Santa Cruz pone en vigencia su ley antibloqueos: llevará a la justicia a los que los organicen y financien

El departamento de Santa Cruz cuenta desde este viernes con una ley en contra de los bloqueos de caminos, que crea sistemas preventivos de alertas tempranas y corredores humanitarios, mientras que, en lo legal, abre el camino para llevar ante la justicia a quienes organicen y financien estas medidas de presión en el ámbito departamental.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, promulgó la Ley Departamental de Prevención, Coordinación Interinstitucional y Atención de Contingencias ante Bloqueos de Vías, que nació en la Asamblea Legislativa Departamental y fue impulsada tras el reciente bloqueo de 53 días que afectó a gran parte de Bolivia.

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De hecho, Velasco justificó la importancia de la norma con cifras sobre los perjuicios económicos que dejó el bloqueo de 53 días que exigía la renuncia del presidente Rodrigo Paz: “Los números no mienten: 385,7 millones de dólares perdidos en el primer semestre de 2026, el 70% del PIB agrícola nacional en riesgo, el 95% del transporte y la logística paralizados”.

Alertas tempranas

La norma crea el Sistema Departamental de Prevención ante Bloqueos (SDPB), con alertas tempranas, corredores humanitarios para el ganado vivo, los medicamentos y los alimentos, y protocolos claros de coordinación con la Policía y el Ministerio Público, siempre respetando sus competencias constitucionales, explicó en una publicación en su cuenta de Facebook.

Mientras que, en lo penal, se habilita “la puerta a que quien organice o financie bloqueos —ya sean fundaciones, ONG, asociaciones civiles— responda con debido proceso, gradualidad y proporcionalidad”.

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En San Julián, Cuatro Cañadas y Yapacaní se dieron los últimos bloqueos en contra del Decreto 5676, que liberó el precio del diésel para grandes consumidores, lo que implicó cerrar el paso de Santa Cruz a los departamentos de Beni y Cochabamba. El último paro prolongado en el departamento se dio en 2022 y se extendió por 36 días; fue convocado por la Gobernación, entonces bajo el mando de Luis Fernando Camacho, y la dirigencia cívica por el censo.

“Lo decimos con toda claridad, desde una convicción profundamente liberal: respetamos el derecho a la protesta pacífica, consagrado en la Constitución. Pero ningún derecho está por encima de otro. La libertad de uno termina donde empieza la del resto. Nadie tiene el derecho de secuestrar la vida, la salud, el trabajo y la libre circulación de millones de cruceños que no tienen nada que ver con el conflicto”, afirmó Velasco.

A diferencia de Santa Cruz, en la Asamblea Legislativa Plurinacional se estancó el debate del proyecto de ley en contra de los bloqueos de caminos. La Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sociales rechazaron el tratamiento de la norma por considerarla atentatoria contra los derechos laborales y el derecho a la protesta.

El acto de promulgación se llevó a cabo en la Gobernación de Santa Cruz.