lunes 23 de febrero de 2026

Justicia

TCP agiliza la distribución de 180 acciones tutelares para fortalecer la celeridad en la justicia constitucional

El Séptimo Sorteo de Causas del Tribunal Constitucional Plurinacional tiene el propósito de dar celeridad a la justicia en la administración de la justicia constitucional, según esa institución.
El Tribunal Constitucional Plurinacional. Foto: TCP
El Tribunal Constitucional Plurinacional. Foto: TCP

Con el propósito de dar celeridad jurídica, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) realizó el sorteo de causas y asignó 180 acciones tutelares: 90 corresponden a acciones de Amparo Constitucional y 90 a acciones de libertad, respetando el orden de prelación y los procedimientos establecidos en la normativa vigente.

El TCP, a través de una nota de prensa, informó que también se sortearon 54 recursos de queja y, por determinación del pleno, se asignaron ocho Consultas de Autoridades Indígenas (CAIS) a la magistrada Amalia Laura Villca.

El TCP informa que este es el Séptimo Sorteo Ordinario de Causas, consolidando su compromiso con la celeridad jurídica en la administración de la justicia constitucional.

Asimismo, sostiene que, a través de este mecanismo institucional, se garantiza que cada proceso sea asignado de manera inmediata y equitativa.

El sorteo de causas fue desarrollado por la Comisión de Admisión, presidida por el magistrado Boris Wilson Arias López, con la participación de la presidenta del TCP, Paola Verónica Prudencio Candia, y la magistrada Amalia Laura Villca, según la nota de prensa.

Esta actividad permitió la distribución inmediata y ordenada de procesos entre las tres Salas del Tribunal, optimizando tiempos y garantizando un flujo ágil en la atención de las causas.

El TCP considera que la realización semanal de estos sorteos permite una distribución equilibrada de la carga procesal entre las Salas, evitando retrasos y fortaleciendo la respuesta oportuna a las demandas ciudadanas.

De esta manera, la institución reafirma su labor orientada a garantizar decisiones prontas y efectivas en defensa de los derechos fundamentales.