Enviaron 20 preguntas
Piden informe al ministro de MMAyA por historial de irregularidades en Epsas y estado de la intervención
Luego de conocerse dos casos que provocarían un cuantioso daño económico y podrían derivar en la quiebra técnica de la Empresta Pública Social de Aqua y Saneamiento S.A. (EPSAS), la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Sulay Mamani, solicitó un informe al ministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Alan Lisperguer, para que detalle el historial de irregularidades que se han detectado desde 2013 y el estado del proceso de intervención de esta empresa.
“Informe, ¿Cuál es la situación jurídica actual de Epsas S.A.? Remita una copia del acuerdo marco de determinación de disputas entre Aguas del Illimani y el Gobierno, del 2006 y siguientes".
"Informe sobre las acciones que se tomaron por irregularidades que se presentaron desde el momento que inicia la intervención de Epsas, a partir de abril de 2013. Adjunte documentación de respaldo”.
Esas son las dos primeras preguntas hechas en la Petición de Informe Escrito (PIE), solicitada por Mamani al ministro de MMAyA.
El cuestionario de 20 preguntas fue remitido al Ejecutivo, el 5 de abril, a través del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari. En el documento se conmina a Lisperguer para que presente su informe en un plazo de 10 días, con la advertencia de ampliar el cuestionamiento en un informe oral.
Hasta la pregunta 11, la diputada Mamani amplía su cuestionamiento sobre los resultados y el estado de la intervención de Epsas S.A., que sólo debió durar seis meses, desde abril de 2013. La empresa que presta servicios de agua potable y alcantarillado a ocho municipios, fue intervenida inicialmente en 2006, luego de ser expropiada al consorcio internacional Aguas del Illimani.
En ese contexto, se pide al ministro de MMAyA adjunte los documentos que respaldan las medidas que, supuestamente, debieron a sumir los socios propietarios de Epsas S.A. desde 2006, ante los varios hechos de corrupción que se denunciaron. También se pide conocer cuánto paga la empresa intervenida al Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SAMAPA), que es la propietaria de la infraestructura que se emplea para cumplir con su trabajo.
Además, se solicita datos sobre las modalidades de contratación. La diputada, de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) cuestiona los motivos legales y profesionales por los cuales se nombró en el cargo de Responsable de Proceso de Contratación de Licitación Pública de Epsas S.A. a Teófilo Ticona Ticona.
Juicio perdido
Por otro lado, en la petición también solicita que se detalle las medidas jurídicas y administrativas que se asumieron luego de conocer la sentencia ejecutoriada que se emitió en favor de 401 trabajadores del sindicato de Epsas S.A. El fallo del proceso laboral fue notificado en enero de este año.
Como informó Visión 360 y según el investigador y consultor en temas de agua y saneamiento, José María Herbas, dicha sentencia podría generar la quiebra técnica de la empresa, debido a que se calcula un daño económico de 114 millones de bolivianos. Este monto corresponde al pago que Epsas deberá hacer, con carácter retroactivo, por haber dejado de pagar una parte del bono de antigüedad desde el año 2016, medida ilegal asumida por el exinterventor, Humberto Claure, actual presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
Tuberías chinas
La PIE enviada al ministro de MMAyA también exige la presentación de documentos de Epsas, sobre el proceso de licitación para la compra de 3.000 tuberías, que fueron fabricadas en China, pero, según los propios informes del personal técnico, estas unidades no contaban con el recubrimiento interior necesario para el transporte de agua potable.
Pese a que los documentos revelan que los funcionarios de Epsas recomendaron al exinterventor, Bladimir Iraizos, no adquirir estas cañerías, se conoce que las mismas fueron recibidas por Epsas S.A. y ahora están abandonadas en la planta de tratamiento de Pampahasi.
Por ese caso se presumen otro daño económico superior a los 14 millones de bolivianos, además del perjuicio que se generó, porque se demoró el reemplazo de las tuberías que debieron ser cambiadas en 2020, en la zona Las Flores, donde en 2011 se registró el mega deslizamiento.