Diez leyes más... o la Segunda República

El Encuentro por Bolivia realizado el fin de semana a convocatoria del Gobierno, ha sido una iniciativa inicial ponderable. Ojalá se pudiera institucionalizar como un espacio de encuentro y análisis que oriente a la sociedad respecto a los objetivos de desarrollo, los problemas a resolver y las alternativas posibles para enfrentar a una realidad siempre dinámica y cambiante.

En el marco de ese encuentro, el presidente Rodrigo Paz planteó una agenda con diez temas que propone traducir en las leyes básicas que orientarían las acciones de su gobierno. Sin embargo, como el propio Encuentro reconoce, las reformas parciales no son ni suficientes ni viables a corto plazo en tanto esté vigente la actual Constitución Política del Estado, CPE. Las leyes propuestas, así aborden ámbitos y aspectos muy puntuales, serán estructuralmente insuficientes si no tienen metas definidas dentro de una visión holística del desarrollo, del tipo de Estado y de sociedad que queremos, y de la ruta a seguir para construir ese futuro sobre las cenizas del Estado Plurinacional extractivista.

Por ejemplo, se reconoce que implementar el 50/50 bajo la actual estructura fiscal-financiera del Estado, de las enormes asimetrías en la capacidad y calidad institucional en las ETAs, y de las también enormes diferencias en potencial para generar ingresos propios, requeriría una compleja normativa imposible de aplicar, en la práctica, con la actual CPE. En este marco, las leyes propuestas, incluso sí llegaran a aplicarse, no cambiarían la esencia del modelo vigente porque, para todo fin práctico, la institucionalidad de la República/Estado Plurinacional de Bolivia no solo está en ruinas, sino que, además, carece de objetivos específicos de desarrollo.

La magnitud de la desinstitucionalización queda reflejada en cuando menos tres aspectos. Primero, en las condiciones estructurales. Vivimos en una crisis de legitimidad porque la Constitución vigente ya no es reconocida como el marco común por la mayoría de actores sociales y políticos: hoy, quienes recibieron 3% del voto, piden la renuncia de quienes tuvieron el mayor apoyo popular. Segundo, el mal diseño institucional de las autonomías y las distorsiones al implementarlas, generan otros frenos estructurales que impiden, a los mecanismos del gobierno central y de las autonomías, resolver los conflictos, generando parálisis o serias distorsiones operativas. Tercero, existe un desajuste histórico porque el diseño constitucional ya no refleja la realidad social, económica o territorial boliviana como parte de un mundo complejo, controlado por una economía globalizada.

Por otra parte, las condiciones políticas impiden lograr consensos, que son cada vez más elusivos: las tiendas políticas no comparten un diagnóstico que muestre la necesidad de refundar el pacto social mediante un proceso constituyente legítimo, que no se limite a reformas parciales, sino que, a través de diálogos abiertos, participativos y reconocidos, consolide consensos básicos sobre las metas que, por decisión democrática, marquen la ruptura con el orden que ha colapsado.

Finalmente, son cada vez más frágiles las condiciones sociales necesarias para consolidar una visión incluyente del país, que ordene las prioridades sociales y las atienda dentro de un marco que priorice la eficiencia y la efectividad de las intervenciones (redefinir las autonomías, reconocer nuevas formas de propiedad o gestión de recursos, replantear relación Estado-sociedad, promover la creación de empleo productivo, etc.).

Bolivia debe desafiarse a revertir estas condiciones fijando prioridades consensuadas para atender las demandas ciudadanas legítimas. Necesita promover un cambio conceptual proclive a la total transformación social, económica y política.

Llegamos a esta realidad de absoluto rezago en desarrollo institucional, en dos siglos durante los cuales Bolivia vivió bajo un orden republicano que institucionalizó el extractivismo como destino inevitable. Los recursos naturales fueron la base de la riqueza de los pocos, de la exclusión a amplios sectores de los beneficios del crecimiento extractivista, y de la dependencia en factores creados externamente. En los últimos cincuenta años, el neoliberalismo profundizó esa herencia: bajo el disfraz del “emprendedurismo”, convirtió la auto explotación en sobrevivencia, precarizó el trabajo, concentró la riqueza y bloqueó toda posibilidad de diversificar la economía.

El Estado Plurinacional, desde 2006, marcó el cierre histórico del ciclo. Si bien reconoció nuestra diversidad, abrió espacios de participación y corrigió exclusiones centenarias, lejos de desmontar el núcleo del modelo económico rentista, amparados en consignas y en arengas, lo fortaleció; se violó abierta e impunemente la CPE a la vez que se destruyeron instituciones fundamentales para la administración de la justicia, el manejo económico, la gestión ambiental y la convivencia social; el extractivismo se acentuó y promovieron la ilusión neoliberal que el cuentapropismo, amparado en la informalidad y en el esfuerzo individual, bastan para construir desarrollo.

En estas condiciones, corregir la CPE para hacer posibles las leyes mencionadas por el presidente Paz, sería como tratar de armar un rompecabezas usando piezas de diez rompecabezas diferentes; la tarea ocuparía gran parte de la gestión, pero con poca o nula posibilidad de éxito. Pero, además, se han movilizado grupos claramente identificados con el régimen anterior para exigir la renuncia presidencial, en flagrante desprecio a las normas constitucionales y al castigo que le están infligiendo a la gente trabajadora que no tiene protección, pero que, por esa misma razón, puede movilizarse llevando la sociedad a un conflicto potencialmente fratricida. Esos dos hechos, son muestras de que la República vigente por 200 años cumplió su ciclo y está en fase terminal.

La alternativa es la Segunda República. En la tradición constitucional, la noción de “república” suele marcar un proceso de cambio de régimen, no solo de gobierno. Francia, por ejemplo, está en su “Quinta República” porque cada una de sus repúblicas surgió de una ruptura institucional profunda en la anterior: nuevas constituciones, nuevas reglas de poder, redefinición de relación entre Estado y ciudadanía, nuevos contextos geopolíticos, etc. La Asamblea Legislativa podría iniciar el proceso.

La Segunda República de Bolivia, no sería cambio de nombre, sino un cambio de rumbo cuyo punto de partida reflejaría la decisión colectiva de dejar atrás el ciclo de dependencia y precariedad, y abrir un tiempo nuevo de inclusión real, donde la riqueza se mida con la calidad social del crecimiento, en innovación compartida, en bienestar social, y en convivir con la naturaleza como la aliada confiable.

Por cierto, iniciar la Segunda República a la vez que se controla la economía y se recupera una básica credibilidad en la administración de justicia, no sería fácil. Sin embargo, ante la alternativa de “cuatro años con minorías eficaces frenando todo”, vale más un momento colorado que cientos naranja. Volveremos sobre el tema porque estamos, realmente, en una emergencia nacional muy compleja.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360