Visión 360 en el Fospa XI
Mujeres de cinco países denuncian siete casos que revelan estrategias de despojo territorial que violentan sus derechos
El Tribunal Ético de Mujeres de la Panamazonía recibió siete denuncias de mujeres de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por la vulneración constante de sus derechos, que incluye violencia sexual a niñas por parte de sus docentes. Las denuncias revelan estrategias de despojo territorial que violentan sus derechos.
Así lo reveló dicho tribunal que se reunió este viernes en la población beniana de Rurrenabaque, en el marco del XI Fospa, un espacio que tiene el objetivo principal de fortalecer alianzas entre actores sociales de la región para intercambiar experiencias y construir estrategias de acción en defensa de la Amazonia.
“El Tribunal es resultado del impulso y articulación de organizaciones de diversas vertientes que hacen parte de la Iniciativa de Acción de las Mujeres, que junto con otras ocho constituyen los pilares del proceso del Foro Social Panamazónico”, dice la entidad en un comunicado.
Según ese tribunal, los casos testimoniados mostraron las distintas estrategias del extractivismo “para afianzar el despojo de los territorios y explotar los ríos, bosques y tierras violentando los derechos de los pueblos y de las mujeres, quienes sufren impactos diferenciados por el contexto patriarcal colonial que no las reconoce como ciudadanas plenas ante la indiferencia de Estados que siguen privilegiando el capital sobre la vida”.
Reporta que también se denunció la violencia sexual sistemática e impune contra niñas peruanas del pueblo awajún por parte de docentes de sus centros escolares. “El hecho causó el rechazo e indignación general de la sala del Tribunal, más aún por las declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, que justificó estos hechos”, dice la nota.
En un caso presentado en Bolivia, Juana Menaca, dirigente de la Central de Comunidades Indígenas de San Miguel de Velasco, denunció el constante avasallamiento y superposición de su territorio ancestral del pueblo indígena chiquitano por personas foráneas que están causando inseguridad y zozobra entre las familias.
“Son más de 100 comunidades fantasmas, no las conocemos, pero 21 ya aparecen en la cartografía municipal”, afirmó la lideresa, quien denunció que de esta forma se vienen ocupando sus territorios con la finalidad de “realizar actividades mercantilistas que están destruyendo el monte, saqueando la madera, afectando nuestras fuentes de agua”.
Menaca explicó que con este accionar los foráneos desarrollan estilos de vida que aceleran la crisis climática, modifican el hábitat de diferentes especies, provocan la migración de animales y aves en busca de su supervivencia, generando escasez de alimentos y dejando paisajes devastadores.
Además, pidió un pronunciamiento en favor de paz y seguridad para ellas, pues las lideresas de las comunidades indígenas de San Miguel de Velasco están siendo amenazadas. “Con el apoyo de este Tribunal escucharán nuestras voces para ser libres en nuestro propio territorio”, subrayó.
Violaciones en Perú
Uno de los casos que mayor indignación causó en la sala del tribunal fue el de niñas awajún, violadas por docentes de sus colegios, sin que las denuncias interpuestas ante las autoridades de las comunidades hayan frenado esta vulneración a sus derechos humanos ni promovido justicia y reparación integral para ellas.
“Las más de 500 niñas víctimas viven en los territorios de los pueblos wampis y awajún en las riberas de los ríos Cenepa, Nieva y Santiago en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. Estos hechos vienen desde el 2017 y no se han detenido, por el contrario, se incrementan ante la impunidad que los rodea por la inacción del Estado”, dice el tribunal.
Asegura que las violaciones han contagiado con VIH/SIDA al 70% de las víctimas, entre las que se encuentran niñas de cinco años que han muerto por esa causa.
Las mujeres denunciantes rechazaron las declaraciones del ministro de Educación peruano quien atribuyó las violaciones a una práctica cultural del pueblo awajún, a quien demandaron una rectificación inmediata pues sus palabras mienten, además de naturalizar la discriminación y estigmatización a sus culturas.
Otro caso de violaciones se presentó por parte de mujeres del pueblo Wayoro, en Brasil, donde la lideresa Walda Wajuru está amenazada de muerte por sus denuncias contra los atropellos que sufren.
En el río Marañón de Perú, denunciaron la contaminación de este afluente del Amazonas por actividades extractivas de petróleo y minería, que “afectan directamente los cuerpos de las mujeres”.
En Colombia, Zully Rivera, lideresa del pueblo nasa de la Amazonia del Putumayo, testimonió sobre la situación de las mujeres que sobreviven a una crisis humanitaria por el recrudecimiento del conflicto armado tras la insuficiente implementación del Acuerdo de Paz firmado por el gobierno colombiano con los grupos de las FARC en 2016.
Y en Ecuador, la explotación de la madera, petróleo, oro y cobre viene causando una permanente violación a los derechos del pueblo indígena shuar arutam que desde tiempos ancestrales ha convivido en armonía con el bosque.