Comunidades originarias de Potosí se declaran en emergencia y exigen mayor control sobre sus recursos mineros

Organizaciones del sudoeste potosino, que agrupan a las comunidades originarias del departamento, aprobaron dos resoluciones destinadas a frenar la distribución injusta de las regalías mineras y la amenaza del ingreso de empresas privadas ajenas a la región para explotar sus recursos naturales.

La Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL) y la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Enrique Baldivieso (CUPCOEB) emitieron dos documentos, aprobados en encuentros realizados, en los que plantean la modificación de la distribución de los recursos, con el argumento de que la regalía minera es una compensación económica por la explotación de los recursos naturales y el rechazo a las empresas privadas y consorcios extranjeros a esas áreas mineras.

Estas resoluciones se dan en medio de los anuncios del ministro de Minería Marco Antonio Calderón, sobre la redacción de un nuevo Código Minero, que es redactado por 167 expertos y 12 delegados de los diferentes sectores sociales que sostuvieron reuniones para definir los ejes de la reforma, en la que no tienen participación la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y la Federación de Trabajadores Mineros Asalariados (FSTMB).

La autoridad sostuvo que hay un avance del 35% en la redacción de la nueva norma que regulará la actividad minera en el país, cuyo borrador se prevé estñe listo en las próximas dos semanas.

Ambas organizaciones del departamento de Potosí justifican sus posiciones ante la compleja coyuntura económica del país, marcada por una inflación que supera el 6% y el encarecimiento del diésel a precio internacional, factores que golpean de forma directa a las familias del área rural.

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Por un lado, la CUPCONL, reunida en un Ampliado Ordinario en la comunidad de Río Grande, presentó un proyecto de modificación al artículo 229 de la Ley 535 de Minería y Metalurgia. Actualmente, dicha norma distribuye el 85% de las regalías mineras para el Gobierno Departamental y solo el 15% para el municipio productor.

La organización calificó este porcentaje como "injusto" y denunció el abandono de los niveles estatal y departamental. Como medida, exigen una distribución equitativa del 50% para la Gobernación y el 50% para los municipios productores, argumentando que Nor Lípez es uno de los mayores aportantes al erario nacional mediante la explotación de plomo, plata, zinc y boro.

Con esos argumentos, plantea elaborar un proyecto de ley, debe ser consensuado con diferentes actores a la cabeza del Comité Ejecutivo de la CUPCONL y alcaldes municipales de la provincia Nor Lípez.

El documento argumenta que, la mayoría de las actividades mineras están es en territorios indígenas originarios campesinos, por lo que corresponde una distribución más justa y equitativa para los municipios y territorios indígenas originarios campesinos.

Además, se decidió conformar un equipo técnico que haga seguimiento a las gestiones realizadas para impulsar el proyecto de modificación de la Ley Minera y respaldar las gestiones que vienen realizando los alcaldes, concejales y asambleístas departamentales con relación al proyecto de ley, que modifica la distribución de la regalía minera en favor los municipios de "vocación minera".

La CUPCONL exhorta a asambleístas nacionales en representación de Potosí, sumarse a esta iniciativa, que tiene como único fin fortalecer a la gestión pública de los municipios productores que tienen varias necesidades en esta coyuntura actual.

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Por su parte, desde la localidad de San Agustín, la CUPCOEB emitió un pronunciamiento de rechazo absoluto contra empresas privadas y consorcios extranjeros que intentan adjudicarse cuadrículas mineras mediante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

La resolución declara de manera formal todos los yacimientos de la provincia como "Puntos Estratégicos y de Reserva Local", priorizando de manera exclusiva la explotación tradicional y el trabajo de sus cooperativas mineras locales. Asimismo, advirtieron que no permitirán procesos de consulta previa con actores externos y que recurrirán a la defensa comunitaria del territorio bajo usos y costumbres si se producen avasallamientos, responsabilizando al Gobierno de posibles conflictos sociales.

El documento aprobado, declara que todas las cuadrículas mineras y yacimientos identificados dentro de los límites territoriales de la provincia Enrique Baldivieso, quedan destinados de manera exclusiva y preferente para la explotación y generación de trabajo de las cooperativas locales.

Rechazan el ingreso de empresas ajenas, consorcios privados extranjeros o terceras personas particulares que pretendan adjudicarse, concesionar o apropiarse de cuadrículas mineras en nuestra jurisdicción. "No permitiremos que actores externos se enriquezcan a costa del patrimonio de la provincia dejando desocupados a nuestros trabajadores", manifiesta el documento.

Exigen a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) la paralización inmediata de cualquier trámite, contrato administrativo minero o derecho preferente que esté siendo solicitado por empresas ajenas sobre territorio de la provincia Enrique Baldivieso, debiendo priorizarse por ley y de forma obligatoria a las cooperativas mineras locales organizadas en el municipio.

Advierten a las empresas e “individuos externos” que intenten ingresar a realizar la consulta previa no será admitido y aceptado dentro de nuestra provincia, o de manera inconsulta para realizar trabajos de exploración o explotación, que la provincia Enrique Baldivieso aplicará "la defensa comunitaria del territorio conforme a los usos y costumbres, responsabilizando a dichos actores y a las autoridades nacionales por cualquier conflicto o enfrentamiento social que pudiera suscitarse".

Encomiendan a las autoridades originarias, cívicas y sindicales realizar un control estricto y vigilancia permanente en las áreas mineras de la provincia, ratificando que el control de nuestros recursos naturales es el pilar fundamental para consolidar la autonomía regional del sudoeste potosino.