Misión de la OEA advierte que la inestabilidad en Bolivia favorece la expansión del crimen organizado en la región

El informe de la Misión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la crisis política que enfrentó el país entre mayo y julio de este año advirtió que la inestabilidad institucional en Bolivia genera un escenario propicio para la expansión del crimen organizado con alcance regional, a tiempo de recomendar un equilibrio urgente entre el derecho a la protesta pacífica y el resguardo de los servicios esenciales y la infraestructura crítica del Estado.

El organismo subrayó la necesidad de aplicar un enfoque dual que proteja el derecho a la protesta pacífica sin desproteger los derechos de los demás ciudadanos, e instó al Estado a asegurar la continuidad de los servicios esenciales, resguardar la infraestructura crítica y establecer de forma obligatoria corredores humanitarios y logísticos cuando los bloqueos o movilizaciones comprometan el funcionamiento del país.

Este jueves, el Consejo Permanente de la OEA tomó conocimiento del informe elaborado por la misión, que visitó el país entre el 29 y 30 de julio pasado, y el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, destacó las recomendaciones séptima y quinta del documento.

En su intervención, la autoridad destacó ambas recomendaciones, la séptima, en la que la misión de la OEA: “resalta la importancia de fortalecer las instituciones democráticas y advierte que los episodios de inestabilidad y su eventual debilitamiento pueden generar condiciones propicias para el accionar del crimen organizado, con efectos que trascienden la seguridad interna y alcanzan la seguridad regional”.

Por otra parte, se refirió a la quinta recomendación, que se enfoca en la gestión de la conflictividad que enfrentó el país, debido al bloqueo de carreteras que se extendió por más de 50 días, convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), en principio pidiendo respuestas a su pliego petitorio de la presente gestión, que derivó después en exigir la renuncia del presidente, Rodrigo Paz.

“La recomendación quinta de la misión subraya la necesidad de proteger simultáneamente el derecho a la protesta pacífica y los derechos de terceros, asegurando la continuidad de los servicios esenciales, la protección de la infraestructura crítica y el establecimiento de los arreglos necesarios para garantizar corredores humanitarios y logísticos cuando la conflictividad compromete el funcionamiento del Estado”, afirmó.

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Aramayo manifestó que Bolivia entiende, sobre todo, estas dos recomendaciones como un llamado a fortalecer su capacidad institucional para prevenir, contener y responder a las crisis dentro del marco de la Constitución, el Estado de derecho y sus obligaciones interamericanas. “No desconocemos la relevancia del resto de las recomendaciones, pero hemos querido enfatizar un par de ellas”, precisó.

Dijo que el Gobierno está comprometido con la vigencia plena del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, pero también con el uso irrestricto de todos los mecanismos institucionales y constitucionales del Estado para garantizar ese ejercicio efectivo y pleno de derechos para toda la población boliviana.

El ministro consideró que, a partir de lo presentado, resulta indispensable reflexionar sobre la magnitud de los hechos acontecidos y sobre la ruta que se debe seguir de aquí en adelante.

Precisó que la misión llegó a Bolivia tras un doloroso periodo de 53 días de intensa conflictividad social, un escenario caracterizado por bloqueos coercitivos que asfixiaron el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, vulnerando de forma sistemática el derecho al libre tránsito y afectando a millones de familias bolivianas.

Se refirió a las pérdidas provocadas por los bloqueos. "Los datos económicos y el costo humano de esta paralización son ineludibles, esta crisis le significa a Bolivia un costo económico que sin lugar a duda es cuantioso, supera los Bs 14.000 millones en pérdidas directas, la pérdida de 250.000 empleos directos e indirectos, pero el hecho más fuerte es el conjunto de fallecimientos", manifestó.

En la ciudad de La Paz, siete de cada 10 industrias continúan sufriendo las consecuencias de este estrangulamiento, pero resulta mucho más trágico, sin lugar a dudas, el saldo humano. La Defensoría del Pueblo registró 22 personas fallecidas, de las cuales 19 eran terceros no movilizados”, sostuvo.

Afirmó que el país no estuvo ante simples reclamos sectoriales, sino “ante una estrategia deliberada que buscó erosionar el orden democrático y forzar la interrupción del mandato constitucional expresado en las urnas en 2025”.

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Justificó que, ante el asedio, el Estado boliviano promulgó el Decreto Supremo 5636, de estado de excepción, y aclaró que esa medida no fue dictada con un afán de represión y persecución, sino como un acto de responsabilidad para defender la vida, abrir corredores humanitarios, llevar el oxígeno a los hospitales, alimentos a los hogares, carburantes al sector productivo y, en definitiva, resguardar la democracia y garantizar el ejercicio efectivo de derechos.

Explicó que la medida de excepción no fue la herramienta enfocada a acallar voces, sino para proteger a los más vulnerables, y que el Estado boliviano acudió soberanamente al sistema interamericano, y que se abrieron las puertas de las instituciones para que la misión pudiera escuchar a todos los actores sociales.

Aramayo consideró que este ejercicio transparente del Gobierno nacional desmantela una falsa disyuntiva, la noción errónea de que “proteger el derecho a la protesta exige relativizar el orden constitucional o que defender la Constitución implica desconocer las demandas sociales legítimas”.

Para nuestro Gobierno, dijo, esa disyuntiva es falsa. Una democracia madura debe garantizar la movilización pacífica, pero también proteger a las mayorías que no protestan y asegurar que las autoridades electas ejerciten su mandato en los marcos constitucionales.

El informe deja una definición política categórica: el derecho a la protesta social es un derecho, pero la sustitución de la voluntad popular mediante la coerción o la violencia jamás lo será. Aceptar que un Gobierno legítimamente electo pueda ser acorralado para forzar renuncias al margen de la Constitución sentaría un precedente peligroso para cualquiera de nuestros estados, advirtió.

El Estado boliviano actuó con firmeza, pero también con vocación de paz, apostando por la contención institucional y evitando el uso desproporcionado de la fuerza pública. Sin embargo, "la contención no significa impunidad, las investigaciones sobre los hechos de violencia y las pérdidas humanas deben continuar, con pleno respeto al debido proceso y reparación a las víctimas", aseguró.

Las recomendaciones de la misión sirven de base para consolidar una agenda de prevención en tres momentos: prevenir mediante el diálogo permanente; establecer las reglas de protección de los servicios esenciales y derechos de terceros durante la movilización; y garantizar investigaciones imparciales junto con medidas de reactivación económica.

A partir de las recomendaciones, Bolivia tiene que construir una agenda que significa que el Estado asuma plenamente su responsabilidad de adoptar todas aquellas medidas que resulten necesarias para preservar la institucionalidad democrática y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de toda la población, sostuvo.