Pesquisas
El Gobierno anuncia un informe sobre el “esquema millonario de corrupción” en Emapa
En medio del conflicto con los panificadores, que dieron un ultimátum al Gobierno para solucionar el tema de la harina subvencionada, la vocera presidencial, Carla Faval, anunció este lunes que el Ejecutivo presentará un “informe completo del millonario esquema de corrupción” en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
“El tema del pan es una preocupación legítima para todas las familias. Este martes, presentaremos un informe completo sobre la situación de Emapa y el esquema millonario de corrupción que involucra a exfuncionarios, empresarios y transportistas”, indicó la vocera, en su conferencia de prensa semanal.
“También se conocerá la forma de trabajo a partir de la fecha: no permitiremos especulación con el alimento básico de la población”, añadió Faval.
Tras un ampliado que se desarrolló el sábado entre panificadores de La Paz, El Alto y provincias, el sector anunció que se fijó el precio del pan en 1 boliviano, el cual comenzará a estar vigente desde el próximo jueves, en caso de no recibir una respuesta positiva por parte del Gobierno hasta el miércoles.
“Se ha determinado dar un ultimátum al Gobierno para solucionar este nuestro tema, como es la entrega de harina, el desfase que existe”, explicó Fernando Chambi, dirigente de la Federación de Panificadores de La Paz, al concluir el ampliado del sector.
El plazo
El pasado miércoles, tras una reunión con la Confederación Nacional de Panificadores y Artesanos de Bolivia, el Gobierno solicitó una semana de plazo para evaluar y dar una respuesta al sector sobre la subvención de harina.
El 12 de noviembre, el Ejecutivo ordenó la intervención de Emapa por presuntos indicios de corrupción. El exgerente de esa empresa estatal, Franklin Flores, fue aprehendido a fines de septiembre por presuntas irregularidades en el proyecto de una planta de papa. Anteriormente, el fiscal del caso explicó que se indagaban movimientos económicos sospechosos del exgerente.
La investigación se abrió por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito.