lunes 23 de febrero de 2026

Legislativo

Contralora respalda ampliar plazo de permanencia de exautoridades y descarta que sea una presunción de culpabilidad

En Diputados se aprobó la ley que amplía de tres a seis meses el período obligatorio de permanencia de exautoridades en Bolivia. La norma pasó al Senado
La contralora del Estado, Sandra Quiroga, fija posición sobre ley de permanencia en Bolivia de exautoridades. Foto: APG
La contralora del Estado, Sandra Quiroga, fija posición sobre ley de permanencia en Bolivia de exautoridades. Foto: APG
viernes 06 de febrero de 2026

La recientemente designada contralora del Estado, Sandra Quiroga, consideró importante ampliar de tres a seis meses el periodo de permanencia obligatoria en Bolivia de autoridades que dejen sus cargos y descartó implique una “presunción de culpabilidad”.

“La Contraloría está analizando arduamente las rendiciones de cuentas los informes de actividades y el uso adecuado de los recursos públicos (de las autoridades que dejaron sus cargos)”, explicó en alusión a las autoridades que dejaron sus cargos el 8 de noviembre, cuando concluyó la gestión de Luis Arce y empezó la del presidente Rodrigo Paz.

En Diputados fue aprobado el proyecto de ley que amplía de tres a seis meses la obligación de las exautoridades de permanecer en Bolivia.

La ley de octubre de 2020 establecía solo tres meses de permanencia obligatoria, para que “rindan todos los informes necesarios en el marco de la transparencia, precautelando los intereses del Estado, para dar continuidad a la gestión de gobierno y evitar la impunidad ante un posible hecho o acto de corrupción”.

Su alcance llega al presidente, vicepresidente, ministros de Estado, gobernadores, alcaldes, asambleístas nacionales y departamentales, concejales y máximas autoridades Ejecutivas de las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.

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El plazo vigente de tres meses de permanencia obligatoria fenece el 14 de febrero, para las autoridades que dejaron sus cargos el 8 de noviembre de 2025, por lo que “resulta insuficiente considerando que los procesos de auditoría, revisión y evaluación de la gestión no se agotan con el cierre administrativo de una autoridad”, establece la Contraloría.

Además, consideró que “la aplicación del plazo no implica la presunción de culpabilidad, por el contrario, es una medida preventiva de carácter administrativo, orientada a garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia del control gubernamental”.

Mediante decreto presidencial, Quiroga fue designada el 4 de febrero como contralora interina hasta la designación de la titular en la Asamblea Legislativa Plurinacional.