Defendió a Adepcoca
Líder de la Juventud Yungueña logra salir de la cárcel luego de 20 meses preso injustamente
El presidente de la Juventud Yungueña, Raúl Uría, logró que una Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, le otorgue detención domiciliaria luego de haber permanecido preso 20 meses, por una denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno, en la que se tiene pruebas en su contra.
“Lo que busca el Gobierno es que yo me someta a un procedimiento abreviado, pero soy inocente y siempre lo voy a repetir en todas las audiencias, no voy a vender mi inocencia a una justicia violada por el Gobierno. Yo estoy orgulloso de ser un preso político, no solo por mí, sino por todos los presos detenidos aún.”, fue la declaración que el dirigente realizó ante el vocal de la Sala Penal Tercera, Orlando Rojas.
El activista por los Derechos Humanos y abogado de Uría, Jorge Valda, informó que, en una audiencia de apelación, el vocal Rojas dispuso revocar un fallo anterior, emitido por el juez de El Alto, Marco Antonio Amaru, que establecía una fianza de 250 mil bolivianos para el dirigente yungueño, una cifra impagable para él y su familia. Asimismo, en dicha audiencia se rechazó los pedidos de la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno, que solicitaban que el cocalero permanezca detenido.
Valda detalló que, para la detención domiciliaria, el cocalero debe cumplir con “otras medidas cautelares personales, presentación de cuatro garantes y arraigo, Raúl Uría podrá asumir su defensa en libertad. Son grandes noticias”. La salida del penal de San Pedro se efectivizará luego de que la resolución de apelación sea notificada al juzgado de origen.
El presidente de la Juventud Yungueña fue aprehendido y enviado a la cárcel, imputado por 15 delitos, en septiembre de 2022. Uría fue sindicado por asociación delictuosa y portación de explosivos, entre otros, relacionados a la quema del mercado ilegal de coca, abierto en la zona Villa El Carmen de la ciudad de La Paz por el dirigente del MAS, Arnold Alanes.
Pese a que la Ley de 1173, de abreviación procesal penal, señala que una persona detenida preventivamente no puede permanecer presa indefinidamente, a menos que se tenga una justificación legal, el juez Amaru dio lugar al pedido de ampliación del encarcelamiento de Uría de los fiscales, en varias oportunidades, pese a que estos solo aducían que había actos investigativos pendientes.
El 22 de mayo, en una última audiencia realizada ante Amaru, el fiscal Bladimir Bolívar y los abogados del Ministerio de Gobierno no lograron hacer valer más excusas y el juez Amaru determinó la detención domiciliaria de Uría. Sin embargo, según denunció Valda, debido a las presiones que ejerce el Gobierno, el juez determinó como requisitos el pago de una fianza económica “impagable”, de 250 mil bolivianos, la anotación preventiva de un bien inmueble por ese monto y la presentación de cuatro garantes.
Valda señaló que la resolución fue apelda tanto por los acusadores, que insistían en el encarcelamiento del dirigente, como por la defensa de Uría, que pedía eliminar “la fianza abusiva” exigida por Amaru. En ese sentido, el jueves, se instaló la audiencia de apelación y el vocal Rojas dejó sin efecto ese requisito, lo cual viabiliza que en los siguientes días Uría salga de la cárcel.
Valda reiteró que no había pruebas en contra del dirigente y que su encarcelamiento se dio por razones políticas. En el mismo caso, fueron imputados cerca de 20 dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), entre ellos, el presidente del Comité de Autodefensa, César Apaza, quien se vio obligado a declararse culpable en un juicio abreviado para salir en libertad, con el fin de lograr un tratamiento médico adecuado, porque busca rehabilitarse del ataque de embolia que sufrió en prisión y que le paralizó medio cuerpo.