Las víctimas deben esperar hasta 8 meses por una valoración psicológica en el IDIF

Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que las víctimas de violencia familiar, económica, agresiones sexuales y psicológicas deben esperar hasta ocho meses para que peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) les realicen una valoración oficial, informe indispensable para continuar el proceso contra sus agresores.

De acuerdo con los expertos, la demora en la realización de valoraciones o pericias psicológicas en el IDIF genera retardación de justicia, lo que es aprovechado por los abogados de los agresores para presentar una serie de recursos y exigir el cierre de los casos.

“Existe una sola psicóloga forense para todo el departamento de Potosí, lo que genera una sobrecarga laboral para la forense”, declaró un miembro del IDIF de Potosí.

Los jueces y fiscales acceden a estos pedidos debido a que se ven presionados por el límite de los plazos procesales. El daño más grave se expresa en la impunidad de los denunciados y la inseguridad en la que viven las víctimas. Muchas abandonan las denuncias o eligen “conciliar” para dar fin al proceso.

Asimismo, en casos de falsas denuncias, en las que hay inocentes encarcelados, estos no pueden cambiar su situación hasta que una pericia psicológica demuestre que la supuesta víctima mintió para dar lugar al proceso, como lo explicó a Visión 360 la exdirectora nacional de la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria (Fevap), Karina Cuba.

Las citas se hacen para más de cuatro, seis u ocho meses; incluso hay casos en que se dan hasta para más de un año, según la región o población donde se haga la solicitud.

Visión 360 accedió a un documento que revela que, en El Alto, en un caso sobre un supuesto abuso sexual y violación a menores de edad, al interior de una familia -hechos atribuidos al hijo de un ministro del actual Ejecutivo-, la responsable del IDIF programó la valoración psicológica para un año después de presentada la denuncia de una de las víctimas.

Datos contradictorios

La certeza de esta postergación en la justicia la difundió el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. “El dato que es muy importante y trascendente es que existen oficinas del IDIF en las que se debe dar atención de psicología forense (a denunciantes de violencia sexual o psicológica), en las que la víctima debe esperar hasta ocho meses para ser atendida”, señaló.

El dato se reveló tras un operativo de verificación que la Defensoría hizo en 20 oficinas del IDIF, el 14 de febrero, un día después de los feriados de Carnaval. Dicha inspección de verificación se hizo en 20 municipios, de los 340 que tiene Bolivia, lo que representa apenas el 5% de los centros urbanos. Aunque se tomó en cuenta aquellos que tienen mayor población.

La Defensoría del Pueblo estableció que solo 11 de las 20 oficinas del IDIF contaban con un psicólogo forense.

El dato alarmante se conoció después. En respuesta al informe de la Defensoría del Pueblo, el director del IDIF, Luis Fernando Alcócer, reveló que esa institución sólo cuenta con 16 psicólogos forenses en toda Bolivia. Estos profesionales reciben de tres a cuatro casos por día y requieren, en promedio, 25 días para realizar la entrevista a la víctima o denunciado y luego emitir el informe pericial.

Sin embargo, en la Rendición Pública de Cuentas Final de 2023, la Fiscalía General reportó que, en esa gestión, los peritos del IDIF del área de Psicología Forense atendieron 4.121 casos, lo que quiere decir que cada psicólogo atendió un promedio de 11 casos por día, incluidos los fines de semana y días feriados.

Funcionarios

Los datos del informe de la Defensoría del Pueblo provienen del testimonio de funcionarios entrevistados, los cuales no fueron contrastados con datos oficiales de la Fiscalía General. No obstante, las declaraciones recogidas en el documento confirman la gravedad del tema.

En el municipio de Yacuiba, en Tarija, el personal consultado declaró que la psicóloga forense atiende procesos de todo tipo, llegados del Gran Chaco y Palos Blancos. En Trinidad, capital del departamento de Beni, el personal reveló que las víctimas son citadas para la valoración, hasta tres meses después de presentada su denuncia.

En la capital de Bolivia, Sucre, los peritos dijeron que demoran en atender a las víctimas hasta dos meses. En la ciudad de Oruro, el promedio llegaría hasta los tres meses.

En la ciudad de Cochabamba, el personal del IDIF declaró ese 14 de febrero que “se cuenta con una agenda, la misma está llena hasta el mes de junio, debido a que el 80 por ciento de las valoraciones son por temas familiares (casos de violencia económica, divorcios); sin embargo, se priorizan temas de violencia a la mujer, niñas, niños y adolescentes”.

En el municipio de Santa Cruz de la Sierra, el problema es similar, pues se informó que las órdenes fiscales para la valoración psicológica, que se emitieron en enero, recién serían atendidas en abril.

16 psicólogos forenses trabajan en el IDIF, para atender una población de 12 millones de habitantes, en 340 municipios. Cada uno atiende hasta 4 casos por día y demora hasta 25 días en emitir su informe.

“Existe una sola psicóloga forense, para todo el departamento de Potosí, lo que genera una sobrecarga laboral. La profesional (perito) tiene agendadas consultas hasta el mes de abril. De acuerdo con lo manifestado, en casos de niñas, niños y adolescentes se prioriza”, declaró una de las funcionarias, el día de la verificación.

Pero el caso más grave se da en el municipio de El Alto, con más de un millón de habitantes. En febrero, los funcionarios declararon que “se tiene 120 personas agendadas para evaluar hasta octubre”.

“El tiempo para responder al Órgano Judicial es menor en los procesos que se encuentran en juicio oral”, declaró una funcionaria del IDIF al personal de la Defensoría del Pueblo.

En el área de Psicología Forense se realizan estudios mentales tanto a víctimas como a denunciados.

En casos de violencia psicológica o agresiones sexuales que se denuncian luego de meses o años, en los que no es posible contar con pruebas materiales del crimen, la valoración psicológica sirve para establecer la credibilidad del testimonio vertido por las víctimas, además de identificar la sintomatología de daño o la secuela psicológica en las víctimas de delitos sexuales y violencia de género.

Alcócer también reportó que, de los 16 psicólogos forenses, 14 tienen ítem y dos prestan servicio por contrato eventual.

El director del IDIF reconoció que por la falta de personal “nos vemos imposibilitados de dar un servicio adecuado”.

Recomendaciones

El informe tiene nueve conclusiones y siete recomendaciones para la Fiscalía General del Estado. Visión 360 consultó a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones, pero hasta el cierre de edición de esta nota no hubo respuesta de las autoridades de esas instituciones.

Otro hallazgo de la verificación de la Defensoría del Pueblo revela que en el IDIF de Cochabamba se promueven “acuerdos” o conciliaciones ilegales entre víctimas y agresores. Estos pretenden ser consolidados en coordinación con jueces del Tribunal Departamental de Justicia, lo que vulnera el protocolo de atención en psicología forense especializada para mujeres víctimas de violencia.

Deficiencias por falta de presupuesto y desinterés

Para Karina Cuba, exdirectora nacional de la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria (Fevap), las falencias en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se deben principalmente a la falta de presupuesto y al desinterés de los responsables en turno en la Fiscalía General del Estado.

“Uno de los principales problemas, siempre, ha sido la falta de presupuesto; pero otro, que también genera responsabilidad, es la falta de coordinación y el desinterés que tienen las autoridades”, explicó Cuba en contacto con Visión 360.

Mencionó que mientras trabajó en la Fiscalía General, en la gestión de Ramiro Guerrero, los directores o coordinadores identificaban varias deficiencias en sus respectivas áreas.

“Los directores hacían solicitudes a la Fiscalía General, para que el Fiscal General tome acciones; por ejemplo, para contratar determinado personal en un área específica. Pero además del problema del presupuesto, se notaba que no entendían las necesidades que tenían las diferentes direcciones, no le deban la importancia necesaria”, remarcó Cuba.

Explicó que los recursos de la Fiscalía eran despilfarrados en gastos innecesarios, como el pintado de los ambientes de otro color o impresión de material que no era útil y que solo servía para enaltecer la imagen de las máximas autoridades.

“¿Por qué no se destina ese dinero a contratar psicólogos forenses para el IDIF? En mi criterio, poco o nada les interesa, esa es la verdad. En mi gestión detecté varios problemas y los puse en un informe dirigido a la Fiscalía General, pero no hubo respuestas. ¿Entonces para qué seguir en ese cargo? En realidad, quien toma la decisión final es el Fiscal General y su equipo de trabajo, para evaluar las necesidades de cada fiscalía especializada”, sostuvo la exdirectora de la Fevap.

Asimismo, se conoció que los problemas más grandes del Ministerio Público nacen en las fiscalías especializadas de Trata y Tráfico de Personas, delitos sexuales y violencia de género, porque no solo se trata de esclarecer un hecho delictivo, sino que se trata de la atención que se da a las personas involucradas en este tipo de casos.

Además de no ingresar en una revictimización, se debe tomar en cuenta la protección para la persona denunciante y todo su entorno, que fue afectado por determinado tipo de violencia. Recomendar y realizar tratamientos terapéuticos y evitar el contacto con los agresores son otro tipo puntos descuidados por la falta personal e infraestructura.

Cuba señaló que, de acuerdo con la Ley 548 de Protección a niñas, niños y adolescentes, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los casos de agresión sexual o psicológica, los administradores de justicia aplican normas sobre “presunción de verdad”, ante el testimonio de las víctimas.

Sin embargo, aclaró que la falta de psicólogos forenses se ve agravada debido a que el trabajo de los 16 profesionales que trabajan en el IDIF se reduce a la emisión de “valoraciones psicológicas”, que en teoría no deberían ser suficientes para que una persona sea condenada o para extinguir el caso. El documento idóneo para un juicio, explicó, es la “pericia psicológica”.

Para la experta, la falta de ese documento atenta contra el derecho al “debido proceso”, tanto de la víctima como del denunciado, porque de no existir otras pruebas como las genéticas, fotografías, videos o testigos, el proceso penal solo se basaría en la palabra de las partes y las dudas siempre benefician al denunciado.

Observaciones

Desorden. Durante la inspección del 14 de febrero, la Defensoría verificó que el IDIF carece de un criterio uniforme sobre los documentos necesarios para la atención médica forense y psicológica forense.

Dato. Mientras, en algunos consultorios piden el requerimiento fiscal, otros solo solicitan fotocopia de la cédula de identidad, pero en otros casos se pide hasta la fotocopia del cuaderno de investigaciones.