martes 31 de marzo de 2026

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Política contra el “Estado tranca” incorpora un catálogo nacional de trámites y le dice adiós a las fotocopias y duplicidades

El Decreto Supremo 5595 fue promulgado el lunes por el presidente Rodrigo Paz. La norma establece a todas las instituciones del nivel central iniciar un proceso de simplificación administrativa con el objetivo de reducir la burocracia, eliminar trámites innecesarios y modernizar la gestión pública en el país.
La presentación del Decreto Supremo 5595. Foto: Visión 360
La presentación del Decreto Supremo 5595. Foto: Visión 360

El lunes, el gobierno de Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo (DS) 5595, con el que se instruye a todas las instituciones del nivel central comenzar con el proceso para simplificar y reducir la burocracia administrativa, eliminar trámites innecesarios y modernizar la gestión pública en el país. La norma establece “una política pública de desregularización”.

Supresión de duplicidad

El DS establece la eliminación de los requisitos duplicados, además de realizar controles a los cobros económicos para la realización de trámites. “Recomendar la reorganización de funciones para eliminar duplicidades; requerir a las entidades públicas la justificación de necesidad económica de cualquier regularización vigente, en caso de no suficiencia, emitirá una recomendación informada que será presentada al Comité Interministerial del Programa ‘Tranca Cero’”, señala parte del artículo 8 del DS.

Sobre este mismo punto, el DS señala que los ministerios, instituciones descentralizadas, desconcentradas, autárquicas y empresas públicas no podrán solicitar una fotocopia de la cédula de identidad a los ciudadanos que requieran realizar algún trámite, según establece el artículo 15 de la norma. Incluso, los órganos Legislativo, Judicial y Electoral, así como las universidades, deberán aplicar lo señalado en el artículo, basándose en el marco de sus competencias y atribuciones.

CI y no certificado

Además, el artículo 16 señala que, en caso de que alguna institución estatal quiera corroborar la filiación, el parentesco o el origen registral de la persona, deberá exigir solamente la cédula de identidad, prescindiendo del certificado de nacimiento.

Otro eje que señala el decreto es la digitalización de los trámites, por lo que ordena a las entidades públicas implementar de manera progresiva “la digitalización, interoperabilidad y automatización de los trámites y servicios públicos como parte del Programa”, esto con el fin de desburocratizar y reducir la carga para los ciudadanos.

“Reporta tu Tranca”

Asimismo, se crea el sistema digital “Reporta tu Tranca”, que servirá como instrumento público, digital y permanente para la “recepción de reportes ciudadanos sobre trámites, requisitos, regulaciones o prácticas administrativas que generen cargas regulatorias excesivas, duplicadas, injustificadas”.

Este sistema tendrá por objeto detectar exigencias indebidas y discrecionales por parte de las entidades del Estado, además de la recopilación de evidencia de plazos incumplidos, sobrecostos y barreras administrativas.

En este sistema que será creado, se dará prioridad a los reportes realizados por los ciudadanos y, además, estos contarán con protección y confidencialidad para resguardar la identidad del denunciante y evitar represalias administrativas.

Catálogo de trámites

Además, el DS prevé la creación del Catálogo Nacional de Trámites del Órgano Ejecutivo, como registro único, público y obligatorio, lo que implica que todo trámite, requisito o procedimiento administrativo que no esté incorporado en el catálogo desde su implementación plena no podrá ser exigido, salvo aquellos que estén previstos en ley o decreto supremo y el régimen medioambiental.

Los ministerios, instituciones públicas y empresas estatales estarán “vigilados”, ya que el DS dispone la creación del Ranking de Simplificación Regulatoria del Estado, que “comparará el desempeño de las entidades públicas en materia de desregulación, simplificación y reducción de cargas regulatorias”.

La promulgación del DS 5595 se da para eliminar lo que el Gobierno denominó como “barrera burocrática”, que es “toda exigencia, requisito, trámite, cobro o procedimiento que imponga cualquier entidad pública que dificulte, obstaculice, retrase o encarezca el acceso de los ciudadanos o empresas a un derecho, servicio o actividad económica”.