Alcaldía paceña reactiva Samapa para reemplazar a una Epsas cuestionada

En medio de la crisis económica, las denuncias de corrupción, mal servicio y el riesgo de quiebra de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas SA), intervenida y administrada por el Gobierno, el alcalde de La Paz, Iván Arias, promulgó en septiembre la Ley Municipal Nº 525, que establece la reactivación de la empresa de Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Samapa).

La reactivación de dicha empresa, por lógica, significará que Epsas SA dejará de percibir importantes ingresos. El golpe financiero se daría en momentos en que cuatro exinterventores y personal de áreas estratégicas de la empresa, intervenida por el Gobierno hace 11 años, se han visto envueltos, además de las denuncias por mal servicio, en varios procesos penales por corrupción, contrataciones irregulares, incluida la compra de tuberías chinas con sobreprecio, por las cuales se pretendía pagar 14,3 millones de bolivianos.

Otro de los casos más relevantes, que afectan a las finanzas de la empresa, es la pérdida de un juicio laboral, ante 401 miembros del  Sindicato Único de Trabajadores de Agua y Saneamiento (Sutas), quienes denunciaron que Epsas les dejó de pagar un bono de antigüedad desde 2016, por lo que se calcula que la deuda que ahora debe ser cancelada es de 142 millones de bolivianos, cifra que representa aproximadamente la mitad de los ingresos anuales de la empresa intervenida, hecho por el cual se habla incluso de un riesgo de quiebra técnica.

Uno de los “trabajadores” que se beneficiarán del pago de la deuda es el actual interventor de Epsas, Alfredo Ayala. El juicio perdido no solo establece el pago de la millonaria deuda, sino también el añadir un monto al pago de salarios de ahora en adelante.

Contenido

“Ley Municipal Autonómica Nº 525: Ley municipal de recuperación de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio de La Paz”, dice el título de la norma promulgada por Arias el 17 de abril de 2024. Dicha norma tiene un solo artículo, una serie de antecedentes legales y fundamentos para justificar su creación.

“Artículo único: El Órgano Ejecutivo Municipal, en el marco legal vigente debe realizar todas las acciones necesarias para dar cumplimiento al mandato constitucional de prestación de servicios básicos de agua potable y alcantarillado, para lo cual, se ejercerán las acciones necesarias ante las autoridades competentes, para cumplir los trámites y requisitos exigidos para reasumir la prestación de estos servicios, a través de Samapa, empresa creada con ese objeto”, menciona la norma promulgada por Arias.

Asimismo, el ejecutivo edil emitió un instructivo de respaldo, por medio del cual se instruye a la Dirección de Empresas y Entidades, y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la inmediata implementación de la empresa, guardando los aspectos técnicos y de logística.

No obstante haberla promulgado, la ley municipal 525 no cuenta con el respaldo del ejecutivo, que hizo varias observaciones al proyecto en su fase de revisión, pero estas no fueron atendidas por el Concejo Municipal, instancia que reenvió el documento a Arias, quien por normativa se vio obligado a promulgarla en septiembre.

“No, no la aprobamos. Es una ley absurda, la aprobaron ellos (los concejales) y por la norma se la promulgó”, afirmó el Alcalde paceño en una escueta declaración a Visión 360.

Antecedentes

En primera instancia, la norma fue promovida por el concejal Óscar Sogliano, quien no atendió los requerimientos de este medio para este artículo, por lo que solo se puede inferir que la idea de reactivar Samapa fue para mejorar el servicio de agua para los paceños; sin embargo, su proyecto no cita en concreto un beneficio para el usuario ni cómo se realizaría el relevo de las empresas.

Posteriormente, en abril, esta fue aprobada en la Comisión de Planificación y Gestión Territorial y en julio la aprobó el pleno del Concejo Municipal de La Paz. Ese fue el camino que siguió la ley antes de que Arias se viera obligado a promulgarla.

Entre los fundamentos de la norma se menciona que el más reciente informe legal de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) Nº 454/2022, del 22 de diciembre de 2022, señala que está en riesgo la provisión de agua y el mantenimiento del alcantarillado de los hogares paceños, debido a que Epsas, intervenida por el Gobierno desde hace 11 años, no ha superado las 21 observaciones que motivaron su intervención, entre las que se cuenta con los graves problemas de corrupción.

El Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Samapa) de La Paz fue creado el 20 de abril de 1966 por el Decreto Ley Nº 07597. La firma municipal operó como empresa autónoma hasta el 31 de julio de 1997, cuando los servicios de agua potable y alcantarillado pasaron a ser administrados por Aguas del Illimani SA, una firma con capitales franceses. Posteriormente, esta firma fue transferida a Epsas SA.

En 2013, tras varios escándalos de corrupción y las denuncias del mal servicio, Epsas SA perdió su licencia de funcionamiento, lo que conllevó a que sea intervenida por el gobierno de Evo Morales y quedara a cargo de AAPS. El principal argumento fue que “se puso en riesgo la continuidad del servicio a favor de la población”.

Ese año, la AAPS designó a Andrés Zegada como el primer interventor de Epsas. Un dato curioso es que Zegada es el actual gerente de Samapa, la empresa que nunca dejó de existir, pero se relegó a capitalizar sus activos.

Hasta la fecha, Epsas SA paga cerca de medio millón de dólares a Samapa, por el alquiler las represas, plantas de potabilización de agua, redes de cañerías y alcantarillado sanitario, edificios, depósitos de agua, teniendo en cuenta que las conexiones datan de hace más de 60 años, un dato relevante por ser uno de los factores por los cuales el agua que se consume en La Paz tiene concentraciones de óxido, hecho denunciado en varias ocasiones por vecinos de diferentes zonas.

Sin respuesta

“Por favor vuelva mañana a las 8.30, a esta hora (17.05) no podemos atenderlo”, “quien tendría que haber respondido es el anterior (jefe del área legal de Epsas), este es nuevo (no sabe del tema)”, “no hay audiencias (entrevistas) directas con el Interventor (de Epsas, Alfredo Ayala)”. Esas fueron las respuestas que dieron las respectivas secretarias, el día martes en la tarde, cuando Visión 360 visitó las oficinas centrales de la empresa del agua, para hacer las consultas sobre este y otros temas.

Ayala, como pasó desde que asumió ese cargo, tampoco atendió los mensajes que se le enviaron con las preguntas. No hubo respuesta alguna desde la Unidad de Comunicación de Epsas, actualmente a cargo de Ana Rosa Guzmán.

Mala administración

Para José María Herbas, consultor en temas de agua y saneamiento, la aplicación de la Ley 525, del Gobierno Municipal de La Paz, significa la creación de un segundo operador para el servicio de agua y alcantarillado, “no necesariamente con el nombre de Samapa, pero sí sobre la infraestructura de esta empresa municipal”.

Por otro lado, afirma que en el tema económico, los pasivos de Epsas SA —en los que se incluyen las deudas con los trabajadores— tendrían que ser asumidos por el Estado, es decir, que el daño económico causado por la mala administración de los interventores, en la que también están involucradas las autoridades de la AAPS y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), en estos 11 años de intervención, deberán ser pagado con dinero de todos los bolivianos, cuando se suponía que la firma era privada.

En relación con la administración del nuevo operador, y sobre cómo podría mejorar sus ingresos, está que, al ser dependiente del gobierno municipal, los nuevos funcionarios deben ser contratados o recontratados en el marco de la Ley de Estatuto del Funcionario Público.

“Con esta medida se podría liberar importantes recursos económicos para inversión en obras de agua potable y alcantarillado sanitario, debido a que, a la fecha, con el operador Epsas SA, los trabajadores están bajo la Ley General del Trabajo, razón por la cual perciben, por ejemplo, estos bonos de antigüedad”, explicó Herbas.

Sindicato exige el pago de los Bs 142 MM

El 12 de agosto, el alcalde de La Paz, Iván Arias, entregó un informe al Concejo Municipal, con las observaciones a la Ley 525. Estas no fueron atendidas y el legislativo edil devolvió el documento al burgomaestre, quien por obligación la tuvo que promulgar.
Las tres observaciones hechas por Arias señalan, en primer lugar, la Ley 525 “no cumple con lo dispuesto en el Manual de Técnica Normativa aprobado mediante Decreto Municipal Nº 0334/14 de 23 de diciembre de 2014”. El segundo punto es que la ley “omite los antecedentes normativos atingentes a la temática, lo cual generará duplicidad de normativa”. Por último, se menciona que el Órgano Ejecutivo dando cumplimiento a lo establecido mediante el artículo 29 de la Ley Municipal Autonómica Nº 007 y sus modificaciones, observa la ley sancionada, proponiendo que se la trate y reconsidere, toda vez que no tiene eficacia jurídica, porque vulnera el principio de legalidad, reitera lo que ya está establecido e incluso en conflicto en cuanto a competencias.

El Sindicato Único de Trabajadores de Agua y Saneamiento (Sutas) exige el pago de la deuda que la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas SA) tiene con ellos, por el juicio laboral que ganaron en 2023, para que se les restituya el bono de antigüedad y se pague el retroactivo de este beneficio, desde 2016, que suma, aproximadamente 142 millones de bolivianos.

El hecho es uno de los factores por los cuales Epsas SA podría ir a la quiebra técnica, debido a que la deuda representa cerca del 50% de los ingresos anuales de la empresa. Asimismo, se conoce que el pago de la deuda (parcial o total), que se tiene que cumplir de forma obligatoria, por una orden judicial ejecutoriada, no figura en el Plan Operativo Anual (POA).

Esto ha generado indignación en los miembros de este sindicato, quienes enviaron una carta al interventor de Epsas SA, Alfredo Ayala, en la que reclaman este punto. Recordemos que Ayala es uno de los 401 trabajadores que se beneficiará con el pago del beneficio.

“A más de siete meses de su gestión, vemos que usted no tiene la más mínima intención de solucionar este conflicto, que como es de su conocimiento ya es una sentencia confirmada y de cumplimiento (obligatorio), únicamente está divagando y haciendo pasar el tiempo, sus intenciones claramente no son buenas. Habiendo agotado todas las instancias de diálogo, el directorio de Sutas lo conmina a hacer la respectiva inscripción (de la deuda) en el POA 2025, (para el) pago del bono antigüedad, caso contrario nos reservamos el Derecho de actuar de acuerdo a la Ley”, señala la nota.

Observaciones del ejecutivo municipal a la Ley 525

OBSERVACIÓN. El 12 de agosto, el alcalde Iván Arias entregó un informe al Concejo Municipal, con las observaciones a la Ley 525. Las mismas no fueron atendidas y el burgomaestre se vio obligado a  promulgarla.

CONCLUSIONES. Las tres observaciones señalan, en primer lugar, que la Ley 525 “no cumple con el Manual de Técnica Normativa aprobado mediante Decreto Municipal Nº 0334/14 de 23 de diciembre de 2014”. El segundo punto es que la ley “omite los antecedentes normativos atingentes a la temática, lo cual generará duplicidad de normativa”. Por último, se menciona que el Órgano Ejecutivo dando cumplimiento a lo establecido mediante el artículo 29 de la Ley Municipal Autonómica Nº 007 y sus modificaciones, observa la ley sancionada, proponiendo se trate y considere la misma, toda vez que no tiene eficacia jurídica, siendo que vulnera el principio de legalidad, reitera lo que ya se encuentra establecido normativamente e incluso en conflicto en cuanto a competencias.