Bolivia – Chile: Fronteras sin cooperación, el mejor aliado del crimen organizado
Una frontera no es solo una línea que delimita la soberanía de los Estados, sino también un signo de diferenciación en aspectos principalmente económicos y sociales, pues cada país, en el marco de su soberanía, se rige por sus propias normas jurídicas y modelos económicos, ajustados a sus respectivas realidades nacionales.
En este contexto, surgen situaciones como diferencias cambiarias o de tasas de interés, mayores o menores oportunidades de empleo (especialmente por la demanda de mano de obra estacional), distintos niveles salariales, excedentes o insuficiencias de productos, así como precios diferenciados de bienes. Estas condiciones generan dinámicos movimientos de personas, mercancías y capitales, actividades que en su mayoría son lícitas y contribuyen a la complementariedad de los Estados y a la satisfacción de necesidades recíprocas.
Sin embargo, también existen actividades ilícitas como el contrabando, la trata y el tráfico de personas, el tráfico de armas, el narcotráfico y otros delitos que producen efectos desestabilizadores en la seguridad interna y, en casos graves, constituyen amenazas directas a la seguridad de un Estado. Son los denominados ilícitos transnacionales.
En ese marco, resulta evidente que no puede existir un control fronterizo efectivo sin acciones cooperativas entre Estados colindantes, ya que la frontera es, simultáneamente, la puerta de salida para un país y la de entrada para el otro. Por ello, las labores de control deben ser coordinadas y más estrechas cuanto mayor sea el grado de interdependencia e interrelación entre los Estados. Dichas acciones, además, deben realizarse en armonía y en cumplimiento de los principios jurídicos internacionales de cooperación y buena vecindad, a fin de garantizar la seguridad de la sociedad civil de los países vecinos, que constituye el bien mayor que todos los Estados están obligados a proteger.
La adopción de medidas unilaterales, aisladas o circunstanciales en materia de vigilancia y control fronterizo son insuficientes, y la improvisación no tiene cabida. Por el contrario, se requieren acciones conjuntas, debidamente planificadas, reguladas y difundidas, capaces de otorgar certidumbre a los ciudadanos que transitan por las fronteras y de asegurar la efectividad del control.
En consecuencia, la concreción de acuerdos bilaterales —o incluso regionales, si fuera posible— se convierte en un elemento necesario, clave e indispensable para la coordinación política y operativa. Debe tenerse presente que los delitos transnacionales no tienen nacionalidad, no reconocen fronteras, se desarrollan con características similares en ambos lados y afectan de manera negativa a los dos países. La inacción de uno repercute inevitablemente en el otro, beneficiando al crimen organizado, que aprovecha las fisuras de un control fragmentado.
Esta cooperación debe ser establecida mediante un acuerdo marco, desarrollado posteriormente a través de acuerdos interinstitucionales y protocolos de actuación que articulen la cooperación en tres niveles:
- Cooperación estratégica, orientada a crear estructuras permanentes de coordinación en la gestión de fronteras: alineamiento de políticas, intercambio de información e inteligencia, investigaciones conjuntas, canales de consulta recíproca y medidas de fomento de la confianza mutua.
- Cooperación operacional, dirigida a homogeneizar procedimientos de control en ambos lados: planificación conjunta de operativos, compatibilidad de medios, intercambio de información para la toma de decisiones y programas de capacitación conjunta.
- Cooperación táctica, enfocada en la respuesta coordinada en tiempo real en sectores específicos de la frontera, independientemente del lado en que se ubiquen los medios de control.
En síntesis, la seguridad fronteriza y el combate al crimen organizado transnacional no puede descansar en acciones unilaterales. Se requiere cooperación estrecha, confianza recíproca y mecanismos permanentes de coordinación. Solo así será posible enfrentar de manera eficaz los ilícitos transnacionales que hoy socavan la seguridad, la economía y la estabilidad social de los países.
La pasada semana, lamentablemente, fuimos testigos de reproches recíprocos entre autoridades bolivianas y chilenas por la desidia en el control fronterizo, sin reconocer que la responsabilidad es compartida. Si la frontera binacional, preocupantemente tiende a convertirse en una “tierra de nadie”, es consecuencia de la negligencia y la escasa cooperación entre las instituciones gubernamentales de ambos países.
Algunos, desde su miopía o interés encubierto, proponen “normalizar las relaciones bilaterales”, entendiendo ello como el restablecimiento de embajadores. Según ellos, es la fórmula mágica capaz de solucionar todos los problemas, y el principio y fin para resolver décadas de desencuentros. Sin embargo, la verdadera normalización no consiste en gestos protocolarios, o abrazos entre embajadores llenos de afecto, sino en asumir que la buena vecindad es responsabilidad compartida, que los problemas de unos deben ser resueltos a través de empatía.
Persistir en la retórica de “golpear la mesa” no solo es un error estratégico, sino también un síntoma de incapacidad, porqué en el siglo XXI hay que poner énfasis en la razón y desterrar, de una vez por todas, la fuerza.