Aprobación en el Senado del proyecto que abroga la regulación de estados de excepción y la muerte en Vilaque exacerban a los movilizados y radicalizan las protestas

La aprobación del proyecto que elimina la Ley 1341 de Regulación de los Estados de Excepción, por la Cámara de Senadores, y el fallecimiento de un joven en Vilaque, por proyectil de arma de fuego, cuando se ejecutaba el corredor humanitario “Banderas Blancas”, exacerbaron los ánimos de los sectores movilizados, que radicalizaron sus protestas exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB); el máximo representante de la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari, Vicente Salazar; y el dirigente de la Central Obrera Departamental, Cecilio Gonzales, rechazaron la aprobación de esa normativa y expresaron su repudio por la muerte en Vilaque.

Advirtieron que la abrogación de esa norma permitirá que el Gobierno amedrente a los sectores sociales a través de los estados de excepción, por lo que anunciaron una lucha para evitar esa situación.

El sábado pasado, cuando se ejecutó el desbloqueo de carreteras por la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, se registraron hechos de violencia por parte de los bloqueadores, que incendiaron un vehículo perteneciente al Ministerio de Gobierno, en el que eran trasladados periodistas, quienes se vieron obligados a retornar a la ciudad por su cuenta.

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En el recorrido, se registraron ataques a los vehículos y maquinaria que procedía al levantamiento de las piedras que fueron dejadas por los campesinos, acciones que fueron repelidas con gases lacrimógenos por la Policía.

Más tarde, se informó que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y el equipo que procedía con el desbloqueo fueron emboscados y, después de varias situaciones de incertidumbre sobre su paradero, la autoridad confirmó que estaba tratando de salir del lugar por caminos alternos y que, en tres oportunidades, habían sido emboscados por los sectores movilizados.

Informó que sufrió tres emboscadas cuando retornaban a la sede de Gobierno, cuando grupos de bloqueadores lanzaron piedras con hondas y eran perseguidos por grupos violentos. “Ya me encuentro en La Paz, después de esta tercera emboscada en mi contra. Logramos pasar y llegamos como a las 2 de la mañana a la ciudad. Todos los autos que iban en la caravana llegaron junto conmigo”, según un boletín institucional.

Desde los sectores movilizados, se conoció la información del deceso de Víctor Cruz Quispe, comunario de Vilaque Copata, en el municipio de Calamarca, durante el operativo del corredor humanitario La Paz–Oruro, a consecuencia de un disparo de arma de fuego, extremo que en principio fue negado por el Gobierno, con el argumento de que las fuerzas policiales y militares que participaron en el operativo no portaban armas de fuego.

El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, anunció la conformación de una comisión de fiscales para investigar el hecho bajo el delito de “homicidio”. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, lamentó el hecho y afirmó que se realizará un estricto seguimiento hasta su esclarecimiento.

El domingo, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que elimina la Ley de Regulaciones de los Estados de Excepción, el cual pasará a ser considerado en una sesión convocada para mañana.

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Este lunes, sectores movilizados que llegaron desde diferentes provincias del departamento de La Paz ingresaron al centro de la ciudad desde distintos puntos, desatando el temor de muchos vecinos y denuncias de agresiones por parte de personas que participaban en estas movilizaciones.

Desde muy temprano, se reportó una marcha de protesta desde la zona de Achumani, en la zona Sur, que inició su recorrido hasta llegar al centro de la ciudad, en medio de agresiones a personas que se encontraban transitando y se cruzaban con la protesta.

Desde la ciudad de El Alto, se informó que cientos de personas se concentraban en la Ceja de El Alto, entre ellos campesinos, ponchos rojos, la COB y otros sectores, que descendieron a la ciudad en rechazo a la aprobación del proyecto que intenta eliminar la norma que regula la declaratoria de un estado de excepción. Los manifestantes también expresaron su repudio por la muerte de una persona, responsabilizando al Gobierno de lo sucedido y de intentar ocultar lo ocurrido.

A raíz de estas protestas, la ciudad de La Paz nuevamente quedó cercada por las movilizaciones, con calles intransitables por el desabastecimiento de combustible, situación agravada por cientos de personas que marchaban intentando cercar la Plaza Murillo.

El Comando Departamental de la Policía de La Paz, a través de su página oficial, advirtió que en las manifestaciones que estaban en curso por el centro de la ciudad se detectó la presencia de personas que utilizaban pasamontañas o cubrebocas.

Asimismo, “se ha detectado que portan palos, petardos de alto poder y posiblemente dinamita, lo que expone que la marcha podría tornarse violenta. Advertimos a la población tomar los recaudos necesarios a fin de evitar confrontar a estos manifestantes”, recomendó.

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A partir de que se conoció que el Senado aprobó el proyecto de ley que elimina la norma, varias organizaciones que se encuentran movilizadas manifestaron su rechazo al proyecto de ley, que pasó a la Cámara de Diputados.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, quien se declaró en la clandestinidad debido a que cuenta con una orden de aprehensión acusado del presunto delito de terrorismo por el bloqueo de carreteras dispuesto, en un mensaje difundido rechazó ese proyecto de ley.

El dirigente criticó a los senadores, a quienes acusó de traición a la clase obrera, porque desde su punto de vista la eliminación de esa norma implica que el Gobierno busca castigar a los sectores movilizados. “Tenemos que lamentar que los senadores y diputados a los cuales hemos elegido para que trabajen por la población hoy estén trabajando para abrogar una ley que impide llamar a un estado de excepción. Están pensando en declarar un estado de sitio para reprimir aún más al pueblo boliviano”, expresó.

También se pronunció sobre el operativo de desbloqueo de carreteras “Banderas Blancas”, ejecutado en las carreteras que vinculan a La Paz con Oruro, y expresó su solidaridad “con las familias que hoy están velando a sus muertos, nuestro sentido pésame a todas esas familias que, por luchar por nuestro país, hoy están teniendo que lamentar el deceso de sus familiares”.

Este operativo fue realizado por el Gobierno a 22 días de que la COB y la Federación de Campesinos dejaron a la sede de Gobierno aislada y desabastecida de combustible, medicamentos y oxígeno, y a cientos de camiones del transporte pesado, carros cisternas con oxígeno y ambulancias varadas en las carreteras, extremo que provocó la pérdida de cuatro vidas de personas que eran transportadas en ambulancias y fueron impedidas de pasar los puntos de bloqueo por los movilizados.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de La Paz, Cecilio Gonzales, también rechazó la aprobación del documento. “La abrogación de la Ley 1341 es una provocación de parte del Gobierno, pensará que nos va a someter con un estado de sitio, se equivoca el presidente”, manifestó.

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El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari, Vicente Salazar, cuestionó que el Gobierno haya invitado a esa organización al diálogo para el domingo, cuando un día antes intervino los puntos de bloqueo con las fuerzas policiales y militares.

“Estamos viendo los resultados, estamos viendo un muerto, con quién vamos a ir a dialogar si estamos tratando así; ahora (…) nos quieren tratar de amedrentar, callar con leyes, el Senado se presta a eso, para eso creo que hemos elegido legisladores, no creo. Realmente están queriendo acallarnos, entra un nuevo ministro y quiere meter también lo que es bloqueos”, dijo a Wara TV.

Advirtió que cada día el Gobierno trata de “criminalizarnos” y de provocar al pueblo boliviano. La población se ha autoconvocado ya, los dirigentes solo transmitimos lo que la población decide, manifestó.

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) también se pronunció sobre este tema a través de su secretario ejecutivo, Andrés Paye, quien consideró que la abrogación de esta ley no resuelve el conflicto. El conflicto es estructural, argumentó: “Como se dice, cuando la ira está fuerte, querer ahí poner otra medida no ayuda en nada, más al contrario, profundiza y alimenta esa ira”, afirmó a Radio Compañera.

Alertó que, si las autoridades continúan con aprobaciones, abrogaciones y otros temas, deben estar conscientes de que la solución va por otro camino. Sostuvo que hoy existe un pueblo movilizado y sufriendo.

Con relación al operativo de desbloqueo, manifestó que cuando han empezado a reprimir con bala y gases, el Estado expone a los propios ciudadanos; acusó al Gobierno de enfrentar a unos con otros, como sucede cuando las fuerzas del orden y los movilizados se enfrentan.