Informe del Cedib: la crisis judicial, la autoprórroga y la falta de diálogo bloquean una reestructuración en la justicia

La situación de los derechos humanos en Bolivia empeoró no solo por los constantes ataques a los defensores de derechos humanos, pueblos indígenas y el medioambiente, sino también por el debilitamiento de la institucionalidad democrática, concluyó el reporte del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib). Ese documento señala que la crisis judicial, la autoprórroga y la falta de diálogo político bloquean una reestructuración en la justicia.

El texto, titulado “Reporte sobre los derechos humanos en Bolivia, de enero a abril de 2024”, identificó, nuevamente, “una serie de violaciones de los derechos humanos, pero también un debilitamiento de las principales instituciones democráticas, lo que termina afectando el tejido social y el Estado de derecho”.

El organismo detectó que la crisis judicial en el país, la autoprórroga de los magistrados y la falta de diálogo político bloquean la posibilidad de una reestructuración en la justicia. "La carencia de independencia del Órgano Judicial es un grave problema para el mantenimiento de la democracia en el país; esto se hace mucho más evidente con los casos de persecución política y el uso desmedido de la prisión preventiva como un método de hostigamiento y amedrentamiento”, destaca el reporte.

El Cedib identificó, hasta abril, 11 vulneraciones de derechos, entre las que menciona el caso de César Apaza, exdirigente cocalero de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca). Apaza estuvo detenido, desde septiembre de 2022 hasta el 18 de enero de 2024, debido a su supuesta autoría en la quema del mercado paralelo de coca. Durante ese tiempo, su estado de salud se deterioró considerablemente.

En enero de 2024, después de muchas presiones, decidió someterse a un juicio abreviado, aceptando la culpabilidad en más de 12 delitos por los cuales fue acusado. Organismos nacionales e internacionales verificaron posibles violaciones de los derechos humanos y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

“Aún preocupa la injerencia del poder político en la administración de la justicia. Por ejemplo, en relación con el caso denominado ‘decretazo’, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, insistió en que la audiencia oral de Luis Fernando Camacho, ahora exgobernador de Santa Cruz, fuera virtual. Argumentó que era imposible trasladarlo de un departamento a otro, ‘cuando se pone en riesgo la vida e integridad del pueblo boliviano’. Esta decisión fue tomada a pesar de la disposición del Tribunal Octavo de Sentencia para que Camacho viaje a la ciudad de Santa Cruz. Por ello, la audiencia fue reprogramada para otra fecha”, se lee en el documento.

El reporte sostiene que la actual crisis por la autoprórroga de magistrados “no hace más que ahondar el descontento con las instituciones”. Incluso esta situación preocupó a la relatora especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, quien, mediante un comunicado oficial, exhortó al Estado boliviano a que las elecciones judiciales se lleven a cabo lo antes posible.

Libertad de prensa y defensores de DDHH

Sobre la libertad de prensa, el Cedib dice que “está en una situación crítica de vulnerabilidad”. “De forma sutil, el Gobierno ejerce presión sobre algunos medios de comunicación, a través de sus instituciones, como lo sucedido a la Radio FM Bolivia de Chulumani, en los Yungas de La Paz. Esta cerró a causa de una multa impuesta por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT)”, dice el reporte.

Detalla que las cuentas bancarias de la radio fueron congeladas y las boletas de garantía rechazadas, como represalia por cubrir el conflicto entre Adepcoca y el Gobierno, en 2022. “Este tipo de acción debilita el derecho a la libre expresión, a la pluralidad de ideas y al acceso a la información de la población en esa región del país”, denuncia.

El informe también incluye la situación del medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas: de enero a abril se incrementaron las actividades extractivas en territorios indígenas y áreas protegidas, lo que afecta el medioambiente y los derechos de los pueblos.

Incluye también la situación de los defensores de derechos humanos. “Resulta preocupante la escalada de violencia en los casos relacionados con la minería, así como también el uso de la justicia como herramienta de persecución a los que defienden el derecho a un ambiente sano”, sostiene.

Luego de la exposición de hechos, el reporte concluye que “el aumento de la persecución judicial a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, el avance extractivista en desmedro de la naturaleza y de territorios indígenas, y la crisis judicial profundizan la desinstitucionalización del Estado generando un ambiente de desprotección y de desconfianza en la sociedad civil”.

“Los conflictos socioambientales que se ocasionan están acompañados de hechos de violencia y de persecución judicial a las y los defensores, por eso, es necesario tomar medidas de manera urgente para sancionar los ataques y amenazas que están sufriendo, sin olvidar la prevención y la reestructuración de la justicia”, recomienda.