CC presenta proyecto de ley para anular artículo confiscatorio de presupuesto, en el MAS ven difícil considerarlo

Comunidad Ciudadana presentó un proyecto de Ley para derogar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, aunque el Gobierno insiste en la reglamentación y la bancada de diputados del MAS ve difícil debatir ese artículo y dejarlo sin efecto.

Los industriales y diferentes gremios empresariales y los gremiales rechazaron la vigencia de este artículo del PGE que faculta la intervención y confiscación de productos en caso de agio.

“Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación, y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”, específica el parágrafo I de la disposición adicional séptima del PGE.

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en diputados, Enrique Urquidi, informó que el jueves se presentó un proyecto de ley con un artículo único que deroga y deja sin efecto la disposición adicional séptima del PGE. El diputado Carlos Alarcón fue el encargado de enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto normativo.

Señaló que cuando se conoció el contenido del PGE, se le hizo notar a la bancada del MAS y al Gobierno que este era un artículo abusivo, que iba a generar inseguridad.

Es en esa línea y más allá de que el PGE no haya pasado por la aprobación de la Asamblea, explicó que eso no impide que se pueda viabilizar el tratamiento de este proyecto de ley para derogar esta disposición adicional séptima.

“Creemos que la manera más rápida y seria de desactivar el conflicto que se ha desatado es que se admita que fue un error incluir esta disposición en el PGE. Esperamos la sensatez y sentido común del Gobierno, porque lo importante es dar certidumbre”, precisó.

El proyecto de ley, dijo, debe ser derivado a la Comisión de Planificación y Economía Plural, aunque está claro que, si hubiese voluntad política, podría ser tratado con dispensación de trámite y se debe esperar la posición del Gobierno para viabilizar el tratamiento y de esa manera evitar mayores conflictos.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, el jueves declaró a la red Unitel, que desde el Ejecutivo no se tiene la atribución de anular este punto de la ley.

“No se puede atender el pedido de anular, derogar, eliminar o de modificar, porque esa no es una competencia del Ejecutivo, esa es una competencia del Legislativo, no es que no queramos atender; el presidente Luis Arce no tiene atribuciones para derogar, eliminar una ley, esto es competencia exclusiva del Legislativo”, precisó.

El diputado del MAS, José Huanca, recordó que el PGE entró en vigencia por fuerza de Ley, pero señaló que, con la inclusión de este artículo, el Estado solo busca regular y que priorice el abastecimiento del mercado interno y se evite el agio y la especulación, pero es difícil volver a considerar la Ley.

“Cómo puede ser que nos falte aceite, sólo se busca precautelar la alimentación que es fundamental para la población y que no haya agio ni especulación, ese es el espíritu de la disposición. Ahora volver a considerar el PGE, tendría que existir voluntad política del Legislativo”, subrayó.

Señaló que son 36 senadores, 130 diputados y hay que mover esa locomotora para reconsiderar este artículo del PGE. “Nada está escrito en piedra, pero veo complicado reconsiderar esta situación porque el PGE ya entró en vigencia el 1 de enero”, recalcó Huanca.

La diputada de Creemos, María René Álvarez, sostuvo que para dejar sin efecto la disposición adicional séptima, se tendría que debatir una nueva Ley Financial, pero se debe recordar que fue el Órgano Ejecutivo el que apeló a la estrategia de dilatar el debate y así pase el tiempo y el PGE no se analice en la Asamblea Legislativa.

“El Gobierno quiere destruir a los empresarios, y todo lo que tiene que ver con el libre comercio y mercado, la esencia del MAS, del comunismo es expropiar. La estrategia del MAS es anular la labor legislativa”, puntualizó.

La disposición del PGE es rechazada por industriales, empresarios y gremiales que exigen la derogación inmediata.