Cidob denuncia amenazas de muerte contra dirigente que promovió el desalojo de balsas que explotan oro en el río Madre de Dios

La Central Indígena de Pueblos Indígenas del Oriente (Cidob) denunció que el presidente de la Central de Pueblos Amazónicos (CIPOAP) de Pando, Javier Fernández, quien denunció y promovió el desalojo de balsas que explotan oro de manera ilegal en las riberas del río Madre de Dios, recibe amenazas de muerte anónimas.

La organización, a través de un pronunciamiento, precisó que las amenazas se extienden a su familia por liderar las acciones legales contra la minería ilegal en el río Madre de Dios, y exigió de manera inmediata medidas de protección y garantías para resguardar su integridad y la continuidad de su labor de defensa territorial y ambiental.

En un comunicado público, miembros del directorio de la CIDOB denunciaron que estas amenazas al dirigente están “directamente relacionadas con la demanda de Acción Preventiva Ambiental que desarrolla en defensa de las comunidades afectadas por la minería aurífera en el río Madre de Dios”.

La CIPOAP representa política, orgánica y jurídicamente a las cinco naciones indígenas del departamento de Pando: los tacana, ese ejja, cavineño, machineri y yaminahua. Impulsa la demanda de acción preventiva ambiental desde julio de 2025, en defensa de 184 kilómetros del curso del río que pertenecen al Territorio Indígena Multiétnico II, según el informe del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas Bolivia (ODPIB).

La Cidob demanda a los magistrados del Tribunal Agroambiental Roxana Chávez Rodas, Richard Cristian Méndez, Rocío Vásquez, María Soledad Peñafiel y Edwin Almendras activar de manera inmediata las medidas de protección para el presidente de la CIPOAP, en el marco de la mencionada demanda, según el secretario de Tierra y Territorio, Lider Cesar Suárez.

Por su parte, un comunicado de los pueblos ese ejja, tacana y cavineña del Territorio Indígena Multiétnico (TIM II), junto a la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), respaldó y expresó su solidaridad con el presidente de la CIPOAP ante las amenazas anónimas.

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“Exigimos a la Sala Plena del Tribunal Agroambiental que atienda de una vez las solicitudes que ya fueron presentadas en reiteradas oportunidades dentro de la Acción Ambiental Preventiva del río Madre de Dios y que disponga medidas reales y efectivas de protección para quienes estamos defendiendo nuestro territorio”, dice el comunicado.

La defensa legal y política del río Madre de Dios ha sido liderada por los pueblos del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), articulados de forma estrecha con la Central de Indígenas Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP) y con el respaldo histórico de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), contra los impactos ambientales de la minería aurífera, sostiene el comunicado.

La semana pasada, Fernández fue requerido por la Fiscalía de Pando para presentar, en un plazo de 24 horas, pruebas de sus denuncias de contaminación del río Madre de Dios con el mercurio que se utiliza en la minería del oro, así como los nombres de los dirigentes que participaron en la asamblea que decidió inspeccionar y desalojar las dragas que operan de manera ilegal en el río.

De acuerdo con la cronología de las acciones legales asumidas en defensa del río Madre de Dios, en 2025 se activó la vía legal y se emitieron resoluciones históricas. El 1 de julio, el TIM II presentó formalmente una Acción Ambiental Preventiva Directa (AAPD) ante el Juzgado Agroambiental del municipio de El Sena (Pando).

La demanda estaba dirigida contra el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la AJAM y la cooperativa ASOBAL. En ella se denunciaba que entre el 90% y el 96% de las balsas auríferas operan de forma ilegal y contaminan el río Madre de Dios con mercurio.

A mediados de año, el juzgado de El Sena remitió el caso al máximo tribunal del país debido a su alcance constitucional y a su importancia, que trasciende el nivel local. La Sala Plena del Tribunal Agroambiental de Bolivia admitió la demanda mediante el Auto de Admisión Ambiental N.° SP-TAA 13/2025.

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En diciembre de 2025, el Tribunal Agroambiental emitió una medida precautoria que ordenó la suspensión inmediata de la minería ilegal en el río Madre de Dios y mandó paralizar y anular las concesiones mineras que no cuenten con procesos de consulta previa, libre e informada (CPLI). La Defensoría del Pueblo destacó la determinación en favor de los derechos indígenas.

En 2026, el TIM II reclama por el incumplimiento del Estado de las decisiones asumidas por la justicia y, ante ello, decide realizar el control territorial.

Los cinco pueblos originarios de la Amazonia de Pando decidieron asumir acciones para defender su territorio de los cooperativistas auríferos que operan en las riberas del río Madre de Dios. Con ese objetivo, anunciaron que conformarán comités de defensa y desalojarán a los mineros que contaminan las aguas con mercurio el próximo 30 de septiembre.

El 26 de septiembre, Fernández informó que los cinco pueblos originarios de la Amazonia de Pando decidieron asumir acciones para defender su territorio de los cooperativistas auríferos que operan en las riberas del río Madre de Dios. Con ese objetivo, anunciaron que conformarán comités de defensa y desalojarán a los mineros que contaminan las aguas con mercurio el próximo 30 de septiembre.

Advirtió que “cualquier cosa que pase, hacemos responsable al Estado”. La minería ilegal masiva, sobre todo en el Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), afecta a los habitantes de esa región. Sus representantes denunciaron en reiteradas ocasiones que el 90% de las balsas y dragas operan sin autorización de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

Fernández, a nombre de los cinco pueblos indígenas, informó que se dio un plazo hasta el 30 de septiembre al Gobierno nacional y a los mineros que operan en las riberas del río Madre de Dios para que desalojen las áreas indígenas. Además, anunció la conformación de un comité de defensa ante la contaminación por mercurio.

“No nos queda otra que defender nuestro territorio nomás (…), algo que quiero decir: hacemos responsable al Estado en este desalojo que vamos a hacer, se va a tomar comités de defensa dentro de cada comunidad, que esté o no esté en las riberas del Madre de Dios”, advirtió.

“Miraremos primero, inspeccionaremos. Si han salido voluntariamente, pues vamos a agradecerles también y vamos a quedarnos en paz. Pero estamos conformando los comités de defensa para el 29 y, vuelvo a recalcar, cualquier cosa que pase —ojalá que no pase nada— hacemos responsable al Estado”, manifestó.

Como lo habían anunciado, representantes del TIM II inspeccionaron el río Madre de Dios y desalojaron las primeras 96 balsas dedicadas a la explotación aurífera el 5 de octubre, en solo una hora de recorrido.

El 9 de octubre, la Asociación de Trabajadores Balseros de Riberalta, Beni, rechazó el desalojo de balsas dedicadas a la explotación aurífera en el río Madre de Dios, medida asumida por los habitantes del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), afectados por la contaminación de sus aguas con mercurio.

El presidente de la organización que agrupa a los balseros, Víctor Huari, protestó porque la medida asumida deja sin el sustento diario a las familias de sus colegas afiliados que trabajan en la extracción de oro en el río Madre de Dios. Pidió que las autoridades bajen hasta el lugar donde se realizó el desalojo para que los balseros puedan trabajar, al igual que los habitantes del TIM II.

El 15 de octubre, Fernández denunció la presencia de aproximadamente 1.300 balsas presuntamente ilegales y afirmó que todavía permanecen 278 embarcaciones en sectores vinculados con 12 comunidades indígenas.