Fiscalía imputa al piloto y copiloto del Hércules siniestrado y pide seis meses de detención preventiva

El piloto Erick Rojas y el copiloto Jared Ramírez, de la siniestrada aeronave Hércules C-130, fueron imputados formalmente tras prestar sus declaraciones sobre lo ocurrido el pasado 27 de febrero. La Fiscalía solicitará seis meses de detención preventiva mientras continúan las investigaciones.

El Ministerio Público inició de oficio una investigación sobre el siniestro ocurrido la tarde de aquel 27 de febrero, cuando la aeronave de transporte de carga perdió el control poco después de aterrizar y se salió de la pista del aeropuerto de El Alto, impactando contra vehículos de transporte público. El hecho dejó un saldo de 23 muertos y varios heridos.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, confirmó la resolución y anunció que en la audiencia cautelar se solicitará la detención preventiva por seis meses para ambos sindicados, según informó la agencia estatal ABI.

La imputación formal es la comunicación oficial del Ministerio Público a una persona sobre el inicio de una investigación penal en su contra. Esto implica la existencia de indicios de la comisión de un delito, lo que marca el inicio formal de la etapa preparatoria y la solicitud de medidas cautelares.

Ambos pilotos pertenecen a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Tras su aprehensión por orden fiscal, permanecieron en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la zona de Ciudad Satélite. Posteriormente, pasadas las 16:00, fueron conducidos bajo resguardo policial hasta el Ministerio Público para prestar su declaración informativa.

Una vez que declararon, la Fiscalía los imputó formalmente por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Un día antes de la aprehensión, la Junta Investigadora del accidente determinó que factores meteorológicos y humanos contribuyeron a que se registrara el siniestro de la aeronave, la cual trasladaba desde Santa Cruz a La Paz una remesa de 17 millones de piezas de billetes.

Además, el informe estableció que el accidente pudo haberse evitado si la tripulación hubiera recibido información correcta de la torre de control sobre el estado de la pista; de esa forma, el avión habría podido retornar a Cochabamba o incluso a Santa Cruz, dada la cantidad de combustible disponible.

Una audiencia de medidas cautelares, de la cual aún no se conoce la fecha, definirá si los imputados se defenderán en libertad o desde la cárcel. Mientras tanto, permanecerán detenidos en celdas policiales.

El seguro del avión cubrió tanto las indemnizaciones por los fallecidos y los costos hospitalarios de los heridos, como la reparación y reposición de los vehículos dañados. De los ocho tripulantes a bordo, uno perdió la vida.