La contratación de monitoreo de páginas y RRSS del gobierno de Paz tenía como condición la confidencialidad

El gobierno del presidente Rodrigo Paz lanzó la convocatoria para contratar a un monitoreo de páginas digitales y de redes sociales por más de medio millón de bolivianos y les exigía confidencialidad sobre su trabajo. Tras revelarse la licitación y las críticas que desató, en la noche del lunes salió a explicar la necesidad de esta herramienta de información y descartó un intento de “controlar las redes sociales”.

Sin embargo, aseguró que el “proceso de contratación mencionado ya no se encuentra vigente”, después de que el área de Comunicación Social del Gobierno dejara de depender del Ministerio de la Presidencia y pasara a la Presidencia. Empero, hasta la mañana de este martes, continuaba vigente la convocatoria en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

La licitación para contratar a una empresa encargada del “Servicio de monitoreo de redes sociales y plataformas digitales” fue publicada en el Sicoes el 19 de febrero y un día después, el 20, se publicó el decreto 5550 que une la Dirección General de Comunicación y la Vocería bajo la estructura de la Presidencia del Estado.

En un comunicado publicado pasadas las 22:30 del lunes, el Ministerio de la Presidencia asegura que “monitorear el impacto de las políticas públicas es hoy una responsabilidad ineludible del Estado moderno. El uso de herramientas tecnológicas para medir el alcance, la eficiencia y la recepción de la información gubernamental constituye una práctica estándar en gobiernos democráticos, organismos internacionales y organizaciones de escala global”.

“No se trata de ‘controlar las redes sociales’”, establece otra parte del comunicado de siete párrafos, de los cuales seis están dedicados a explicar y defender la importancia de contar con una gestión en redes sociales para “estar conectado con los problemas y aspiraciones de la ciudadanía”.

"Confidencialidad"

Según el documento base de contratación, “la empresa contratada guardará absoluta confidencialidad sobre la información relacionada con el SERVICIO, y esta no será comercializada, divulgada, utilizada o compartida sin la autorización expresa de la Unidad de Comunicación Social e Información Gubernamental del Ministerio de la Presidencia”.

Entre sus funciones están el “análisis predictivo de crisis con capacidad de anticipación mínima de entre 6 y 48 horas”, un “sistema de alertas tempranas con notificaciones automáticas ante picos de menciones negativas” e “identificación de actores relevantes, comunidades digitales e influencia”.