Recursos
El presidente denuncia que "no hay" los aportes en la Gestora: "se los gastaron"
El presidente Rodrigo Paz afirmó este lunes que la Gestora Pública de la Seguridad no cuenta con los aportes que millones de bolivianos depositan cada mes para su futura jubilación y adelantó que se hará una reorganización de la entidad, que administra los fondos tras la desaparición de las AFP privadas.
“No hay sus aportes en la Gestora, se los gastaron. ¿Voy a decir que hay los aportes? No, no hay los aportes. Entonces, hay que reorganizar la Gestora para garantizar los recursos de quienes hemos aportado, como yo”, declaró Paz en una conferencia de prensa en la que anunció la suspensión de visados para ciudadanos de Estados Unidos, Israel y otros países.
“Tenemos que hablar con la verdad, con cifras reales de lo que ha ocurrido, porque la mentira de casi 100 mil millones de dólares desaparecidos, entre el despilfarro del MAS, más 40 mil millones en deuda interna y externa, hace que este presidente tenga que ser claro, puntual y de frente con los hechos que estamos intentando cambiar”, añadió el mandatario.
Previo al anuncio, el jefe de Estado sostuvo que su administración se basará “en la verdad” y criticó que anteriores gobiernos hayan despilfarrado recursos. Además, agregó que se requiere una cifra millonaria para cumplir con obligaciones estatales como salarios y otros.
Proceso por aportes
El pasado 12 de noviembre, el dirigente de la Confederación de Jubilados de Bolivia, Rodolfo Ayala, anunció que interpondrán una demanda contra el expresidente Luis Arce, el exministro de Economía, Marcelo Montenegro, y contra la directora de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), María Esther Cruz, por el mal manejo de los ahorros de los trabajadores en la Gestora Pública.
Según el dirigente, el exgerente de la Gestora, Jaime Durán, renunció a su cargo “porque Arce le pidió plata para pagar cuentas del Gobierno”. El exfuncionario, no obstante, sostuvo que dimitió por motivos “estrictamente personales”.
Ayala sostiene que el Estado le debe a la Gestora 40 millones de dólares.