Proponen un plan de estabilización con reducción del déficit, eliminación de subvención y promoción de exportaciones

Bolivia atraviesa una severa crisis económica con inflación y otros problemas, frente a lo cual la Fundación Milenio, presentó un diagnóstico y una propuesta que se centra en estabilizar la economía mediante la reducción del déficit fiscal, el impulso a una reforma tributaria y el retiro gradual del subsidio a los combustibles con compensaciones directas y otras medidas.

“Plan Bicentenario para vencer la crisis y construir el futuro” es el documento elaborado por la entidad y que incluye un plan de estabilización, el impulso a las exportaciones, desarrollo humano, sostenibilidad ambiental y gobernabilidad democrática.

Según Milenio, Bolivia llega a su Bicentenario con el ánimo marcado por la incertidumbre. Tras una década de déficits fiscales que vaciaron las reservas internacionales y dispararon la inflación, el país padece escasez de combustibles, carece de dólares para importar insumos básicos y observa cómo la actividad económica y el empleo formal retroceden.

Esa debilidad económica convive con servicios públicos rezagados, una deforestación que bate récords y un sistema político polarizado y fragmentado que erosiona la confianza en la política y las instituciones. A ello se suman servicios públicos rezagados, deforestación acelerada y un sistema político fragmentado.

El calendario de implementación del plan abarca un quinquenio. La primera etapa planteada por Milenio se centra en estabilizar la economía mediante una reducción del déficit fiscal, reforma tributaria, retiro gradual del subsidio a los combustibles con compensaciones directas, unificación cambiaria, régimen de tipo de cambio flexible, autonomía del Banco Central y fortalecimiento del sistema financiero.

Prevé también el respaldo internacional por 3.400 millones de dólares para recomponer reservas y contener la inflación.

Afirma que el primer paso para salir del túnel es reordenar la economía. El Plan Bicentenario, en su componente de estabilización, contempla políticas para reducir el abultado déficit fiscal y sanear las finanzas públicas, realizar una corrección ordenada del tipo de cambio, asegurar la solvencia del sistema financiero y avanzar en una reforma tributaria.

Se plantea recortar el gasto corriente del Estado, racionalizar la administración pública, redimensionar y sanear las empresas públicas, focalizar la Renta Dignidad en los adultos mayores de menores ingresos y, sobre todo, desmontar gradualmente el subsidio a los combustibles, hoy equivalente a más del 11% del PIB.

Para que la transición no castigue a las familias de bajos recursos, han previsto dentro del plan una compensación directa en efectivo mientras suben los precios de la gasolina y el diésel. Paralelamente, el Banco Central recuperaría independencia y pasaría a administrar un tipo de cambio flexible con la ayuda de un mercado bursátil de divisas, según la Fundación.

“Un respaldo financiero puente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), estimado en 2.600 millones de dólares, de libre disponibilidad (que podría escalar a 3.840 millones de dólares, con otros créditos de organismos internacionales), permitiría recomponer reservas y contener la inflación, proyectada en alrededor de 3% a partir del segundo año de ejecución del Programa de Estabilización Económica”, sostiene Milenio.

La propuesta también prevé que se gestionen las leyes sectoriales y se remodelan las instituciones, sentando las bases para que la inversión productiva y la revolución exportadora puedan despegar; se extiende la cobertura médica y educativa, se digitalizan los servicios y se desburocratiza la administración pública.

En el mediano plazo, las instituciones fortalecidas y los avances palpables en empleo, precios y servicios, se traducirían, de acuerdo con Milenio, en la recuperación de confianza, estabilidad social y gobernabilidad, que consolidan un clima de cohesión social y convergencia de los bolivianos en torno a un proyecto de desarrollo nacional

“El Plan parte del reconocimiento de que los problemas económicos, sociales, ambientales y políticos están interconectados. Por eso plantea una respuesta articulada en cinco frentes: estabilización económica, impulso a las exportaciones, desarrollo humano, sostenibilidad ambiental y gobernabilidad democrática”, afirmó Henry Oporto, director ejecutivo de Milenio.

Sobre esa base, el Plan propone una transformación productiva orientada a las exportaciones. Bolivia cuenta con recursos demandados por los mercados globales. Se plantea atraer inversión privada con nuevas leyes, reglas claras y acuerdos comerciales. Se espera que las exportaciones alcancen el 33% del PIB en seis años.

En desarrollo humano, incluyen reformas en salud (con cobertura universal y financiamiento por resultados), educación (con evaluación de aprendizajes según estándares internacionales), mejora de pensiones mediante mayor rentabilidad de los fondos, protección social focalizada y una estrategia contra la violencia de género.

En el ámbito ambiental, el Plan promueve la transición energética, con eliminación del subsidio a los combustibles fósiles, fomento a energías renovables, transporte eléctrico y manejo sostenible de bosques. También contempla bonos de carbono y control del uso de mercurio en minería.

En gobernabilidad, propone recuperar la independencia judicial, profesionalizar la administración pública, modernizar la Policía, fortalecer las autonomías y facilitar reformas legales y constitucionales para mejorar la gestión del Estado y atraer inversión.

“La implementación está prevista en cinco años. En la primera fase se aplican medidas de estabilización y reformas básicas; en la segunda, se proyecta un repunte del crecimiento, con inversión privada estimada en 6.500 millones de dólares, más empleo y mayores ingresos”, señaló Oporto.

Si bien, en un primer momento, se registraría una contracción de la actividad económica, en los años siguientes la economía se recuperaría y retomaría una senda de crecimiento, con la inyección de nuevas inversiones privadas de aproximadamente 6.500 millones de dólares en un quinquenio, según los cálculos de la institución. “Con ello, el crecimiento tendería a estabilizarse en torno a una tasa de 3.5% del PIB, incrementándose la creación de riqueza, con impactos sobre la calidad de los empleos y los ingresos de la población”, subraya Milenio.

El programa de estabilización, apunta a corregir los equilibrios macroeconómicos; sanear las finanzas públicas; evitar un ajuste desordenado y caótico de la economía; afrontar el agudo desabastecimiento de combustibles y los problemas de inseguridad energética.

El programa contempla la inyección de recursos financieros para aliviar la crónica escasez de reservas y divisas, y otras medidas para normalizar el suministro de combustibles. Finalmente, busca crear condiciones para reactivar las actividades económicas y productivas, y para sentar los fundamentos de un proceso de crecimiento sostenido y sostenible.

“El Plan no ofrece soluciones mágicas, pero sí un horizonte claro y un camino de transformaciones que Bolivia debe emprender. Esperamos que esta propuesta alimente un debate informado, y que el cambio político que se perfila se apoye en ideas sólidas y herramientas viables para los responsables de tomar decisiones”, aclaró Oporto.

El diagnóstico

La Fundación Milenio afirma que el aparato de Estado y la burocracia tuvieron un crecimiento exorbitante. Se estima que en el sector público trabaja más de medio millón de funcionarios, una parte de los cuales no justifica su contratación, siendo un empleo redundante e ineficiente. Este crecimiento ha respondido más a una lógica de clientelismo y prebendalismo político que a la necesidad de proveer mejores servicios públicos.

Lo propio ocurre, señala, con la proliferación de empresas estatales y oficinas descentralizadas del gobierno nacional. De hecho, muchas empresas son deficitarias, reportan una pérdida global de 4.503 millones de bolivianos, que equivale a un monto anual de 646 millones de dólares.

De otro lado, existen al menos 21 entidades descentralizadas, muchas de las cuales no justifican su existencia ni las funciones que les asignaron. Todo ello supone una carga muy pesada para el erario público.

La reforma del Poder Ejecutivo puede significar un importante ahorro de gasto corriente, estimado en 2.834 millones de bolivianos anuales (0.9% del PIB).

Tratándose de las empresas estatales, lo que se impone, según Milenio, es proceder a una evaluación técnica, administrativa y financiera, y, con base en sus resultados, tomar las decisiones convenientes. Las empresas deben ser rentables, de lo contrario no tienen razón de ser. Todas, sin excepción, deben financiar o refinanciar su inversión en el mercado financiero, y dejar de depender de créditos del BCB.

Las empresas no rentables tendrían que ser cerradas o transferidas a sus trabajadores o al sector privado. Las grandes empresas deben pasar por procesos de reestructuración y reingeniería institucional. Todo ello arrojaría resultados positivos en términos de contracción de gastos innecesarios y puestos de trabajo superfluos.

En cuanto a las entidades descentralizadas del Ejecutivo, un esfuerzo de ajuste de funciones y recorte de gastos, previa una evaluación de estas, podría dar lugar a una reducción cercana a 3.765 millones de bolivianos anuales (1.2% del PIB).

Como resultado de todas esas medidas, se estima poder lograr una reducción de 19.125 puestos de trabajo, perfectamente prescindibles, tanto en el gobierno como en las empresas y entidades descentralizadas. Ello reportaría un ahorro de 1.685 millones de bolivianos anuales (242 millones de dólares), equivalentes al 0,5% del PIB.

Subvención 

La estrategia que propone Milenio para levantar los subsidios tiene dos partes. La primera, que la medida se aplique gradualmente, con incrementos sucesivos de los precios: así, por ejemplo, si se partiera del valor actual de 3,74 bolivianos por litro, los precios se ajustarían cada mes, en un valor de 32 centavos hasta llegar a 11,10 en dos años. En segundo lugar, el Gobierno debe dar una compensación de dinero a los segmentos socioeconómicos más deprimidos y vulnerables; esta transferencia se haría efectiva de inmediato, mientras los precios van subiendo progresivamente, hasta equiparar los precios internacionales. Lo cual podría lograrse en el término de 24 meses. 

El costo fiscal anual de la compensación a las familias se estima en 311 millones de dólares. Como referencia, el año 2023 las transferencias recibidas por YPFB del gobierno fueron de 1.788 millones de dólares aproximadamente.

En consecuencia, con alta probabilidad el cambio de un subsidio indirecto (a través de precios) por uno directo (transferencias en dinero) reportará un ahorro fiscal sustancial. El resultado fiscal esperado, que se estima podría llegar a un monto de 1.477 millones de dólares (3,2% del PIB).