Agropecuarios, exportadores, empresarios privados y el transporte pesado se declaran en emergencia en contra de la abrogación de la Ley 1720

Organizaciones que agrupan a los empresarios agropecuarios, exportadores y al transporte pesado manifestaron su rechazo a la gestión del Gobierno nacional de promover la abrogación de la Ley 1720, argumentando que esa medida perjudica el acceso a inversiones, la generación de empleo y afecta a miles de campesinos del oriente boliviano.

La Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas (Caniob), la Cámara de Exportadores de Bolivia (Caneb), la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones (Cadex) y la Cámara de Transporte del Oriente emitieron comunicados públicos en rechazo a que la Asamblea Legislativa abrogue esta norma.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) fue la primera organización que expresó su rechazo al acuerdo del Gobierno con la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), de gestionar ante la Asamblea esa propuesta, argumentando que el Poder Ejecutivo no puede hacerlo, porque no se encuentra entre sus competencias.

El presidente de la CAO, Klaus Frerking, pidió a los asambleístas no viabilizar la abrogación de la norma, como demanda la marcha campesina que partió desde Pando y llegó a la sede de Gobierno, el pasado lunes.

El representante de esa organización, cuestionó la posición del Gobierno del presidente, Rodrigo Paz, quien promulgó la ley en un acto realizado en Santa Cruz, y entregó el documento a los representantes de la CAO y de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, para abandonarla ahora.

“Hemos resuelto exigir al Poder Ejecutivo el retiro de todo apoyo gubernamental a la abrogación de la Ley 1720”, sostuvo el presidente de la CAO, Klaus Frerking, al advertir con “iniciar medidas de presión progresivas”, comenzando con la Asamblea de Productores fijada para 14 de mayo en Montero.

A ese pronunciamiento, se sumaron varias organizaciones afiliadas, entre ellas, la Caneb, la Caniob, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), la FEPSC y la Cámara de Transporte del Oriente, además de la Cadex.

La Caniob consideró que la intención de abrogar la Ley 1720, constituye un instrumento fundamental para fortalecer las condiciones productivas, crediticias y técnicas de los pequeños productores del país. Argumentó que esa norma “brinda seguridad jurídica y financiera, permitiendo a los productores acceder a inversiones de capital orientadas a mejorar el rendimiento por hectárea y elevar su productividad”.

Advirtió que, como actor central de la cadena de valor de las oleaginosas, cualquier intento de eliminar esta normativa pondría en riesgo la estabilidad y el desarrollo del sector agroindustrial boliviano.

Cuestionó que: “sectores minoritarios con intereses políticos pretendan impulsar medidas que frenen el desarrollo productivo nacional”, e instó al Gobierno a priorizar políticas públicas enfocadas en la soberanía alimentaria y la generación de divisas.

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La Caneb a tiempo de expresar su respaldo al sector agropecuario y forestal expresó su preocupación ante la intención de abrogar la Ley 1720 y las medidas que afectan directamente al desarrollo productivo nacional

A tiempo de respaldar a la CAO, manifestó que: “Consideramos que esta posición debe ser asumida de manera conjunta por todos los sectores productivos del país. Hoy más que nunca, Bolivia necesita unidad institucional y una defensa firme de quienes generan empleo, exportaciones, inversión y divisas”

Afirmó que, el país necesita reglas claras, estabilidad y políticas y políticas que impulsen la producción y las exportaciones, no medidas que incrementen la incertidumbre y debiliten el aparato productivo nacional.

Otra de las organizaciones que se pronunció sobre este tema, es la FEPSC que también rechazó la intención del rechazo ante la intención del Gobierno nacional de abrogar la Ley 1720, “medida que afectaría gravemente a miles de pequeños productores y campesinos de todo el país, particularmente del oriente boliviano”.

Como institución representativa del sector privado cruceño, respaldamos plenamente la posición asumida por la CAO la de movilizarse en defensa de los pequeños productores que, pese a las enormes limitaciones y dificultades existentes, continúan trabajando todos los días para garantizar el abastecimiento d alimentos a las familias bolivianas, manifiesta su comunicado.

“No es aceptable desde ningún punto de vista que por la presión de las Organizaciones No Gubernamentales se continúe sometiendo económicamente al pequeño productor, negándole el pleno derecho sobre su tierra y obligándole a desenvolverse en la informalidad e incertidumbre jurídica”, sostiene.

La eventual abrogación de la Ley 1720 atenta contra la seguridad jurídica, la estabilidad económica del agro y del esfuerzo de quienes sostienen buena parte de la producción de alimentos, argumentó.

Por ello, instó a los parlamentarios a actuar con responsabilidad y compromiso con el país, evitando consumar un atropello que perjudicaría directamente a los a los pequeños productores del campo boliviano.

La Cadex por su parte, también manifestó su contundente rechazo a la abrogación de la norma, la cual permite que los pequeños productores puedan usar sus predios para acceder a créditos y con ello incrementar su producción, afirmó

“En momentos en que Bolivia necesita salir de una fuerte crisis económica, por ello no se le puede poner trabas a medidas que contribuyen a este cometido. En ese sentido, la Ley 1720 es una herramienta para generar para los bolivianos e impulsar el desarrollo agrícola, fundamental para fortalecer la economía nacional”, sostiene su pronunciamiento.

Manifiesta que: “somos conscientes que el productor agropecuario es la base de la cadena productiva para que las exportaciones no tradicionales sigan creciendo. Si es que se golpea este eslabón, se limita las oportunidades de crecimiento y de traer más divisas para el país, que en este momento son vitales para generar estabilidad”.

La Cámara del Transporte del Oriente también expresó su “rechazo rotundo” a la abrogación de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras con el argumento de que esa norma otorga seguridad jurídica al pequeño productor que decide voluntariamente convertir su propiedad a mediana.

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“Abrogarla frena el desarrollo productivo y la inversión en el campo, afectando directamente a la carga y el movimiento económico que sostiene al transporte”, afirma.

No puede ser que grupos minoritarios frustren a todo un país. Esta norma no perjudica, permite que el pequeño productor crezca, tenga posibilidades de acceder al crédito y de producir más carga es el transportista, porque el transportista lleva la carga del chaco a la industria, la industria la procesa y nosotros llevamos las exportaciones para que esos dólares vuelvan al país, sostiene.

El transporte depende del aparato productivo. Sin seguridad para la tierra cae la producción agrícola y con ella los fletes, sumado a la crisis del diésel que ya enfrentamos, abrogar esta ley agravaría la recesión del sector y la estabilidad de miles de familias que dependen del sector

“Declaramos estado de emergencia con efecto inmediato ante la pretensión de abrogar esta ley, por considerarla atentatoria a la estabilidad y desarrollo del sector.