miércoles 26 de agosto de 2026

Alerta

Investigador advierte fuerte impacto ambiental en La Asunta si se multiplican las autorizaciones mineras

El director de la AJAM indica que hay 170 “derechos mineros” (solicitudes) dentro del río Boopi, que pasa por ese municipio, pero subrayó que estos no dan autorización para que las empresas trabajen. Pablo Solón indica que, si se autorizan esos permisos, habrá afectaciones en el agua y en la producción agrícola.
El municipio de La Asunta en Sud Yungas de La Paz. Foto: RRSS/Facebook/El Diario
El municipio de La Asunta en Sud Yungas de La Paz. Foto: RRSS/Facebook/El Diario
miércoles 26 de agosto de 2026

El investigador y activista Pablo Solón advirtió este miércoles que habrá fuertes impactos ambientales en el municipio de La Asunta (La Paz) si se concretan las autorizaciones mineras. Además, alertó sobre la posibilidad de impactos en el agua y la producción agrícola.

“Un cuarto (del territorio) del municipio de la Asunta podría estar bajo la explotación minera. El impacto sobre las fuentes de agua, sobre la producción agrícola, además de la contaminación por mercurio y la deforestación de áreas, sería, pues, muy grande. Entonces, esto es algo que se tiene que frenar”, indicó Solón en contacto con Visión 360.

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La Asunta tiene una superficie de 281.076 hectáreas y, según Solón, si se llegan a aprobar los más de 120 permisos que estaban pendientes desde 2024, las mineras ocuparían aproximadamente 68.000 hectáreas, un cuarto del territorio de ese municipio. Esa región se caracteriza por ser el mayor productor de hoja de coca de Sud Yungas, además de producir café, plátanos y cítricos, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

El tema de la minería y La Asunta cobró actualidad después de que, el fin de semana, pobladores de ese municipio tomaran una minera ilegal que operaba en el río Boopi e incendiaran su maquinaria, debido a que sostuvieron que era una operadora irregular que había desviado el curso del caudal.

Solón sostuvo que en el municipio, según los datos que obtuvo hasta 2024, hay más de 120 solicitudes mineras que esperan ser autorizadas por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para proceder con la explotación en la zona.

“Hay alrededor de 12 mineras con cierto derecho legal trabajando en La Asunta, que podría ser incluso menos, y ya han generado semejante problema, ahora ¿qué va a ocurrir si estas más de 120 solicitudes obtienen autorización legal para operar? La cifra que yo doy es de 2024 y el director de la AJAM habla de 170 derechos mineros”, señaló.

Aseveró que la situación podría ser peor, ya que, en las últimas declaraciones que hizo el director ejecutivo de la AJAM, Jaime José Sanabria, se dio cuenta de que en el río Boopi, que tiene su cauce por La Asunta, hay más de 100 solicitudes de empresas mineras que buscan explotar dentro del sector.

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La autoridad estatal aclaró que, al ser solo solicitudes, estas más de 150 firmas mineras no pueden explotar porque las eventuales autorizaciones deben pasar por filtros de la AJAM, la consulta previa e ir a la Asamblea Legislativa para ser aprobadas y, con ello, si es que les “dan luz verde”, tramitar su licencia ambiental.

“El director de la AJAM, habla del Río Boopi, claro que él está utilizando una categoría diferente, porque una cosa es el municipio de la Asunta y otra cosa es el Río Boopi, aunque el Río Boopi pasa por el municipio. Él habla de más de 170 solicitudes. Un tema que destaca de la conferencia de prensa del director de la AJAM es que él utiliza el término ‘derechos mineros’, lo para mí ese es un error, porque no son derechos mineros. Que yo solicite un derecho minero no quiere decir que tengo un derecho minero. Yo solamente tengo una solicitud. Por eso el director aclara y dice que iniciar el trámite no da derecho minero. Admite que hay esos derechos mineros, lo que es aún peor”, dijo Solón.

Para Solón, la AJAM, como entidad que controla y fiscaliza el ámbito, debería informar a cabalidad sobre la situación de las mineras que existen en el municipio y debería poner en conocimiento de la población “cuántas y en qué estado están las solicitudes que existen de verdad dentro del municipio”.

Solón sostuvo que la AJAM debe suspender todos los trámites o solicitudes nuevas para operar en el municipio. “Una cosa es lidiar con los que ya tienen realmente algún tipo de derecho. Y otra cosa es lidiar con los que son sólo trámites. Dada la conflictividad que existe en la zona, la AJAM debería suspender todos los trámites o solicitudes nuevas”, dijo.