Convulsión social
Morales anuncia una reunión de planificación para resistir e interculturales de Chimoré advierten con la toma de instalaciones militares
El expresidente Evo Morales muestra que está al frente de las protestas que exigen la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, y anunció una reunión de planificación para resistir y lograr su propósito, cuando se cumplen 38 días del bloqueo de carreteras en el país.
En ese escenario, desde Chimoré, los interculturales anunciaron la toma de instalaciones militares después de la promulgación de la Ley 1740 de Regularización de los Estados de Excepción.
Mientras tanto, las Seis Federaciones del Trópico decidieron ayer, en un ampliado de emergencia realizado después de los hechos de violencia registrados en San Julián, que masificarán los bloqueos y respaldarán los puntos de bloqueo en La Paz. Asimismo, advirtieron que se organizarán para resistir una posible declaratoria de estado de excepción.
Después de 38 días del bloqueo de carreteras instruido por la Central Obrera Boliviana (COB), a partir del 2 de mayo, que dejó a varias regiones aisladas y sin poder abastecerse de alimentos, insumos médicos y combustible, Morales apareció para proponer la renuncia de Paz, respaldando la propuesta de la COB. Sin embargo, en estos últimos días sus declaraciones fueron más frecuentes y el domingo mostró abiertamente que está detrás de esta movilización.
Desde su programa radial, Morales reveló que se realizará una reunión de planificación en las próximas horas, en un ambiente de convulsión social centrado en la sede de Gobierno, Cochabamba y Santa Cruz.
“Vamos a seguir acompañando esta lucha, pase lo que pase”, advirtió 24 horas después del operativo de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en la carretera Santa Cruz-Beni, en el sector de San Julián, donde se registraron violentos enfrentamientos y se denunció el uso de armas de fuego contra cuatro policías.
“Atentos, compañeros de Yapacaní e Ichilo: hoy (domingo) tenemos una reunión de planificación; vamos a resistir porque ya es una exagerada provocación, una agresión directa”, amenazó.
Morales, quien tiene un control total en el Chapare, donde permanece resguardado para evitar ser aprehendido por el presunto delito de trata de personas agravada, se sumó a la exigencia de la renuncia de Paz.
Incluso propuso su renuncia y la convocatoria a nuevas elecciones en 90 días para garantizar una transición pacífica y evitar muertos en el país, mientras que el bloqueo de carreteras dejó cercado al departamento de La Paz, con los bloqueos protagonizados por la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari, que impide el ingreso de alimentos, el paso de ambulancias, la llegada de oxígeno y combustible, lo que motivó a que la Gobernación de La Paz declare una emergencia sanitaria y humanitaria en el departamento.
Según informaciones proporcionadas por la Policía, en medio de esta crisis social, se aprehendió a varias personas con más de 5 millones de Bs que iban a financiar los bloqueos de carreteras, que a la fecha se registran en Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca.
Además, se estableció que las organizaciones sociales que protagonizan los bloqueos tienen un sistema de “autorizaciones” desde organizaciones de cocaleros del Chapare, que les permite llegar a todos los puntos de bloqueo, lo que muestra el nivel de organización.
Paz, en reiteradas oportunidades, vinculó a Morales y al narcotráfico de estar detrás de las protestas y le advirtió que falta poco para que esté ante la justicia a responder por sus presuntos delitos.
La tarde de hoy, después de la promulgación de la Ley 1740, el secretario general de la Federación Carrasco Tropical, Gastón Ledezma, rechazó la ley que regulariza la declaratoria de estados de excepción.
Advirtió que la región del Trópico se iba a organizar y a defender, porque no le quedaba otra opción. “Si el Gobierno realmente quiere someternos tendrá que matar a los más de 250.000 afiliados que estamos en el Trópico de Cochabamba (…) Estamos decididos a garantizar que en la región del Trópico no vamos a aceptar ese estado de excepción; vamos a llamar a la desobediencia civil. ¿Cómo es posible que a un Gobierno narco podamos respetar?”, afirmó.
Ayer, en un ampliado de emergencia, las Seis Federaciones del Trópico decidieron masificar los bloqueos de carreteras y expresaron su apoyo a la COB y a los campesinos de La Paz. “Como Seis Federaciones damos fuerza a la Central Obrera Boliviana (COB) y a los campesinos de la Túpac Katari. Los puntos de bloqueo los vamos a fortalecer”, manifestó Ledezma.
Mientras tanto, la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré anunció la toma de las instalaciones militares que se encuentran en Chimoré. “No nos hacemos responsables de lo que pueda pasar en el trópico de Cochabamba, de los militares y policías”, sostuvo el vocero de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré, Mario Rivera, según informó Unitel.
Este anuncio fue realizado a raíz de la promulgación de la Ley 1740, con el argumento de que esa norma representa una amenaza para los sectores movilizados.
“No nos hacemos responsables de lo que pueda pasar en el trópico de Cochabamba, de los militares y policías”, sostuvo Rivera.
“Que el Gobierno lo piense muy bien antes de ordenar a los militares y policías que vayan a los puntos de bloqueo”, advirtió.
El dirigente consideró que la norma establece la “presunción de legalidad operativa” en las acciones de la Policía y las Fuerzas Armadas durante la vigencia de un estado de excepción.
“El pueblo está cansado, el pueblo va a responder como ataque el Gobierno; que no se equivoque con el Trópico de Cochabamba, que no se equivoque con Chimoré”, amenazó.
En medio de esa espiral de conflictividad, el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, informó que el Ministerio Público abrió más de 90 casos relacionados con el bloqueo de carreteras que se registran en por lo menos cinco departamentos del país.
“Es importante mencionarles que, desde que se han iniciado los bloqueos en todo el país, tenemos más de 90 casos aperturados”, informó a Red Uno.
Dijo que en ese tiempo varias personas fueron aprehendidas como sospechosas de tener alguna participación en los bloqueos, y en algunos casos se abrieron procesos legales en su contra.
Respecto a los hechos ocurridos en el municipio de San Julián, provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz, Mariaca informó que cinco personas fueron imputadas y serán puestas ante un juez cautelar.
Según detalló, los acusados enfrentan cargos por terrorismo, tentativa de homicidio, lesiones graves y leves, entre otros delitos, tras los enfrentamientos que dejaron personas civiles y efectivos policiales heridos, algunos con hasta 20 días de impedimento.
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