Costa Rica. Esta exigencia de igualdad real de oportunidades no se ve plasmada en la Constitución Política de Chile, tampoco en la de Paraguay, ni en la de Guatemala. 

La otra clave para entender la tendencia de cambios e innovaciones observado en la legislación territorial, a partir de la cual se regula la distribución los cargos de representación por la cual se reconocen circunscripciones especiales para los pueblos indígenas.  El caso boliviano es ilustrativo. Bolivia cuenta con un órgano legislativo bicameral, cuya conformación se basa en  un sistema electoral  combinado: proporcional para la elección de 36 representantes en el Senado mientras que, en la Cámara de Diputados rige desde 1997 el sistema mixto para la elección de sus 130 miembros, de los cuales 60 se eligen en 9 circunscripciones plurinominales departamentales mediante sistema proporcional y 70 electos en similar circunscripciones electorales uninominales electos por sistema mayoritario de simple mayoría de sufragios válidos. De las 70 circunscripciones, siete corresponden a las circunscripciones electorales especiales indígenas originarias campesinos (CEIOC) en las que se eligen por simple mayoría de votos, a un o una representante titular con su respectiva suplente, respetando el principio paritario  en las condiciones que fija la Constitución Política del Estado y la ley de régimen electoral  

Sin embargo, el sistema electoral boliviano contempla modalidades de elección diferenciadas de los representantes indígenas. A nivel nacional la postulación de candidaturas en  CEIOC  se realiza a través de partidos políticos o coaliciones electorales formalmente habilitadas; mientras que la elección de asambleístas departamentales de pueblos indígenas en ocho de los nueve departamentos la realizan los pueblos indígenas concernidos según normas y procedimientos propios; su postulación no es mediada por agrupaciones políticas o coaliciones en competencia por acceder al control de la gobernación y su respectiva Asamblea.

En esta línea de reformas, la  Constitución Política del Estado colombiano de 1991, en su artículo 171 incorporó dos curules especiales para las comunidades indígenas, y de manera  indirecta, a través de desarrollo normativo del  artículo 176 permitió que los afrocolombianos consiguieran garantizar dos curules especiales en la Cámara de Representantes y uno adicional  las comunidades  indígenas.

Los efectos inclusivos de las reformas electorales producidas en esta ola democratizadora se reflejan en la conformación de los órganos de representación política. Estas hacen parte de las novedades normativas vigentes o en discusión en diversos cuerpos legislativos en la región, constituyen una demostración de la capacidad progresiva de adaptación de la normativa electoral, particularmente de los sistemas electorales a las exigencias y procesos políticos de ampliación de la representación democrática en cada país.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.