martes 21 de julio de 2026

Pronunciamiento

Defensoría pide articular esfuerzos contra los incendios e investigar sus causas

Los incendios forestales afectan a regiones de los departamento de Tarija, Cochabamba y Santa Cruz. Tarija es la más golpeada por el fuego.
Bomberos sofocan incendio en Tarija. Foto: Alcaldía de Tarija
Bomberos sofocan incendio en Tarija. Foto: Alcaldía de Tarija

Ante los incendios forestales en Tarija, Santa Cruz y Cochabamba, la Defensoría del Pueblo exhortó a las gobernaciones y alcaldías a articular esfuerzos para sofocar los siniestros e investigar sus causas, con el fin de iniciar procesos administrativos, civiles y penales cuando corresponda.

En un pronunciamiento público, la entidad expresó su preocupación por las afectaciones que los incendios provocan sobre los derechos a un medio ambiente sano, al agua, a la salud, a la alimentación y a la vida, así como por su impacto en la biodiversidad, los ecosistemas estratégicos y las cuencas hidrográficas.

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Los siniestros afectan con mayor intensidad a varias regiones del departamento de Tarija, donde operan —por disposición del Gobierno— dos helicópteros equipados con sistema Bambi Bucket para el transporte y la descarga de agua en zonas de difícil acceso por tierra.

La Defensoría del Pueblo pidió “fortalecer los Centros de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) y Municipal (COEM), a través de las Unidades de Gestión de Riesgos, promoviendo una respuesta articulada frente a la situación generada por los incendios forestales”.

También exigió “disponer los recursos humanos, técnicos, logísticos y financieros necesarios para las labores de prevención, atención, combate y control de incendios, considerando las áreas protegidas y las comunidades afectadas”.

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Además, instó a “investigar las causas de los incendios forestales y, cuando corresponda, activar las acciones administrativas, civiles y penales orientadas a establecer responsabilidades conforme a la normativa vigente”.

De acuerdo con el pronunciamiento, la protección de los ecosistemas y las áreas protegidas constituye una obligación del Estado y un componente fundamental para garantizar los derechos humanos.