Proyecto de ley que transfiere la administración de institutos técnicos a gobernaciones enfrenta al magisterio con el Gobierno nacional

Un proyecto de ley plantea transferir a los gobiernos departamentales la administración de los recursos humanos de los institutos tecnológicos y los recursos para el pago de salarios. La propuesta abrió un frente de conflicto entre el Gobierno nacional, que justifica la medida en el marco del 50/50, y el magisterio, que advierte que las gobernaciones no tienen la capacidad económica para asumir esas responsabilidades.

En total, serían entre 200 y 220 institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y de formación lingüística, que funcionan en su mayoría en el área rural, los que serían afectados con esta medida, en caso de que ese proyecto sea sancionado en la Asamblea Legislativa.

Las dos partes en conflicto exponen sus argumentos a favor y en contra de esa propuesta del Gobierno nacional, mientras que el magisterio nacional se declaró en emergencia e inició las primeras medidas de presión, como un paro de 24 horas y una marcha de protesta, con el propósito de que las autoridades den un paso atrás en esa decisión.

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, informó que el proyecto de ley transfiere las competencias de la administración de recursos humanos que son manejados por el Ministerio. Explicó que, en este momento, ya son responsables de la gestión de infraestructura y equipamiento, y que se les transferiría la competencia de recursos humanos.

El gobernador de La Paz, Luis Revilla, negó que este proceso se trate de una privatización de estos centros de educación y cuestionó a los dirigentes del magisterio porque continúan con su discurso desde hace 50 años.

“Cómo se va a privatizar, si se está trasladando una responsabilidad administrativa a otras entidades públicas como son las gobernaciones, dónde están los privados”. Pidió al magisterio que deje de mentir y que se sume de una vez por todas a la transformación de la educación, que es un reclamo urgente del país.

“No podemos estar con planteamientos, con ideas del siglo pasado de hace 200 años con respecto a la educación que no funcionan y que están generando estudiantes que no tienen las mínimas posibilidades de competir con sus pares de otros países; así que dejen de mentir, aquí no hay ninguna privatización de nada, absolutamente de nada”, manifestó.

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Revilla explicó que lo que se trata de hacer es poner en orden a los institutos técnicos, considerando que las gobernaciones ya cubren los recursos de infraestructura y equipamiento, y que por ello necesitan tener el control administrativo para mejorar la calidad de los institutos técnicos, incluso adaptar la currícula a la realidad de cada región del país.

Esas decisiones ya no se pueden tomar desde el nivel central del Estado. Tenemos que empezar a desconcentrar la educación de tal manera que obedezca a las realidades de las regiones y, por eso, estamos de acuerdo con esa decisión del traslado administrativo, justificó.

Aclaró que los recursos para el pago de los salarios vendrán del Tesoro General de la Nación. “La propuesta es que esos recursos pasen a una cuenta especial de las gobernaciones y simplemente se trasladen a pagar los salarios; son recursos propios, no van a ser recursos de las gobernaciones”, afirmó.

Pese a esos argumentos, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana se declaró en estado de emergencia e inició protestas en varios departamentos en contra de este proyecto de ley. Este viernes se registraron varias movilizaciones de profesores que, en algunos casos, fueron reprimidas por la Policía Boliviana.

El secretario ejecutivo de esa organización, Wilfredo Ajllahuanca, rechazó un supuesto decreto emitido por el Gobierno que dispone la descentralización de la educación y que da la potestad a los gobernadores para que puedan realizar la designación de docentes, directores y personal administrativo.

Entre otros argumentos, dijo que estos centros de formación están en contra de la transferencia debido a que tendrán que asumir nuevas responsabilidades económicas, cuando no cuentan con un presupuesto para asumir esas nuevas tareas.

Desde Cochabamba, Mario Ramos, representante del Instituto Comercial Federico Álvarez Plata, recordó que hubo un acuerdo con la exministra de Educación Beatriz García, quien asumió el compromiso de no tocar a los institutos ni hacer una transferencia.

Explicó que el rechazo a esa intención del Gobierno se debe a que las gobernaciones no cuentan con los recursos económicos para asumir nuevas responsabilidades.

“El gobernador nos envió una carta al Instituto Federico Álvarez Plata diurno y nocturno, en sentido que tenemos que depositar Bs 54 mil para que nos paguen el servicio de agua y luz, como ustedes verán la Gobernación no tiene capacidad económica; también a través de una ley departamental nos obliga a transferir nuestros fondos, que son aportes de los estudiantes para que ellos puedan comprarnos algún mobiliario y parte de la infraestructura”, informó a Red Uno.

Para el dirigente, la medida de emergencia del magisterio nacional contempla a los institutos tecnológicos, de educación alternativa y las normales, porque temen que el Gobierno tenga la intención de desligarse de la responsabilidad constitucional y decida transferir esas responsabilidades a las alcaldías y universidades.

Recordó que la Constitución Política del Estado y la Ley de Educación definen las competencias de las gobernaciones, que son la infraestructura, el equipamiento, los servicios básicos y las refacciones; sin embargo, no cumplen con estas responsabilidades.