El último fallo en favor de Añez le ayuda a encausar sus procesos hacia un juicio de responsabilidades
Debido a que el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Cuarto de El Alto se declaró incompetente para procesar a la ex presidenta Jeanine Añez por la represión de 2019 que derivó en la muerte de varias personas, y derivó el mismo a la Asamblea Plurinacional la decisión de aprobar o no un juicio de responsabilidades, los procesos que se instalaron contra la ex presidenta, incluso aquel ya que tiene sentencia, puedan ser suspendidos bajo el mismo argumento.
El juez consideró que a Añez le corresponde juicio de responsabilidades por su calidad de expresidenta, lo que significa que, para procesarla, más de dos tercios de la Asamblea Plurinacional debe aprobar el juicio en su contra. Además, sienta jurisprudencia para que el resto de los procesos sigan este camino.
“Respecto a la situación procesal de los acusados se dispone lo siguiente: se deja sin efecto las medidas cautelares de carácter real, carácter personal, en consecuencia, se dispone expedir el mandamiento de libertad de todas las personas que guardan detención preventiva en los recintos penitenciarios y así como domiciliarios”, señaló el juez David Kasa durante la audiencia.
Al respecto, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, llamó a una conferencia de prensa para recordar los procesos y dijo que las investigaciones y las recomendaciones de expertos internacionales “han permitido llegar a la acusación de los responsables” en referencia a Añez y a sus colaboradores, y que, en su comento, “tanto el Ministerio Público como el Órgano Judicial, han realizado y han tramitado estos procesos, que han sido decididos por el Órgano Judicial y el Ministerio Público, en su comento, en relación a la sentencia y por las vías que ellos han determinado que sean pertinentes”.
Acotó, que el Órgano Ejecutivo es respetuoso de las decisiones que tomen el Órgano Judicial y el Ministerio Público.
Por su parte, el abogado de las víctimas de Senkata, Aldo Michel, en una entrevista en Bolivia Tv, dijo que es una “decisión aberrante, que viola la norma y que está fuera de la consideración que se debe tener”, ya que el proceso habría pasado por tres salas en años anteriores y que “corresponde un proceso por vía ordinaria y penal”.
“Este proceso ya se ha vencido, sea esperado, se ha respondido, debida y jurídicamente”, reclamó el abogado.
Revisión
Según un repaso realizado por Visión 360, algunos casos en contra de Añez son: Golpe de Estado I, por terrorismo, sedición y conspiración; EBA por designación ilegal de una autoridad en la Empresa Boliviana de Alimentos; Senkata, por genocidio, tentativa y asesinato en los conflictos de 2019; Sacaba, por los mismos delitos perpetrados en el municipio cochabambino; venta irregular de Jet Fuel A-1 en 2020; préstamo de 327,7 millones de dólares de un organismo internacional para enfrentar la pandemia del covid.
La situación se da, después que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara la revisión de los plazos procesales en los casos que involucran a Añez, así como a otros líderes políticos, incluyendo a Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.
"No me niego a la justica. Por el contrario", señaló Áñez el lunes en su cuenta de X y agregó que respondería "un juicio de responsabilidades, donde se presenta una investigación seria y con pruebas verdaderas, sin injerencia ni persecución política".
La ex mandataria fue aprehendida en marzo de 2021 en su casa, en el departamento de Beni.
Según abogado, Luis Guillén, debido a estos múltiples procesos, Añez es víctima de una “persecución sistemática”, a pesar de que no habría “materia delictiva” en ningún caso, hecho por el que no avanzan.
“Son nueve procesos porque estamos hablando de una persecución sistemática que se ha realizado en contra de la expresidenta, una persecución por parte del Órgano Ejecutivo con una clara intromisión en la actuación de la Justicia porque nosotros, como defensa, hemos revisado esos procesos y evidentemente pues tampoco existe materia delictiva”, sostuvo hoy Guillen en una entrevista con Unitel.
Recursos
El 22 de junio de 2022, Añez fue condenada a 10 años de cárcel por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, por haber asumido la presidencia tras la renuncia pública del ex presidente, Evo Morales, y las presidentas de las cámaras de diputados y de senadores.
Su defensa ha presentado un recurso de revisión extraordinaria de esta sentencia, argumentando que es nula debido a la falta de competencia de las autoridades judiciales que la emitieron.
En los otros procesos, según Guillén, se han presentado más de cien recursos por múltiples vulneraciones al proceso, entre ellos por el incumplimiento de los plazos procesales en los períodos de detención de Añez, y en demando de consideraciones por su salud.