Decreto 5676: suman las protestas que piden su abrogación porque provoca el alza de precios y costos operativos para productores

Suman las protestas y amenazas de movilizaciones en contra del Decreto Supremo 5676, que fijó en Bs 18 el litro de diésel para los Grandes Consumidores (GRACO), dispuesto por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz. Entre los sectores que expresaron su rechazo están los jubilados, cooperativistas mineros, productores agrícolas, choferes y agroindustriales.

Entre los argumentos de los sectores que rechazan la medida están el alza de los precios de la canasta familiar, los repuestos para vehículos, el encarecimiento de los costos operativos para los productores y de la maquinaria agrícola, además del trato discriminatorio, entre otros.

La pasada semana, la Asociación de Jubilados Fabriles de La Paz protagonizó una marcha de protesta, a pesar de la vigencia del estado de excepción, que rige hasta el 19 de septiembre. El secretario general de la Asociación de Jubilados Fabriles de La Paz, Porfidio Torrejón, convocó a la población a seguir su ejemplo ante las graves consecuencias del decreto para la economía de los sectores sociales más necesitados.

A partir del pasado lunes, nuevos sectores y organizaciones se sumaron a ese rechazo, entre ellos la Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol) y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), que advirtieron que la medida castiga severamente a los pequeños productores.

La Concabol manifestó que el nuevo precio del diésel encarece drásticamente la producción agroindustrial y pone en riesgo la sostenibilidad del sector. Además, consideró que se trata de una medida discriminatoria que puede generar una profunda desigualdad para los productores que requieren grandes volúmenes de diésel para operar.

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La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), por su parte, convocó a un congreso extraordinario nacional para el jueves 27 de agosto, en el municipio de Warnes, para exigir la abrogación del mencionado decreto.

La entidad sostiene que manejar dos precios diferentes para un mismo carburante fomenta la especulación, el agio y la corrupción, en lugar de resolver el problema de fondo. Además, advierte que el encarecimiento del combustible esencial elevará los costos de producción de los alimentos y pondrá en riesgo el abastecimiento estable para toda la población.

Los productores del municipio de San Julián, en Santa Cruz, por su parte, dieron un plazo de 48 horas al Gobierno para abrogar el decreto. El sector advirtió que iniciará un bloqueo indefinido de rutas si el presidente no atiende su pedido, informó Urgente.bo.

Mientras tanto, los productores campesinos de las cuatro provincias del norte de Santa Cruz determinaron dar 48 horas de plazo al Gobierno para la abrogación de la norma. De lo contrario, advirtieron que iniciarán el bloqueo de carreteras.

Los transportistas también se declararon en estado de emergencia. El máximo representante de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, exigió la abrogación del DS 5676.

Informó que el ampliado del sector, realizado ayer, respaldó el rechazo contundente al Decreto 5676, porque, lejos de dar solución al problema de desabastecimiento de combustible, se registra más congestionamiento debido a las filas en los surtidores.

“Ha dado lugar a que se incrementen los artículos de primera necesidad, las empresas facilito incrementan (…) el arroz azúcar, aceite y no piden el permiso de nadie; los repuestos de la misma manera, han subido sobre las nubes”, denunció.

Las cooperativas auríferas también rechazaron el precio referencial de Bs 18 para grandes consumidores, mientras transportistas y empresarios anticiparon que persistirán las filas y el mercado negro.

La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) informó que existen más de 35 cooperativas que son clientes GRACO, más de 118 clientes directos y más de 500 cooperativas que corresponden a usuarios directos. El sector rechazó la nueva disposición y pidió al Gobierno una reunión para analizar sus efectos sobre las cooperativas mineras.

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“Rechazamos este decreto supremo porque afecta a las cooperativas”, afirmó Wilson Alanoca, presidente del sector, quien cuestionó además que empresas privadas estarían comercializando diésel entre Bs 16,50 y Bs 17 por litro, frente al precio referencial inicial de Bs 18 establecido por la norma.

Otro sector que se sumó a las protestas es el de los productores de quinua, quienes protagonizaron un “tractorazo” en demanda de la abrogación del DS 5676 y la dotación de combustible, informó Radio Fides.

Los productores de quinua de Challapata, Oruro, protestaron en demanda de una mayor dotación de combustible y la abrogación del Decreto 5676. Además, advirtieron que las regiones productoras de Oruro y Potosí dieron un plazo de 48 horas al Gobierno para dejar sin efecto la medida.

“En los diferentes departamentos, Oruro y Potosí, estamos dando 48 horas de plazo para que abrogue el Decreto Supremo 5676. También están pidiendo que, a partir de hoy, nos tienen que vender el combustible en nuestros turriles y en nuestros bidones para garantizar la siembra en todo el altiplano sur”, sostuvo uno de los entrevistados.

La Confederación Nacional de Gremiales es otra organización que anunció movilizaciones en contra del mencionado decreto. Su presidente, César González, informó que las movilizaciones se realizarán en todos los departamentos del país, según Unitel.

“Este decreto supremo debe abrogarse. El decreto va a dar más hambre y más pobreza a las familias bolivianas, no se están pudiendo pagar alquileres”, dijo.

Cuestionó que los grandes consumidores deban pagar Bs 18 por litro y planteó medidas para reducir el costo de los combustibles, entre ellas facilitar las importaciones y garantizar el funcionamiento de las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz.

A esas amenazas se sumaron las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, a través de un pronunciamiento desde Lauca Ñ, en el que sostienen que el alza del precio del diésel afecta a los pequeños y medianos productores agrícolas.