CEPB respalda el ajuste económico, insisten con proteger a empresas y sectores vulnerables

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) respaldó este domingo los ajustes económicos que implementa el Gobierno en el país. Sin embargo, insisten con que el Estado debe proteger a las empresas y sectores vulnerables.

En un comunicado, el sector empresarial destacó la Ley 1765, vinculada al acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como el Decreto 5716, que busca transparentar los precios de los carburantes y combatir el contrabando, y el Decreto 5707, orientado a preservar el orden público y la libre circulación.

Respecto a la ley 1765, que concreta el crédito del organismo internacional, la CPEB señaló que viabiliza un programa de reformas orientado a recuperar la estabilidad económica y financiera, y genera oportunidades para fortalecer la capacidad del Estado, acceder a programas de estabilización con apoyo internacional, diseñar estrategias de desarrollo de mediano plazo.

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Sobre el Decreto Supremo 5716, la CEPB indicó que ayuda reducir distorsiones, enfrentar el contrabando y generar condiciones para garantizar la provisión del combustible. Respecto del decreto 5707, destinado a preservar el orden público, garantizar la libre circulación y evitar que bloqueos y acciones de presión vuelvan a generar graves daños a la economía, a la producción y al normal abastecimiento de productos a la ciudadanía.

Sin embargo, el sector expresó su preocupación sobre las consecuencias que puedan generar las normas. “Expresamos nuestra preocupación por los efectos que el proceso de ajuste puede generar sobre la actividad de los sectores productivos, el comercio y los servicios, y por la eventualidad de una etapa de contracción con impacto sobre el crecimiento, el empleo y la capacidad de las empresas para sostener sus operaciones”, se lee en el comunicado.

Ante ello, la CEPB pido al Gobierno actuar de manera inmediata ante los efectos que pueda generar las normas.  Como primera medida, solicitó a la administración de Rodrigo Paz considerar que el ajuste económico no puede traducirse en un incremento de la pobreza ni en un deterioro mayor de las condiciones de vida de las familias bolivianas. “El país requiere de medidas de protección social incluidas en un plan integral, expedito y focalizado que proteja a los sectores más vulnerables, preserve el empleo y evite que los efectos de la transición económica recaigan sobre quienes tienen menor capacidad para enfrentarlos”, señala el comunicado.

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Por otro lado, para pasar “rápidamente de la estabilización a la recuperación y del ajuste al crecimiento”, la CEPB propone que en lo que resta de la gestión 2026, “se priorice la aprobación de modificaciones a las leyes de Inversiones, Minería e Hidrocarburos, así como los ajustes puntuales al Código de Comercio y el Código Tributario, bajo principios de claridad, eficiencia, seguridad jurídica y estabilidad de reglas”.

Otro camino que propuso la CEPB es que se evite por parte de los sectores ir a movilizaciones como los que se registraron en mayo y junio. “Nuestro país no puede padecer un nuevo ciclo de bloqueo de carreteras, ni permitir que se utilice el malestar social para activar la confrontación política, producir inestabilidad y afectar la convivencia democrática”, se lee.

“El sector empresarial boliviano continuará acompañando y respaldando las medidas que contribuyan efectivamente a recuperar la estabilidad y promover el desarrollo sostenible. Bolivia necesita atraer inversiones, producir y generar empleo. Esa tarea exige unidad, seguridad jurídica, reglas claras y una relación permanente y efectiva entre el Estado y la institucionalidad del sector privado”, indica el comunicado.